Diputados nacionales de Juntos por el Cambio proponen crear un “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”. El proyecto de ley fue presentado en el Congreso y contempla una baja en la edad de imputabilidad, de 16 a 15 años en delitos violentos, y crea fueros especializados que deberían cerrar las causas antes de los dos años de cometido el hecho. La iniciativa fue del diputado Diego Santilli, quien dijo que el texto está basado “en la noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes”.
El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, entre otros. Propone que los delitos que no son violentos puedan ser resarcidos a través de medidas alternativas “para reparar el daño producido por el delito”. “Las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación”, se aclara en el comunicado del diputado.
“El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades”, expresó Santilli, quien se refirió a su proyecto. Y es que lo mencionó como algo que aporta “una idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’”.
En el proyecto se plantea la necesidad de elaborar un “Plan Integral Individualizado”. Según se explica, el mismo será realizado por un equipo especializado que deberá procurar “que la propuesta de abordaje restaurativo trabaje desde la interdisciplina, en el entendimiento de un conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa y fraccionada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas, enfocando en las circunstancias familiares y sociales que lo rodean”.
Por último, se destaca que no se impondrán penas prohibidas tales como la reclusión o la prisión perpetua, considerando que “las personas adolescentes no son pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”. De este modo, las tres opciones que tendrán serán: Privación domiciliaria de la libertad; Privación de la libertad en centro abierto; y Privación de la libertad en centro especializado de detención. Al mismo tiempo, el máximo de la pena será de 15 años para los delitos de homicidio y abuso sexual agravado, o de diez años para el resto de los delitos.
