Las discrepancias con respecto a qué jurisdicción debe mantener la competencia en las denuncias contra el senador nacional José Alperovich podrían llevar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El ex gobernador fue señalado por su sobrina segunda y ex asesora política, de 29 años, por presuntos abusos sexuales perpetrados entre diciembre de 2017 y mayo de este año. El primero de los hechos, según relató la joven, se produjo en Ciudad de Buenos Aires, y luego se reiteraron en esta provincia. Así, asesorada por el abogado Ricardo Santoro, denunció en noviembre a su tío en los tribunales de Tucumán y de Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Hace una semana, el juez porteño Osvaldo Rappa se declaró incompetente para entender en el caso, y dispuso que las actuaciones fueran unificadas en esta provincia. Interpretó que, como la mayoría de los supuestos ataques habrían sido cometidos en esta jurisdicción, y como las partes del proceso y los eventuales testigos residen aquí, correspondía el envío del expediente.
Sin embargo, los fiscales del caso “porteño”, Santiago Vismara y Mariela Labozzetta, esta última titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, recurrieron la resolución de Rappa, y se opusieron a la remisión de las actuaciones. La decisión quedó en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal.
El jueves pasado, tras haber tomado conocimiento de estos incidentes, el juez de Instrucción N° 2 de esta ciudad, Facundo Maggio, decretó que a su criterio correspondía la unificación de los expedientes en CABA, por lo que se declaró incompetente para avanzar con el proceso local.
El juez tucumano, según fuentes judiciales, habría solicitado antes copia de los dictámenes de los fiscales porteños Vismara y Labozzetta. Al parecer, Maggio coincide con su criterio (sobre todo con la titular de la Unidad Fiscal especializada) en cuanto a que el primer hecho denunciado se registró en Ciudad de Buenos Aires; además, la joven tiene su lugar de trabajo en el Congreso -fue trasladada de la oficina que tenía asignada, para su resguardo- y se dispuso que recibiera asistencia a partir de los protocolos que rigen en ese distrito.
En el Juzgado de Instrucción N° 2 de esta provincia esperan que las actuaciones lleguen el lunes al despacho de Rappa. De todas formas, como había hecho con otras medidas, Maggio le habría comunicado la decisión a su par porteño mediante un correo electrónico oficial. Además, habría notificado a las partes sobre la declaración de incompetencia.
La resolución de Maggio, en ese sentido, solicita a Rappa la reconsideración de su decisión de unificar los casos en Tucumán. Además, anticipa que si eventualmente el magistrado porteño mantiene su postura -y, en paralelo, la Cámara de Apelaciones de CABA le da la razón a su criterio por encima del de los fiscales Vismara y Labozzetta-, debería ser la Corte Suprema de la Nación la que resuelva la cuestión de la competencia, sobre todo teniendo en cuenta las discrepancias entre ministerios y jurisdicciones nacionales y provinciales intervinientes en el caso.
En Tucumán, la fiscal María del Carmen Reuter, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, había solicitado a Maggio la apertura de una investigación jurisdiccional en contra de Alperovich, quien, si bien obtuvo una licencia de seis meses en el Senado, mantiene los fueros constitucionales. En CABA, los fiscales Vismara y Labozzetta consideran que el caso debe avanzar en ese distrito.
“Con preocupación”
Los profesionales que asesoran a la sobrina de Alperovich solicitaron en un comunicado que estas cuestiones procesales sean resueltas cuanto antes. “Vemos con preocupación que la Justicia no defina con premura la competencia”, advirtieron. Y expresaron su confianza en que “prontamente el Tribunal superior tendrá la última palabra” sobre el tema. “La multiplicidad de hechos sucedidos en jurisdicciones diferentes deben ser investigados sin dilación y con la mayor celeridad, para el esclarecimiento de la verdad objetiva y contando con las actuaciones jurisdiccionales de ambos territorios en caso de ser necesario. Instamos a que la definición se concrete antes de la feria judicial”, señalaron. Alertaron que, de lo contrario, se podría “incurrir en la revictimización de la denunciante”.
La fiscal Labozzetta, de la Unidad Fiscal en Violencia contra la Mujer, opina que el caso debe seguir en fuero porteño.
El juez Facundo Maggio, de esta provincia, coincide con los fiscales porteños en cuanto a la competencia del caso.
“El Estado tiene la obligación de actuar con diligencia”, indicó Milagro Mariona, vocera de la denunciante.
