Cuando el personal de la Policía Federal Argentina (PFA) y funcionarios de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense irrumpieron en su oficina con la orden de detención, el comisario Mauricio Dadín los miró y les apuntó con su arma reglamentaria. Después, apoyó la pistola calibre nueve milímetros en su cabeza y disparó. Murió casi en el acto.
Dadín, de 47 años, era el jefe de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Berazategui. Su detención había sido ordenada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, en el marco de una causa donde se investiga la extorsión que sufrió un ciudadano peruano al que tuvieron cautivo en una dependencia de la policía bonaerense hasta que su familia pagó 800.000 pesos.
La semana pasada habían sido detenidos dos subalternos de Dadín por su presunta responsabilidad en el secuestro del ciudadano peruano, que tenía antecedentes por narcomenudeo, según informaron fuentes judiciales. Antes había sido apresado un cabo de la Gendarmería Nacional.
“A partir de la información que surgió de las declaraciones indagatorias de los dos oficiales que trabajaban bajo el mando de Dadín y de otras pruebas incorporadas en el expediente, se determinó que el jefe de la UPPL de Berazategui no podía desconocer que la víctima estuvo secuestrada en la dependencia a su cargo”, explicó un detective del caso.
La causa que puso bajo sospecha a uniformados de la policía bonaerense comenzó enero de 2021, cuando la víctima se presentó en el Departamento Antisecuestros de la PFA.
El hombre, que vivía en el barrio porteño de Monserrat, declaró que había sido privado de la libertad en dos oportunidades por personas que se identificaban como policías e ingresaban a su domicilio con supuestas órdenes de allanamiento por infracción a la ley de drogas, para sustraerle distintos elementos, según informó en su momento la agencia de noticias Télam.
La segunda vez, lo llevaron cautivo a una dependencia de la policía bonaerense situada en Berazategui. Los sospechosos se comunicaron con la familia de la víctima y le exigieron 800.000 pesos para liberarlo.
El pago del rescate se habría hecho cerca de una iglesia del barrio de Nueva Pompeya. Tras la denuncia de la víctima, tomó intervención el fiscal Taiano. A la investigación se sumó la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich.
“La víctima quedó con tanto miedo que después de hacer la denuncia decidió volverse a Perú”, dijo una fuente judicial.
