El Poder Judicial de Tucumán se plegó al bono de $ 60.000 dispuesto por el Poder Ejecutivo (PE) para el personal de la Administración Pública, como medida para fortalecer el poder adquisitivo de los estatales y paliar los efectos de la inflación.
La acordada 1.659, firmada por el alto tribunal en pleno, refiere al decreto 3.824/3 (ME), mediante el cual el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso el pago del extra, en tres cuotas de $25.000 (noviembre), $25.000 (diciembre) y $10.000 (enero de 2023).
Además, dicho instrumento del PE invitaba al Poder Judicial a adherir al pago del bono para los agentes estatales, destacaron los miembros de la CSJT, Daniel Leiva (presidente), Antonio Estofán, Daniel Posse, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos (vocales).
En los considerando, la Corte mencionó que, según los informes del Servicio Administrativo, “se ha excluido de similares beneficios a los señores magistrados de la Constitución, por tratarse de una ayuda social estipulada en el artículo 1° del decreto 3.824/3 (ME)”.
“Se estima, en este acto, de estricta justicia social otorgar idéntico beneficio a los magistrados constitucionales, con la salvedad de que dicho beneficio deberá tener el carácter remunerativo y no bonificable, a fin de salvaguardar lo normado en el Artículo 115 de la Constitución”, agregó el máximo tribunal.
En un apartado siguiente, La CSJT advirtió que resultaba “necesario que se realicen las gestiones ante el Poder Ejecutivo para el otorgamiento del refuerzo presupuestario necesario en la Partida Personal, a fin de absorber el mayor gasto salarial que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo del Poder Ejecutivo aludido”.
De este modo, adhirieron de manera parcial al decreto 3.824/3 (ME), e instruyeron al Servicio Administrativo “a que proceda a liquidar por planilla adicional, por única vez y por agente de la planta de Magistrados del Poder Judicial de Tucumán, una ayuda social en carácter remunerativo y no bonificable de $ 60.000”.
