Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dijeron hoy que en el caso de la obra pública al empresario Lázaro Báez hubo “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal” y que la vicepresidenta Cristina Kirchner tuvo “un interés manifiesto sobre el plan criminal”.
Así lo expresaron en un adelanto de los fundamentos que darán a conocer el próximo nueve de marzo. En ese resumen, los magistrados explicaron su veredicto.
“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, dijeron los magistrados.
Los jueces aclararon que no juzgaron la decisión político de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de hacer obra pública ya que son cuestiones políticas no justiciables. “El análisis que hemos realizado se circunscribe, en concreto, a la forma en que se ha implementado esa política pública”, señalaron.
Entre las pruebas que los magistrados valoraron para condenar a nueve de los 13 imputados señalaron que las obras viales para Santa Cruz “fueron sistemáticamente adjudicadas” al grupo de las empresas de Báez y agregaron “cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.
Los jueces concluyeron que en el caso hubo un un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas” que cuantificaron en 84.000 millones de pesos que ordenaron que se decomisen entre los acusados. Para el tribunal ese perjuicio se dio por la diferencia entre el monto de las obras en los pliegos de licitación y el precio final que se pagó por la “concurrencia cartelizada al proceso licitatorio”. Y también por sobreprecios en por lo menos tres de las cinco obras que se peritaron.
Gorini, Giménez Uriburu y Basso sostuvieron que esos beneficios se dieron por “la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial”. Para los jueces esos lazos “fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)”.
“Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, dijeron. La referencia es a las causas Hotesur y Los Sauces, dos empresas de la familia Kirchner de hoteles y inmuebles que eran alquilados por Báez.
Cristina Kirchner hizo “llamativos y groseros aportes personales en la estrategia criminal, particularmente en su etapa conclusiva (año 2015)”. “Ese mismo dominio sobre el hecho -en esa etapa final- fue también advertido respecto de quien actuaba como intermediario (tanto funcional como fácticamente) entre los dos beneficiarios del contubernio. Nos referimos al ex Secretario de Obras Públicas de la Nación José Francisco López”, explicaron los jueces.
La referencia es a lo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola llamaron durante el juicio el “plan limpiar todo”. A través de mensajes de whatsapp del celular de López encontraron comunicaciones del ex funcionario con Cristina Kirchner y de él con Báez sobre cómo pagarle todo al empresario antes de dejar el gobierno y después cerrar las empresas. “Fueron conductas ajenas al ámbito funcional de cada uno y que, una vez más, pusieron de resalto la existencia de vínculos estrechos y corruptos entre funcionarios públicos e integrantes de una empresa contratista de obra pública”, analizaron los jueces.
Los magistrados señalaron que las irregularidades habían sido advertidas en causas judiciales, expedientes administrativos y en medios de comunicación a pesar de lo cual Cristina Kirchner y López “desoyeron deliberadamente las múltiples alarmas”, entre ellas la estrecha relación de los Kirchner con Báez.
“Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. También quedó suficientemente probado que la estrategia delineada entre funcionarios y empresarios se aseguró mediante el dictado de actos administrativos de las agencias referidas, siempre operando bajo una apariencia de legalidad”, concluyeron.
Los jueces tuvieron una disidencia vinculada a la asociación ilícita que pidieron los fiscales. Los jueces Gorini y Giménez Uriburu explicaron que en el caso no hubo una pluralidad de planes delictivos que es la base de la asociación ilícita. Basso sí entendió que se debía condenar por ese delito.
