La relación de la CGT con el Gobierno está atravesada no solo por las negociaciones de los aumentos salariales atados a la escalada inflacionaria, sino también por la disputa de fondos de las obras sociales. Es una caja millonaria que maneja el Estado con escasos controles y, en ocasiones, según sus necesidades financieras y políticas.
La oficina pública encargada de administrarlo es la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que le transfiere a las obras sociales sindicales reintegros por las prestaciones médicas de alta complejidad, la compra de medicamentos costosos y el tratamiento de pacientes con discapacidad, así como numerosos subsidios para garantizar prestaciones básicas a sus afiliados.
Esos fondos sumaron en la gestión de Alberto Fernández, hasta septiembre último, $347.206 millones. La cifra equivale a USD 3.654 millones al promedio anual del dólar oficial, según un relevamiento realizado por la Unidad de Datos de Infobae en base al análisis de las transferencias a cada obra social informadas por la SSS en su sitio web. La suma equivale a 372 hospitales como el “Néstor Kirchner” en Gregorio de Laferrere, La Matanza. Presupuestado en $933,2 millones, fue varias veces anunciada su inauguración, pero aún no se concluyó.
Los recursos provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por un porcentaje -en promedio del 15%- del aporte que los trabajadores en relación de dependencia hacen a las obras sociales (el 3% del sueldo), y el que efectúan sus empleadores (5% del salario). Estos aportes en lugar de ir directamente a las obras sociales pasan por el Estado. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es la encargada de distribuir esos fondos para garantizar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) a todos los afiliados del sistema, y compensar costos extraordinarios por prestaciones especiales.
Estos fondos – retenidos por el Estado a las obras sociales para ser luego distribuidos con un criterio “solidario”– tienen impacto directo sobre el tratamiento médico de más de 20 millones de usuarios, y son el eje de una disputa política histórica entre los gremios y el Poder Ejecutivo, que suele utilizar las transferencias como parte de una negociación que excede los reclamos de los afiliados.
Desde los sindicatos reclaman que se trata de dinero de las obras sociales. “Hoy la CGT está en una situación de debate y estado de alerta en cuanto a la situación de las obras sociales. Es un tema que nos preocupa porque está en juego la salud de los trabajadores. Casi el 100% de estos fondos son aportes de trabajadores y empleadores. El Estado casi no pone dinero, hace transferencias en carácter extraordinario. Pero, toda la vida, las obras sociales fueron financiadas por los trabajadores y los empresarios. El día que se caigan las obras sociales, sólo tendrán acceso a la salud las personas que puedan pagarse un seguro privado”, aseguró el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingieri.
El procesamiento de los pagos realizado por Infobae dimensiona por primera vez a cuánto ascienden esos millonarios recursos, cuyo flujo – eje de reclamos y tironeos – explica, en parte, el alineamiento con matices de los “Gordos” de las CGT, los líderes históricos de los sindicatos más importantes en cantidad de afiliados, con Alberto Fernández.
Fuentes sindicales consultadas por este medio reclaman que el Gobierno “pisa” los pagos y reintegros a las obras sociales, pese a las promesas de liberar los fondos para las prestaciones por discapacidad. Además de los tratamiento médicos, también implican la movilidad de los afiliados y el pago de módulos educativos, que se llevan casi un 70% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución. Desde la CGT denuncian que “el sistema de obras sociales está al borde de la quiebra”.
Afirman que, a poco de asumir, el ministro de Economía, Sergio Massa, le prometió a los dirigentes sindicales que les habilitaría recursos por $24.000 millones hasta fin de año para el FSR. Sin embargo, los desembolsos prometidos todavía no se concretaron. “Nos habían asegurado tres pagos de $8.000 millones de pesos, pero sólo aparecieron $4000 millones y recién la semana próxima entrarían otros $4000″, aseguraron.
Desde el Ministerio de Economía dan otra versión y niegan que hubiera habido un anuncio oficial en ese sentido. “El trabajo con las obras sociales y la CGT está al día. Por encima de los fondos que son de transferencia automática, que son los que les corresponden, y los destinados a mitigar el mayor gasto por medicamentos de alto costo y aumento de los tratamientos por discapacidad, Economía ya transfirió en el último cuatrimestre más de $12.000 millones”, señalaron. Fuentes cercanas a Massa afirmaron que “la Superintendencia tiene al día el pago a las obras sociales a los denominados Gordos de la CGT, y menos al día el pago a los gremios vinculados a (Luis) Barrionuevo”.
Desde la CGT admiten que “la relación con el Gobierno es complicada porque no han cumplido”. Si bien reconocen a Massa como un interlocutor, y admiten que “el país está en un contexto económico difícil”, y hay “una frazada corta” que no alcanza para cubrir la demanda, se preguntan: “¿Tenemos que hacerle un paro al Gobierno para que nos cumplan?”.
¿Quién controla los fondos?
Infobae buscó determinar quién controla los $347.206 millones que giró la SSS desde enero del 2020 a septiembre pasado a las obras sociales. Fuentes sindicales respondieron que “la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) y la AGN (Auditoría General de la Nación) manda auditores a la obra social de manera presencial y por sorpresa”. Y agregaron: “Vienen todos los años y te piden la documentación, la tenemos que poner arriba de la mesa”. Sin embargo, desde la oposición advierten que los controles sobre el manejo de esos fondos son meramente formales e impiden detectar manejos fraudulentos con el aporte de los trabajadores.
Si bien la SSS es auditada por estos organismos, el control en la práctica es deficiente. El último informe de la AGN sobre este tema es de 2012 y corresponde al período 2009. Presidido por un opositor -el radical Jesús Rodríguez- , recién este año aprobó auditar los ejercicios 2019 y 2020. Las conclusiones están previstas recién para finales de 2023.
Desde la SIGEN informaron que el organismo no realizó una auditoría sobre el organismo, aunque sí llevó adelante en 2020 una Evaluación del Sistema de Control Interno (IESCI) de la Superintendencia de Servicios de Salud. En esa auditoría interna se incluyeron, además, una serie de recomendaciones realizadas por el organismo, como la falta supervisión sobre la actualización en el padrón de beneficiarios informados por las propias obras sociales. También observó que el organismo no efectuaba “ningún control, disponiendo de los datos solo a fines estadísticos” sobre el Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales(SANO), y recomendaba “controlar integralmente cada uno de los subsidios, de forma de cumplimentar adecuadamente la responsabilidad de fiscalización y control que le fuera delegada a la Superintendencia sobre el Fondo Solidario de Redistribución”.
El actual titular de la SSS es Daniel Alejandro López, que fue designado en mayo del año pasado. Es un hombre cercano al ex ministro de Salud Ginés González García, que cuenta con la confianza de la actual titular de esa cartera, Carla Vizzotti. Su cargo anterior era el de director de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.
Daniel López fue designado al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud en mayo del año pasado
“Los controles son formales, no reales. Por ejemplo, no se analiza si la prestación efectivamente se realizó. Se siguen usando troqueles de medicamentos, y si bien hay una mayor trazabilidad, no hay un análisis sobre los expedientes médicos”, advirtió la diputada Graciela Ocaña en diálogo con Infobae. Para la legisladora de Juntos, “mientras los subsidios tienen algún criterio de asignación automática, los reintegros de la ex APE (Administración de Prestaciones Especiales), hoy denominados SUR, tienen que ver con rendiciones de las obras sociales sobre las cuales no hay un control efectivo”. Cuando ocupó el cargo de ex ministra de Salud de la Nación, Ocaña sacó a la luz una estafa con fondos de la ex APE, al enviar a auditar expedientes, cuyo resultado fue el hallazgo de decenas de troqueles de medicamentos falsificados por los que obras sociales habían pedido reintegros.
La diputada de Juntos Graciela Ocaña advirtió que los controles a las obras sociales “son formales, no reales” (Gustavo Gavotti)
Este medio accedió a una auditoría interna de la propia SSS fechada el 30 de diciembre de 2021. Entre sus conclusiones, se destacó que “no se han notado avances significativos para la regularización” de observaciones realizadas en informes anteriores. Especialmente, alertó sobre la falta de conformación de la Unidad de Gestión de Subsidios Automáticos, creada en los papeles en noviembre de 2019, para coordinar las distintas asignaciones y compensaciones del FSR a los agentes del sistema de salud.
Por tratarse de “montos relevantes” y tener “alto nivel de importancia”, la auditora interna Ruth Litmanovih urgía al organismo a conformarla “a la mayor brevedad posible”. Sin embargo, la SSS informó en su descargo que esa unidad iba a ser derogada en virtud de “las reformas que se encuentran previstas en la operatoria de los subsidios automáticos antes de la finalización del año 2021″.
Infobae envió preguntas en reiteradas oportunidades a la Superintendencia, pero desde el organismo público no respondieron las consultas. Si bien en un principio dijeron que iban a hacerlo, finalmente, pidieron canalizarlas mediante pedidos formales de Acceso a la Información, que en la práctica, pueden implicar una demora de hasta un mes para ser contestados. Al cierre de esta publicación, sólo habían respondido uno de los cuatro pedidos que ingresó este medio.
Reintegros y subsidios
Las transferencias del Fondo Solidario de Redistribución a las 309 obras sociales fueron de USD 1.218 millones promedio por año (tipo de cambio oficial) en el período que Fernández lleva en la Casa Rosada.
La cifra corresponde en un 60% a reintegros por prestaciones y medicamentos, y un 40% a subsidios, según el análisis y procesamiento por parte de Infobae de los datos disponibles en el sitio web del organismo. Son, en total, 11 conceptos distintos por los cuales se pagan estos fondos. El mayor porcentaje – el 37,4% – son los reintegros por discapacidad. Este Fondo de Integración -así se llama- fue eje de la negociación entre el gobierno y la CGT, que le reclamó al ministro Massa que libere pagos que habrían estado atrasados para cubrir estas prestaciones sanitarias y habían generado, hace cinco meses, manifestaciones de familiares y prestadores que no cobraban.
Según fuentes sindicales, las obras sociales atienden a 90.000 personas con discapacidad. De enero a septiembre de este año, según los datos de la web de la SSS, se pagaron $58.547 millones desde este organismo a 271 obras sociales.
En tanto, a través del Sistema Único de Reintegros (SUR) que reemplazó a la ex APE, la SSS pagó $78.800 millones durante la gestión de Alberto Fernández, para cubrir prestaciones médicas y medicamentos de alto impacto económico y baja incidencia, y determinadas prótesis, por ejemplo. “El SUR cubre más de 200 prestaciones”, aseguran fuentes de las obras sociales.
El resto son subsidios que la SSS le transfiere del Fondo Solidario de Redistribución a las obras sociales para ayudar a cubrir los costos del PMO, es decir, las prestaciones básicas que deben garantizar a todos sus afiliados sin pagos adicionales. Se otorgan según una serie de criterios de asignación automática vinculados a la cantidad de afiliados y la recaudación per cápita.
“El sistema de las obras sociales está colapsado. Los recursos no alcanzan para cubrir las demandas que hoy tiene el sistema. Han cargado con tanta legislación al PMO, así como el tema de la cobertura por discapacidad y los medicamentos de alto costo que, hoy, son inviables las prestaciones porque los costos superas los ingresos”, dijo una fuente sindical que conoce desde adentro las cuentas de las obras sociales.
Entre ellos, figuran el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA); el Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Régimen de Trabajo Especial (SUMARTE), para distintas obras sociales que tienen personal que se jubila con menos edad, o que tiene un alto riesgo de padecer alguna enfermedad por el tipo de tareas; y el Régimen de Compensación SUMARTE (monotributistas). También el SUMA 65 para mayores de 65 años (jubilados), ya que si bien, cuando el afiliado a una obra social se jubila y pasa al PAMI, hay una cantidad minoritaria de obras sociales – como los ferroviarios o los bancarios – que siguen prestando cobertura. Desde 2020 hasta la actualidad, estos cuatro tipos de subsidios implicaron transferencias desde la SSS por $122.000 millones, el 35% del total. Según fuentes de las obras sociales, la SSS les estaría debiendo actualmente a las obras sociales “unos $7.000 millones de estos fondos”.
Otra de las ayudas a las obras sociales es el Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO), que garantiza a las entidades un valor mínimo de aportes por afiliado, en base a la cantidad de beneficiarios, y que implicó, en lo que va la gestión actual, transferencias por $8.361 millones. Hubo además compensaciones por gastos adicionales para la atención del Covid-19 que superaron los $1.000 millones desde 2020. Este fondo se extendió incluso durante este año, con la pandemia ya controlada, y ya se pagaron a las obras sociales $378 millones entre enero y septiembre pasado.
En un sistema de salud exigido al máximo y reclamos sostenidos por el impacto de la inflación en los costos, que superan a los aportes de trabajadores y empleadores, los millonarios recursos que maneja la SSS deberían transparentarse al máximo, y extremarse los controles sobre su ejecución por parte de las obras sociales. Sin embargo, terminan quedando en medio de una disputa política y sindical, con los afiliados como rehenes.
