El escándalo generado en torno a la supuesta entrega irregular de planes Potenciar Trabajo llevó al fiscal federal Guillermo Marijuán a pedir la declaración testimonial del jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur.
Aunque el gobernador tucumano en uso de licencia puede responder por escrito, la cita fue convocada para el próximo 28 de noviembre, a las 11 de la mañana, consignaron La Nación e Infobae.
En el marco de esta causa, la Justicia analiza las investigaciones por irregularidades que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó en el programa nacional que está bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz.
En el requerimiento, Marijuán le pide a Manzur que se presente en la fiscalía “acompañado de la documentación respaldatoria labrada o tomada en consideración por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para no atender u observar los dos informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitados por ese organismo en fechas 30/06/2022 y 10/11/2022, en relación al control y/o auditoria del Programa Potenciar Trabajo”.
Además de la figura de Manzur, ese mismo día, pero una hora más tarde, también deberá presentarse a declarar el titular de la AFIP, Carlos Daniel Castagneto.
Por su parte, Marijuán también libró un oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, “a los fines de que se informe la nómina de personal que presta funciones en la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico, debiendo especificar los cargos que desempeñan tales personas”.
A partir de la decisión de la ministra Tolosa Paz de desafectar a algunos beneficiarios por haber comprado dólar ahorro o realizar compras en dólares con tarjeta de crédito, Marijuan inició una investigación de oficio llamada preliminar, para saber por qué la funcionaria no se guió con los dos informes de la AFIP y no dio de baja la totalidad de los titulares de ese plan social, a pesar de las irregularidades e incompatibilidades detectadas por el ente recaudador.
La titular de la cartera ejecutiva anunció la baja de unos 2.243 planes cuando la AFIP había detectado a más de 200.000 beneficiarios que no deberían recibir esos honorarios mensuales por parte del Estado y que tiene un valor del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Entre esas incompatibilidades, la AFIP detectó la compra de dólares, personas que tienen más de una propiedad, autos de menos de un año de antigüedad, beneficiarios que poseen medicina prepaga o cobertura social, que son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros, e incluso que seguían percibiendo el subsidio a pesar de haber fallecido y no fueron depurados del padrón de 1.383.279 titulares que estaban inscriptos hasta el 24 de octubre pasado.
