El programa Potenciar Trabajo, que lanzó el Gobierno nacional en 2020 para unificar a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa, hoy está bajo la lupa de la Justicia.
Una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó irregularidades, en 253.184 beneficiarios del programa, asociadas a la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos seis meses, la compra con tarjetas de crédito en dólares y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales. Ante la novedad, el ministerio de Desarrollo Social, conducido por Victoria Tolosa Paz, desafectó a 3.190 titulares, y en Tucumán, la segunda provincia con mayor cantidad de inscriptos del país (71.909 inscriptos), se desconoce el impacto que tuvo la medida.
“El 0,3% del programa queda dado de baja, 947 titulares van a ser suspendidos y pasan a la etapa de evaluación para poder sostener el Potenciar Trabajo. El resto del universo, el 99,7%, tienen que tener la plena tranquilidad de que vinimos a poner orden para poder llegar a todos”, resaltó Tolosa Paz.
“Hay un universo pequeño, de tan solo el 0,3%, que por algún motivo no han cumplimentado parte de las condiciones para mantenerse en el programa. Vamos a ser inflexibles con las incompatibilidades y falta de cumplimiento de las normas para el sostenimiento del Potenciar Trabajo”, puntualizó.
En ese marco, la ministra puntualizó que instruyeron la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del programa, de los cuales 2.098 adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito. Además, Tolosa Paz detalló que desde que rige la Resolución del BCRA de septiembre de 2020, son “430 los que compraron dólares ahorro en los últimos seis meses y, desde que rige la norma hace 26 meses, son 2098 personas las que compran dólar ahorro”.
Números que cambian
La secretaria a cargo de Potenciar Trabajo de la Unidad Ejecutora de la Provincia, Pía Muñoz, explicó que a partir del techo impuesto por Nación a principios de mes no se registraron nuevas altas al programa y que el número de beneficiarios puede variar de acuerdo al cambio de una unidad de gestión a otra o cambios en las condiciones laborales o etarias de la persona titular.
Además de mostrarse a favor de la nueva manera que dispuso Nación para auditar y validar los datos de los beneficiarios a través de la aplicación Mi Argentina, la funcionaria remarcó que en la provincia “no se registraron anomalías porque no somos quienes hacemos ese cruce de datos”. Y remarcó que tiempo atrás se hacía una actualización de datos provinciales con los beneficiarios, donde se registraba información de sus intereses para ordenar y pensar propuesta en torno a esos datos.
“Sin intermediarios”
En torno a este tema, Luciano Chincarini, responsable del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Tucumán, destacó que el Potenciar Trabajo se lleva adelante de manera transparente en la provincia. “Los días 5 de cada mes Nación gira los fondos a las cuentas bancarias personales de los titulares del programa”, dijo el dirigente del Movimiento Evita en la provincia.Y puntualizó: “Nosotros no entramos en el manejo del dinero, solo intervenimos dentro de la distribución de roles. Por eso somos ordenadores de trabajo, no intermediarios. Y no tenemos nada que ver con el manejo de los recursos, incluso nadie le puede pedir un peso a los titulares del programa y si eso sucede el beneficio puede cambiar de unidad de gestión para que no le saquen sus recursos”.
A partir de la nueva resolución del Consejo del Salario que definió una nueva suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), con impacto en las prestaciones sociales y esta actualización se extenderá hasta el primer trimestre del 2023, por un total de 20% a pagarse en cuatro tramos. De esta manera, los beneficiarios de Potenciar Trabajo, que reciben un haber equivalente al 50% del salario mínimo, percibirán $ 28.950 en Diciembre, $ 30.687 en Enero, $ 31.914 en Febrero y $ 34.750 en Marzo.
En diálogo con este medio, Chincarini sostuvo que las irregularidades, en caso de existir, deben corregirse pero también aseguró que detrás de esta polémica se evidencia un trasfondo político que tiene que ver con la proximidad de las elecciones del año que viene y el “apresuramiento” que demuestran algunos sectores del poder.
El dirigente detalló que las críticas a las políticas sociales del gobierno Nacional comenzaron como “fuego amigo” con las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Confederación General del Trabajo (CGT), “pero después se sumaron voces de la derecha que estigmatiza estas cuestiones”.
Manzur: a declarar
El escándalo generado en torno a las irregularidades detectadas en torno al programa de gobierno llevó al fiscal federal Guillermo Marijuán a pedir la declaración como testigo del jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur. La convocatoria se realizó para el lunes 28 de noviembre, a las 11 de la mañana, y el gobernador en uso de licencia puede responder por escrito.
En el requerimiento, Marijuán le pide a Manzur que se presente en la fiscalía “acompañado de la documentación respaldatoria labrada o tomada en consideración por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para no atender u observar los dos informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitados por ese organismo en fechas 30/06/2022 y 10/11/2022, en relación al control y/o auditoria del Programa Potenciar Trabajo”.
Además de la figura de Manzur, ese mismo día, pero una hora más tarde, también deberá presentarse a declarar el titular de la AFIP, Carlos Daniel Castagneto.
Por su parte, Marijuán también libró un oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, “a los fines de que se informe la nómina de personal que presta funciones en la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico, debiendo especificar los cargos que desempeñan tales personas”.
