Andrés Larroque, secretario de La Cámpora y ministro de Axel Kicillof en Buenos Aires, anticipó con una frase la estrategia de su jefa, Cristina Fernández, en la batalla contra el Poder Judicial. “No la quieren como víctima sino como acusada”, disparó. Vinculó de modo lineal el atentado fallido del que fue víctima la vicepresidenta con el desenlace del juicio oral por la adjudicación de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez.
Sobre aquel desenlace cercano en la causa por corrupción no existen buenas sensaciones en el kirchnerismo. Todas las trabas que intentó colocar fueron tumbadas por el Tribunal Oral Federal 2, la Cámara y la Corte Suprema. Tanto enrarecimiento detonó declaraciones sorprendentes de la defensa de la vicepresidenta. En boca de quien siempre fue ponderado en el mundo de las leyes.
“Si a Cristina no la pararon con un arma, no la van a parar con un fallo”, advirtió el abogado Carlos Beraldi. ¿Rebeldía anticipada? Beraldi chocó frente a los jueces y los fiscales Diego Luciani y Santiago Mola con dos dificultades y un imprevisto. A lo largo del juicio nunca logró rebatir la relación comercial de su defendida con Báez, que la dama había negado públicamente. El TOF2 deberá probar, además, que estuvo intoxicada por el delito.
La novedad para Beraldi habría sido la incorporación de Máximo Kirchner a la causa. El puente fueron sus comunicaciones con López en las que era informado sobre las obras públicas que se iban a realizar en Santa Cruz. El diputado no tenía, por entonces, ningún cargo. Antes que el veredicto del TOF2 tome estado público, Cristina se propone instalar la presunción de que el intento de magnicidio del que fue víctima está siendo encubierto por la Justicia y sectores de la política.
Con el objeto de no comprometer a sus autores intelectuales y presuntos financistas. De allí la última embestida contra la jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene a su cargo la investigación. Los abogados defensores en esa causa, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, fundamentaron la recusación de la magistrada ante la Cámara Federal. Marcaron todos sus supuestos errores que entorpecen la dilucidación del caso.
Hicieron imputaciones gravísimas y fuera de lo común. Sostuvieron que, si a Cristina le llega a suceder algo, la responsable será la jueza. Alertaron, sin precisar postulaciones, que la vicepresidenta hará campaña el próximo año. Denunciaron que el intento de matar a una vicepresidenta pareciera no tener ningún costo en la Argentina. Capuchetti frente al ultimátum hizo una maniobra curiosa. Producto, aseguran, de un estado de agobio.
No se apartó de la causa. La delegó en el fiscal Carlos Rívolo. Quizás la retome: la Cámara Federal también rechazó la recusación de Cristina. Lo haga o no, cualquier decisión procesal que deba adoptar el fiscal tendrá que contar con la anuencia de la magistrada. La defensa de Cristina insiste en que debe enlazarse la investigación de la “banda de los copitos” con otra que administra el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Justamente, sobre cuatro integrantes de la organización derechista, Revolución Federal, que fueron procesados y embargados. Uno de ellos recibió pagos bancarios por trabajos de carpintería de parte de una sociedad integrada por los hermanos Caputo, familiares directos del ex ministro de Mauricio Macri.
Capuchetti y la Cámara Federal descartaron vínculos entre aquellos grupos. La defensa de Cristina hace esfuerzos por vincular a la jueza con el macrismo. Ella reemplazó a Norberto Oyarbide, en efecto, en mayo del 2019. Sería la única constancia. Se excusó de intervenir en la causa de espionaje atribuido a Mauricio Macri por una razón justificada: figuraba entre los espiados.
Sobreseyó al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, en una causa iniciada por Juntos por el Cambio cuando la OA fue retirada como querellante en las causas por corrupción. Mantiene sin movimiento el escándalo por el vacunatorio VIP. Extremadamente sensible para el Gobierno. Ni bien se reavivan estas circunstancias críticas, Cristina y el kirchnerismo siempre vuelven su mirada contra Alberto Fernández.
Conjeturan que se ha llegado a este punto porque el Presidente habría incumplido alguno de los compromisos adquiridos ante la dama cuando fue ungido candidato. Del lado del profesor de Derecho Penal niegan cualquier pacto sobre la contraprestación que se reclama. En ambas orillas refieran a la Corte Suprema y al Poder Judicial. Nadie conoce aquellos secretos entre el Presidente y su vice. Tal vez, en el plano judicial Alberto no se haya dedicado a lo que Cristina pretendía.
