El legislador radical José María Canelada le envió ayer una carta documento al gobernador Juan Manzur, mediante la cual lo intima, bajo apercibimiento de ley, “a destinar los fondos públicos necesarios para instrumentar -en forma urgente- la denominada tarifa social, en cumplimiento a la ley provincial 9.136”. Paralelamente, en la Cámara presentó un proyecto por el que propone la creación de programa de implementación de la tarifa social para el consumo de energía eléctrica residencial.
Canelada indicó, en la carta documento, que la tarifa social “es claramente un derecho adquirido de las usuarias y de los usuarios del servicio de luz de Tucumán”.
A su criterio, la falta de implementación es una clara violación a los derechos humanos de acceso a la energía, derivados de los tratados internacionales firmados por nuestro país y con jerarquía constitucional”.
Manzur había dicho a LA GACETA que, por ahora, no había pensado en instrumentar el servicio de la tarifa social, hasta tanto tenga los fondos necesarios para cubrirlo mensualmente. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la Provincia necesitaría alrededor de $ 60 millones mensuales para cubrir el beneficio a unos 100.000 usuarios residenciales, con menor poder adquisitivo.
Alcances
En su iniciativa, Canelada sugiere que la tarifa social se aplique como un crédito a favor de hogares en situaciones de vulnerabilidad. “El beneficiario será el titular del servicio; el beneficio deberá poder identificarse en la factura, detallándose su valor, de manera que pueda distinguirse respecto del beneficio que otorgue el Estado provincial”.
Según Canelada, la tarifa social debería estructurarse con un esquema de subsidio a la demanda, segmentando a la población que recibirá el beneficio, con el fin de garantizar que llegue realmente a la población más vulnerable. “La reglamentación determinará, en base a parámetros objetivos y verificables, las condiciones de acceso y distribución del beneficio”, puntualizó. Asimismo, promueve la creación de un fondo para el financiamiento de la tarifa social de energía eléctrica. “La fuente de recursos serán los fondos del Tesoro general de la provincia”, indicó.
“Implementar la tarifa social es una obligación legal que el Gobierno provincial ha decidido incumplir y hoy los tucumanos no cuentan con ella”, señaló en los fundamentos del proyecto de ley.
El legislador recordó que el Consenso Fiscal, suscripto el 13 de septiembre pasado, aprobado mediante ley 9.136, expresamente establece: “que en el marco de la reducción de subsidios nacionales destinados a servicios públicos se prevé que, a partir del 1 de enero de 2019 y en función de sus posibilidades: (a) la provincia de Buenos Aires y la CABA participen en la financiación de la tarifa socia] del servicio de agua y desagües cloacales prestado por Aguas y Saneamientos Argentinos SA, (b) cada jurisdicción defina la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales, y (c) las provincias y la CABA definan las compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollados en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones”.
