El Gobierno provincial anunció que este miércoles entró en vigencia “en plenitud” la Ley de Narcomenudeo, que habilita la intervención de la Justicia local en las causas relacionadas a la comercialización de drogas a menor escala.
“Estamos viviendo un momento histórico, que demandó enorme esfuerzo, haciéndonos cargo de luchar contra la venta ilegal de sustancias tóxicas para cuidar a nuestra gente. Nadie debería mirar para otro lado, porque nos involucra a todas y todos como sociedad”, aseveró el gobernador, Osvaldo Jaldo.
El titular interino del Poder Ejecutivo recibió ayer un informe por parte de la Comisión Interpoderes de Evaluación de la Ley 9.188 (Narcomenudeo), que preside el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.
“Representantes de los tres poderes del Estado trabajamos en conjunto para coordinar acciones que garanticen que esta ley tan importante esté en completo funcionamiento en todo el territorio provincial”, manifestó Jaldo tras el encuentro del cual participaron miembros de los tres Poderes.
Remarcó que fue una labor: “que abordamos de modo integral, ya que necesitamos implementar todas las medidas que sumen en la lucha contra las drogas”. “Por eso, además, trabajamos con organizaciones intermedias en la recuperación y acompañamiento de quienes sufren este flagelo”, añadió.
Ratificó también el “pleno apoyo” del Gobierno provincial a la tarea encarada por los tres poderes del Estado. En ese sentido, recordó que el Presupuesto 2023 prevé una partida de $11.000 millones para la lucha contra el narcomenudeo, y que en el ejercicio en curso también se destinó una importante cantidad de recursos para alistar la aplicación de la Ley 9.188.
La Comisión Interpoderes creada a propósito de la implementación de la Ley de Narcomenudeo confirmó que la puesta “en práctica en plenitud” de este régimen alcanza “los aspectos operativos y normativos”, con la participación de los jueces provinciales designados para abocarse a esta tarea; de la fiscalía penal y de las defensorías oficiales asignadas a esta tarea; y de las fuerzas de seguridad de Tucumán.Además, el comité especial comunicó que: “la población puede presentar sus denuncias sobre la venta ilegal de estupefacientes en las comisarías, lo que se comunicará de inmediato a la fiscalía especializada para que tome cartas de inmediato”. También se cumplirá este paso con los jueces intervinientes, señala el reporte oficial.
Las autoridades también elaboraron un acta en la que se dejó constancia que: “se cumplieron todos los pasos requeridos” por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para la implementación de la norma. El texto fue girado a la Fiscalía de Estado, que a su vez deberá disponer su envío al máximo tribunal provincial.
Así, tras casi una década de intentos frustrados, comienza a regir un sistema que habilita la “provincialización” de las causas relacionadas a la venta de estupefacientes “al menudeo”. Hasta ahora, estos expedientes venían siendo tramitados exclusivamente por la Justicia Federal.
Con este régimen, el Gobierno apunta a asumir la batalla contra los dealers barriales y a reducir el impacto de las drogas tanto en lo social como en el aspecto delictivo.
