Primero, lo importante. Cerca de 300 empresas industriales podrían parar en los próximos días por falta de insumos. La estrategia de Sergio Massa consiste en paralizar la economía a cambio de juntar dólares en el Banco Central, si es que hay dólares ahí. Ya pararon empresas textiles y automotrices, pero las próximas podrían arrastrar a segmentos enteros de la industria. Y la parálisis de algunas, como las de alimentos, significará la escasez de productos imprescindibles para la vida cotidiana de la sociedad. El Gobierno lo sabe. No hace nada. Todo es poco, siempre, y todo es demasiado tarde. Al mismo tiempo, los funcionarios nacionales les autorizaron a los Moyano el aumento salarial más importante que registra la historia desde el Rodrigazo, en 1975. ¿Comenzó ahora otro Rodrigazo, que terminó hace casi medio siglo con el ajuste más grande y desordenado de la economía que se recuerde?
La satelital inflación es el problema, es cierto, pero podrían haber explorado una experiencia parecida a la de Roberto Lavagna después de 2001. Un acuerdo transitorio con los empresarios para que moderen los precios, y aumentos periódicos con sumas fijas para los trabajadores. Moyano logró con un solo párrafo cambiar cualquier plan de Massa, de Alberto Fernández y hasta de Cristina Kirchner. Amenazó con que si no había acuerdo con su sindicato el país comenzaría a pararse, por la huelga de los camioneros, a partir de mañana. Horas más tarde, el poderoso líder camionero tenía en sus manos el acuerdo firmado. Ya había conseguido que se exceptuara del impuesto a las ganancias a parte del salario de los camioneros. Es justo aplicarle ese impuesto a la totalidad de los salarios de los jueces y es justo, al mismo tiempo, exceptuar de ese mismo impuesto a los afiliados del sindicato de los Moyano. El poder de Moyano es poder en serio.
La derrota del cristinismo en su intento de imponerles un impuesto a los jueces, cuyos salarios están protegidos por la Constitución, fue memorable. Creía que estaba cerca de la victoria, y terminó muy lejos de ella. Nadie notó una gestión sutil y determinante para resguardar el salario de los magistrados. Fue la que realizó la Corte Suprema. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el trípode sobre el que se asienta ahora el poder del máximo tribunal, hablaron personalmente con varios diputados nacionales para convencerlos de que dejaran caer ese artículo incorporado al presupuesto por un oficialismo que lo hizo caminando en la oscuridad y en puntas de pie, como un salteador nocturno.
A pesar de todo, el kirchnerismo gobernante eligió preocuparse por lo que menos le importa a la sociedad. Saldada de manera perdidosa la disputa por el salario de los jueces, se metió de lleno en el proyecto para eliminar las primarias obligatorias y simultáneas, una creación de Néstor Kirchner, llevada a la práctica por la entonces presidenta Cristina Kirchner, para condicionar a la oposición. La eliminación de ahora tiene el mismo propósito, aunque parezca contradictorio. El peronismo se viste de amianto frente a la contradicción. El problema del oficialismo es que no cuenta, por ahora, ni siquiera con todos los votos propios. Los sindicatos y los movimientos sociales con representación legislativa están más cerca de Alberto Fernández, quien se pronunció en contra del cambio de reglas electorales tan cerca de las elecciones. Falta saber si el Presidente será consecuente con una idea, por una vez al menos, si se colocará, en fin, como escudo de los cánones democráticos frente al autoritarismo de su vicepresidenta. Es el único legado que podría dejar un presidente sin legado.
En cambio, si Cristina Kirchner lograra unificar el peronismo en favor de la eliminación de las PASO, la decisión última quedará en manos del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Javier Milei. Legisladores de Schiaretti anticiparon que votarán para suspender las primarias porque son muy costosas. Puro pretexto. Hay cosas en el país de las extravagancias más costosas que cumplir con la ley. Córdoba tiene las PASO en su Constitución (producto de una reforma en tiempos de José Manuel de la Sota, padrino político y mentor de Schiaretti), pero nunca se reglamentaron; no hay primarias, por lo tanto. Schiaretti es un dirigente que está en condiciones intelectuales de discernir entre las cuestiones locales y su responsabilidad nacional. De hecho, algunos aliados de su bloque en la Cámara de Diputados votarán en contra de esa eliminación. Lo harán Florencio Randazzo y los seguidores de Lavagna. A su vez, Milei tiene que decidir si va a seguir con las actitudes testimoniales, que a veces no sirven de nada o sirven para sumarle más impuestos a la sociedad, o si actuará como un dirigente que respeta las instituciones y la legalidad. Entre Schiaretti y Milei suman seis diputados decisivos para los 129 que necesita el oficialismo.
Por su parte, Juntos por el Cambio encontrará seguramente una manera para ir a las elecciones con una fórmula unificada. El plan B, que viene proponiendo Mario Negri para el caso de la eliminación de las PASO. ¿Quién imagina a un partido de la coalición opositora quebrando esa alianza opositora para correr solo su propia suerte? Nadie. Más allá de las infinitas trifulcas internas, a ninguno de sus dirigentes se los escuchó nunca hablar de ruptura. Pero es el peronismo el que podría quebrarse si la única opción fuera acatar la lapicera de Cristina Kirchner y los caprichos de La Cámpora. La Cristina de hoy no es la de 2019, cuando estaba en condiciones de imponer un candidato a presidente y de llenar con gente propia las listas de candidatos a legisladores. No es la jefa de la oposición (ni lo son los camporistas) de un gobierno cuyo resultado es peor que malo. Sus ahijados políticos custodian las cajas más importantes del Estado (la Anses, el PAMI, Aerolíneas Argentinas, YPF, la AFIP, entre otros). Decir que son opositores en tales condiciones es otra batalla perdida con la verdad.
En ese contexto, el cristinismo concretó una operación judicial, armada a todas luces, para culpar a sus opositores del atentado fallido contra la vicepresidenta. Lo señalaron al diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, que milita cerca de Patricia Bullrich, por una reunión en un café, cuya conversación alguien escuchó a increíbles cinco metros y denunció mucho tiempo después. Ni siquiera los mensajes de WhatsApp reúnen las condiciones de los mensajes verdaderos. El problema es que la Justicia y las fuerzas policiales que investigan ese hecho potencialmente trágico no encuentran, cuando buscan a los culpables, nada más que a un grupo de lúmpenes sociales, de marginales políticos sin conexión con nada ni con nadie.
¿Cómo? ¿Puede aceptar Cristina Kirchner esa pobreza criminal? ¿No es necesario, acaso, que hayan complotado Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta con el apoyo de un poderoso engranaje internacional para terminar con su vida? ¿Son solo “los copitos”, tan poca cosa, los que llegaron a centímetros de ella? La vicepresidenta no puede creer que el atentado haya sido urdido por una banda sin calidad ni prestancia. La desmerece el único hecho contrastable. Entre averiguar sobre la eficacia de su custodia (la cuidan más de 100 policías) y armar acusaciones indemostrables e inverosímiles contra sus opositores, prefiere esto último. Sin embargo, culpar al voleo coloca al país muy cerca de una tragedia cierta. Siempre habrá fanáticos dispuestos a vengarse de una gran conspiración que nunca existió.
Solo en ese país desopilante puede aparecer un empresario descalificando la causa de los cuadernos solo porque una pericia caligráfica señaló que hubo algunos, pocos, cambios de tinta y de caligrafía. Esos cuadernos, escritos por el chofer Oscar Centeno, se llenaron a lo largo de diez años. Es lógico que haya modificaciones en el color de la tinta y hasta en la caligrafía. El empresario es Armando Loson, dueño de la empresa Albanesi, quien en su momento confesó ante el juez y los fiscales, con numerosos y precisos detalles, cómo les pagaba sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Ahora quiere borrar lo que dijo con una pericia parcial, que, encima, confirmó que los cuadernos fueron escritos por Centeno. La causa de los cuadernos, iniciada por el trabajo del periodista Diego Cabot en LA NACION, es la mayor investigación periodística y judicial sobre la corrupción del kirchnerismo.
Rescatemos lo importante en un país cuyos dirigentes confunden siempre la insignificancia con lo fundamental.
