La causa que investiga el escrache a Cristina Kirchner, con afiches que la tildaban de “asesina” por la falta de vacunas, sigue saltando de juzgado en juzgado. En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompente y pidió que intervenga la Corte Suprema.
La pegatina contra la vicepresidenta ya pasó por tres juzgados. Una de las denuncias le tocó a Casanello, pero rápidamente sostuvo que no era competencia de la justicia federal. Entonces avanzaron otras dos causas en la justicia porteña y en la justicia penal ordinaria.
A fines de agosto, luego de que Cristina Kirchner pidió ser querellante, el juez Manuel De Campos, que sólo se había concentrado sobre la pista de una “jubilada” de Recoleta, también se declaró incompetente, por lo que intervino la Cámara Criminal y Correccional.
Ese tribunal sostuvo esta semana que la causa debe investigarse en Comodoro Py. “Los sucesos pesquisados se vinculan con el entorpecimiento del ejercicio de la función de la querellante”, dijo la sala VII.
Cuando la investigación parecía encaminarse, Casanello otra vez rechazó la causa. “Habré de mantener el criterio oportunamente sostenido en cuanto a la incompetencia de este Juzgado en razón de la materia respecto de los hechos aquí investigados y, en consecuencia, trabar contienda y remitir el correspondiente incidente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva el caso”, sostuvo el juez en una breve resolución. Mientras tanto, la causa quedará en manos de la fiscal federal Alejandra Mangano.
La decisión no cayó bien cerca de la vice. “Cuando no le arman causas para perseguirla y es víctima le deniegan justicia”, se quejó anoche el diputado Leopoldo Moreau.
Los afiches contra Cristina Kirchner aparecieron en distintas avenidas de la Ciudad en la madrugada del 28 de marzo. La acusaban de “asesina” y de ser “culpable de 35.000 muertes”. Rápidamente, el presidente Alberto Fernández salió a condenar el “escrache” en sus redes sociales y se abrieron tres causas judiciales. Aunque pasaron más de siete meses, todavía no se pudo determinar quién fue el autor ideológico.
La causa que tramitaba en la justicia penal ordinaria, iniciada a partir de una denuncia de Enrique “Pepe” Albistur, el publicista amigo de Alberto Fernández, tuvo escasos avances. No se llegó a peritar el teléfono ni la computadora aportada por Lilian Melhem (61), la mujer de Recoleta acusada de haber pagado los afiches. Tampoco se pidió información sobre el mail que utilizaba la misteriosa mujer que se comunicaba con la imprenta.
El juez De Campos rechazó en varias oportunidades indagar a Melhem y se negó a ordenar varias medidas de prueba que le había solicitando de manera insistente el fiscal Leonel Gómez Barbella.
En otro expediente paralelo, a cargo del fiscal porteño Mauro Tereszko, se comprobó que los llamados entre la mujer y un empleado de la imprenta empezaron el 4 de marzo, 24 días antes de la pegatina. “Dice que es un partido político y es medio picante lo que quiere”, dijo un directivo de la imprenta en un chat interno.
Aunque los llamados provenían de un número desconocido, la empresa Telecom reveló que se hicieron desde un teléfono fijo registrado en la avenida Alvear al 1600, a pocas cuadras del domicilio de la vicepresidenta. Melhem no vivía en ese domicilio. Además, su voz tampoco coincide con los mensajes de audio que aportó el empleado de la imprenta.
Hasta ahora, el hecho se investigaba como una intimidación pública, de la cual la vicepresidenta no era una víctima directa. Sin embargo, la Cámara del Crimen equiparó el caso de los afiches a una amenaza de bomba en el domicilio de Cristina Kirchner. Y hasta habló de atentado.
“De las constancias reunidas, es posible inferir que la maniobra investigada se halla vinculada a una persona que encomendó la colocación de afiches con el objeto de conmocionar e influir en la opinión pública y a la sociedad en general, con relación a la autoridad mencionada, de modo que no existen hesitaciones en torno a que la finalidad de la conducta descripta era la de atentar contra la señora Vicepresidenta y su función en el Gobierno Nacional”, sostuvo el camarista Mariano Scotto.
Ese fallo dejó la puerta abierta a una posible unificación con otros expedientes como el que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti contra “la banda de los copitos” o el que está a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi por el financiamiento a la agrupación Revolución Federal.
De hecho, el abogado de la vicepresidenta en la causa de los afiches, Gregorio Dalbón, no descarta pedir la unificación con otros expedientes.
