¿Cristina condenada? La amenaza kirchnerista de una tormenta política

Cristina Kirchner aprobó su agenda del martes 6 como si se tratara de un día ordinario. Reuniones herméticas y actividades formales en el Senado. Se asomará a la Historia, que tanto la obsesiona, desde el cuadradito de un Zoom, para oír la sentencia del caso Vialidad. No espera otra cosa que una condena y así se lo hace saber a quienes la rodean.

Pero nadie que la conozca confunde su aparente desdén por el fallo con un gesto de resignación. A su lado se cocina desde hace días la respuesta política en todos los niveles a la decisión judicial que, de concretarse como vaticina el propio kirchnerismo, la obligará a relacionarse con la sociedad con el estigma de ser una condenada por corrupción.

Su círculo íntimo, liderado por la jerarquía de La Cámpora, tiene a su cargo de organizar la respuesta en la calle. Con Máximo Kirchner, Andrés Larroque y Wado de Pedro a la cabeza, han abierto un canal de diálogo con gremialistas, intendentes, piqueteros oficialistas y dirigentes de peso en el peronismo. Un comité de crisis que por ahora reniega de convocar formalmente una movilización. Prefieren jugar al 17 de Octubre y a la ilusión de lo espontáneo.

Los riesgos están a la vista. Quedó claro en la experiencia de agosto, posterior al alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Aquellas protestas derivaron en la absurda “guerra de las vallas” en Recoleta y terminaron el día en que Fernando Sabag Montiel quiso asesinar a Cristina en la puerta de su casa. El despropósito afectó el ánimo de la vicepresidenta y también expuso la percepción de lo delicado que puede ser sostener en el tiempo la fantasía de una rebelión popular.

“En la calle puede haber un fogonazo de protesta, pero la resistencia principal va a ser institucional y política”, advierte un dirigente peronista que ha visitado a Cristina en los últimos días.

No hubo que esperar al fallo. Su decisión de ponerse al frente de la reconstrucción electoral del oficialismo e instalar la hipótesis de su candidatura presidencial es una consecuencia de la deriva judicial. “Es una persecución a todo el peronismo”, es el mensaje que traslada a una dirigencia que, en gran medida, la sigue por carencia de opciones. En su relato hay una Justicia que la quiere “muerta o condenada”, la fórmula que encontró para ligar las investigaciones por corrupción con el intento de asesinato del 1 de septiembre.

Recompuso la relación con el Movimiento Evita y mandó emisarios a hablar con todos los gobernadores del peronismo, en busca de sellar una paz oficialista antes de la sentencia. El episodio de salud de Alberto Fernández en Indonesia le dio la excusa para llamar al Presidente por primera vez en mucho tiempo. Aunque esa relación nunca volverá a será amigable, tiene la certeza de que él expresará su inmediata solidaridad si el fallo es el que ella descuenta.

Fernández percibe cómo se encogen sus apoyos. Su “resistencia” se desinfla. El acto más relevante de su semana fue inaugurar un techo en la estación La Plata. Los ministros con peso territorial se dividen entre los que ya lo abandonaron y los que coordinan sus pasos con el cristinismo. Basta oír el llamado a “expresarse en las calles” contra la sentencia que hizo ayer Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas y socio fundador de la ensoñación albertista.

Los piqueteros que fueron el último ejército con que contaba el Presidente están movilizados a raíz de la amenaza de la ministra Victoria Tolosa Paz de cortar planes sociales en apariencia mal otorgados. Emilio Pérsico, que es el número dos del Ministerio de Desarrollo Social, organizó el viernes una protesta contra sí mismo y después entró a la Casa Rosada para negociar con Fernández. El Presidente le hizo promesas conciliadoras. Se fue preocupado, a la luz de los antecedentes.

Juegos de poder

Cristina Kirchner cree que el impacto político de la sentencia terminará por desarmar el plan reeleccionista de Alberto Fernández. Ella quiere conducir sin rebeldías la oferta del oficialismo, en defensa propia. “Si pierde el grip, queda a merced de los jueces enemigos”, sintetiza una fuente camporista. Así entiende ella la Justicia: ni más ni menos que un juego de poder.

La operación la obliga a reinventar su discurso, como se vio en el Estadio Único de La Plata en el virtual lanzamiento de campaña de hace dos semanas. Le toca conectar con sus potenciales votantes desde dos vías. Una emocional, para los convencidos que empatizan con la teoría del lawfare y eligen creer en su inocencia. Otra racional, que llegue a los desencantados del kirchnerismo. A ellos les habla de la inseguridad que los abruma y les ofrece volver a los “años felices” de los únicos gobiernos que reivindica y que no incluyen al actual, como si fuera un accidente de la naturaleza.

Para que se sostenga el tinglado necesita que la economía dé alguna señal de mejora. Por eso en su entorno escuchan las preocupaciones que transmiten desde la cercanía de Sergio Massa sobre un potencial caos callejero al calor de una condena. La agitación social se sabe cómo empieza, pero nunca hacia dónde deriva. Hay conciencia en un sector del oficialismo del peligro de sacar a la gente a protestar en medio de un proceso inflacionario que deteriora aceleradamente el poder adquisitivo del salario. Y más si es diciembre, mes maldito.

Massa es un fabricante de tiempo. Sirve un menú de pasos con infinitos tipos de cambio, bonos y negociaciones con los jugadores de la economía. La meta es resistir las presiones por una devaluación brusca. Máximo Kirchner toleró en silencio el lanzamiento del dólar soja II, que implicará una transferencia de casi 200.000 millones de pesos a favor del complejo agroexportador. “Las cerealeras nos pusieron de rodillas”, había dicho hace dos meses, con el primer experimento massista para captar dólares del campo. La necesidad tiene cara de sapo.

La gran incógnita es si la táctica de “estirar la mecha” de la bomba económica es compatible con la reacción kirchnerista a una sentencia contra Cristina. Una de las consecuencias que ya está a la vista es la batalla que ordenó la vicepresidenta contra los actores judiciales a los que acusa de impulsar las causas en su contra. Por encima de todos: la Corte Suprema de Justicia y su presidente, Horacio Rosatti.

Es una cruzada personal que tuvo un primer escenario de conflicto en el Consejo de la Magistratura. La Corte ordenó no tomarle juramento al senador Martín Doñate por considerar que el kirchnerismo había apelado a “un ardid” para dividir su bloque y quedarse con un lugar que le correspondía a la oposición. Cristina lo tomó como un reto político, insistió con nombrar a Doñate y aceleró. De su despacho partió la directiva a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para que dejara sin efecto el nombramiento de los diputados que deben ir al Consejo. La oposición estalló y se propuso bloquear la reelección de Moreau en el cargo.

La tarde de furia que se vivió el jueves en el recinto de la Cámara de Diputados –cuando Moreau habilitó una sesión con una polémica adaptación de las reglas de funcionamiento- expuso a todas luces el nivel de tensión política hacia el que se encamina el país.

“No nos vamos a dejar atropellar nunca más. Con esta gente hay que poner el cuerpo si es necesario”, advirtió Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro y protagonista central de la trifulca. En Juntos por el Cambio denunciaron a Moreau y juran que harán lo imposible para que no sea reelegida. Y que no habrá colaboración para votar ninguna de las leyes que está pidiendo Massa de acá a fin de año.

Los lazos entre el oficialismo y la oposición están cortados. No hay códigos. Entre insultos y gestos obscenos de un lado a otro, la diputada kirchnerista Blanca Osuna le gritó “asesino” a su colega Gerardo Milman, de Pro, al que Cristina quiere vincular en la causa del atentado en su contra por un extravagante testimonio incorporado a la causa. Todo puede ir a peor después de la sentencia.

Los fondos de la Ciudad

En este clima, la Corte Suprema se apresta a dictar la sentencia sobre el reclamo del Gobierno de la Ciudad por los fondos de coparticipación que la Casa Rosada le quitó en plena pandemia para reforzar la caja de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof acusa a Horacio Rodríguez Larreta: “El federalismo está en alerta máxima. Todos los días aparecen nuevos trascendidos, se conocen reuniones y se observan aprietes del macrismo a la Corte para que le ceda coparticipación a Larreta y así financie su campaña”, dijo esta semana el favorito de Cristina.

Larreta demoró la confirmación de la agenda de un viaje de instalación a Washington porque circulaba la versión de que este martes saldría el fallo del máximo tribunal. Ahora quedan dudas sobre si ocurrirá el mismo día en que sale la sentencia de Cristina. Pero el alcalde tiene otro motivo para demorar su salida hacia Estados Unidos: el temor de un desborde en las calles porteñas similar al que ocurrió en agosto y que puso en la mira del kirchnerismo a la policía porteña. De momento puso en alerta a la mesa de funcionarios encargados del orden público.

Cristina ya no está viviendo en Recoleta. En la Ciudad no creen que quiera llevar a la gente al lugar donde reside actualmente, que intenta manejar en reserva por cuestiones de seguridad. Pero desde el kirchnerismo nadie les anticipa a las autoridades porteñas si habrá o no concentraciones políticas el martes o los días subsiguientes.

“Está todo por verse”, dice una fuente del entorno de la vicepresidenta. Pablo Moyano la llamó para poner su gremio a disposición. Quedaron en llamarlo. A los gremialistas de ATE que hablaron de “una pueblada” les pidieron desde el Senado “bajar un cambio”. La amenaza mutó en “parar el Estado”. Máximo Kirchner pasó lista entre los intendentes del conurbano. Se mencionó la posibilidad de unificar las protestas ante el Palacio de Tribunales para marcar a la Corte como “la verdadera responsable de la sentencia”. Son “solo ideas”, aclaran.

La inquietud opositora

En Juntos por el Cambio se multiplican las conversaciones entre sus líderes. Anticipan una etapa de radicalización del kirchnerismo. Imaginan un Congreso paralizado, al igual que el Consejo de la Magistratura, y temen maniobras en el terreno electoral. En los últimos días se instaló la inquietud de que el Gobierno quiere postergar todo lo posible la fecha de las elecciones generales. Si bien se diluye la posibilidad de eliminar las PASO, no tendría tan complicado cambiar el calendario para votar en septiembre y noviembre (como pasó en 2021, en ese entonces con la excusa de la pandemia).

La hipótesis hace juego con las promesas que hace Massa sobre una baja de la inflación que le permita recuperar tono competitivo al oficialismo (y acaso convertirlo a él en candidato). “Si depende de nosotros no vamos a aprobar ninguna modificación electoral”, señala uno de los referentes principales de Pro.

Se acerca la hora de las definiciones. Larreta dio señales hacia el mundo del poder con la presentación de su equipo económico y el viaje que hará a Washington. Patricia Bullrich refuerza su campaña en todo el país. Facundo Manes ya decidió que en los próximos días anunciara su candidatura presidencial y se reunió con Gerardo Morales plantear las reglas con las que el radicalismo definirá a su representante en las internas de la coalición. Mauricio Macri monitorea la interna infinita entre partido y partido, desde Qatar.

Una preocupación inconfesable en el mundo cambiemita es la plasticidad de Massa para surfear la crisis económica y postergar la toma de decisiones críticas. “¿Vamos a permitir alegremente que nos dejen una bomba imposible de desactivar?”, se pregunta otro dirigente de peso en la conducción opositora. En el sector halcón empieza a haber pedidos de terminar con el fair play y empezar a jugar duro en ese terreno. “Hay que hablar con los banqueros que siguen renovando deuda en pesos y explicarles el riesgo que están tomando”, se sincera otro dirigente. Y añade: “¿No haría eso el peronismo?”