La previsión de gastos de la Legislatura para el año próximo no figura en el proyecto de Presupuesto 2023 de la Administración Pública que envió el Poder Ejecutivo. Sin embargo, una serie de datos que se dieron a conocer tras la visita del ministro de Economía Eduardo Garvich a la Cámara permiten fundamentar que el presupuesto legislativo para el año electoral rondará los $34.000 millones. Es decir que el funcionamiento del Poder Legislativo demandará alrededor de $93 millones diarios.
Garvich participó la semana pasada de una reunión ampliada de la comisión de Hacienda y Presupuesto que preside el legislador oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares. Durante más de dos horas desglosó detalles de los $798.814 millones que se contemplan para el funcionamiento del Estado en 2023, un 123% más que el presupuesto original de 2022.
Haciendo números
LA GACETA le consultó a Ruiz Olivares cuáles son los montos presupuestados para el funcionamiento del Poder Judicial y el Poder Legislativo en 2023. El parlamentario no brindó cifras, pero aseguró que un 8% será ejecutado por la Justicia y un 4,3%, por la Cámara.
Un cálculo matemático simple permite establecer que el presupuesto judicial será de casi $64.000 y el legislativo rondará los $34.000 millones.
Fuentes del palacio espejado afirman que los gastos legislativos se pueden dividir en tres rubros principales: el personal, que insume gran parte de los recursos; los costos corrientes de funcionamiento (servicios como agua, luz, gas e internet, mantenimiento edilicio, librería, etcétera); y el boleto estudiantil gratuito. El presidente subrogante Sergio Mansilla dijo en abril que contaban con 40.000 beneficiarios y que la cifra se iba a ampliar con el alumnado universitario. Previo a la pandemia se dijo que el beneficio alcanzaba a 70.000 estudiantes.
Austeridad declamada
A fines de 2019, el vicegobernador Osvaldo Jaldo -hoy en ejercicio del Poder Ejecutivo- manifestó que desde entonces la Legislatura aplicaría criterios de austeridad. “Esta Legislatura, a partir de este año, empieza a gastar menos”, expuso. Medidas en el mismo sentido se tomaron, por ejemplo, durante la pandemia.
Con el paso de los años, el presupuesto parlamentario se ha ido incrementando gradualmente. En las previsiones para 2015, por ejemplo, los gastos de la Cámara representaban un 3,05% del presupuesto ($31,4 millones sobre $959 millones). Pero ya en la proyección para 2020, de $156.214 millones, el gasto previsto fue del 4,21% ($6.591). Un porcentaje similar representó en las previsiones de 2022.
En mayo de 2022, la legisladora Nadima Pecci (PRO) presentó un proyecto por una “ley de transparencia, austeridad y reducción de gasto político de la Legislatura de Tucumán”. La iniciativa establecía topes presupuestarios para la designación de personal para cargos políticos. Además, incluye un artículo que apunta a la publicación de los presupuestos de cada integrante del cuerpo colegiado, así como el listado del número de personal asignado a cada representante del pueblo. “La realidad económica del país y la provincia exigen una profunda revisión del gasto público y del político en especial”, señaló la ex integrante de Fuerza Republicana en la propuesta.
En busca del dictamen
Este martes se reunirá la comisión de Hacienda y Presupuesto para darle dictamen al proyecto que envió el Ejecutivo, el cual se debatirá en la sesión del jueves. Ruiz Olivares ya receptó algunas inquietudes de la oposición, quienes solicitaron que se refuercen algunas partidas específicas. También se escucharon quejas opositoras tras la visita de Garvich por algunas partidas que tendrá el Ejecutivo de disposición discrecional para un año electoral.
El proyecto del Presupuesto 2023 para el funcionamiento de la Provincia estima gastos corrientes (salarios, servicios y bienes de consumo) por $614.596 millones (77%), $174.156 millones para gastos de capital (compra de bienes de uso y realización de obras) y un superávit de $10.000 millones. Para los cálculos el Ministerio de Economía tomó las pautas que fijó la Nación: una inflación del 60% anual, un 2% de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y un dólar a $269,90.
Sin Ley de Acceso a la Información
La mayoría de los parlamentarios de la oposición vienen presentando en los últimos años distintas iniciativas para adherir a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (Nº 27.275), pero los proyectos no han sido tratados en comisiones. Algunas de las propuestas fueron ingresadas por Pecci, el radical José María Canelada, los alfaristas Walter Berarducci y Raúl Albarracín, y el líder de Libres del Sur, Federico Masso.
