Las relaciones con Juntos por el Cambio están rotas desde que Cristina Kirchner decidió arrebatarle al conglomerado opositor un escaño en el Consejo de la Magistratura, pero aún así el kirchnerismo pretende armar esta semana una sesión en el Senado con un temario “sin conflicto” para reunir el quorum que no tendrá por sus propios medios.
La idea del oficialismo apunta a poner al principal conglomerado opositor ante la disyuntiva de bajar al recinto o mantener su política de quite de colaboración en repudio a las maniobras de la vicepresidenta que mantienen paralizado al Consejo de la Magistratura y quedar como los responsables de bloquear iniciativas con un supuesto perfil social, alejado de la agenda judicial que tanto preocupa al kirchnerismo.
La jugada tiene un doble objetivo, ya que la ofrenda del temario “sin conflicto” busca, además, disimular que el oficialismo no tiene el número para sesionar en soledad, con la colaboración inestimable de sus aliados provinciales, como lo hizo en las últimas dos sesiones.
Esto es así porque José Leavy (Salta) se encuentra de licencia hasta el 16 de diciembre porque se fue a presenciar el Mundial de Qatar. La ausencia del salteño se suma a los problemas de salud que mantienen alejado del Senado al jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans (Formosa). Sin estos dos legisladores, el kirchnerismo y sus satélites legislativos apenas si suman 36 senadores, uno por debajo del quorum que se necesita para habilitar una sesión sin la necesidad de apelar a la oposición.
En la conducción del interbloque de Juntos por el Cambio saben que deberán tomar una decisión y que, cualquiera sea la determinación que se adopte, tendrá un costo político.
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“No hay comunicación con el oficialismo, vamos a ver qué deciden los bloques pero, a priori, no hay disposición a sesionar con un kirchnerismo que no hace otra cosa que traicionar cualquier gesto de buena voluntad que se pueda ofrecer”, confió a LA NACION un referente opositor.
La postura de Juntos por el Cambio quedó expuesta en el comunicado que el interbloque emitió el último 16 de noviembre, cuando el oficialismo aprobó en el recinto de la Cámara alta la designación de Martín Doñate (Río Negro) como representante de la “segunda minoría” en el Consejo de la Magistratura, desafiando el fallo de la Corte que había declarado nula una jugada similar que la vicepresidenta había impulsado en abril último, cuando llevó al bloque de Frente de Todos a dividirse en dos bancadas, nominadas como Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, para quedarse con tres de los cuatro escaños que debe enviar el Senado al organismo encargado de seleccionar y enjuiciar a los jueces.
“Una vez más Cristina Kirchner tensa la institucionalidad hasta romperla con el fin de servir a sus intereses personales. Por ello, este interbloque no va a convalidar una maniobra sumamente lesiva ni vamos a permitir ser arrastrados a un conflicto de poderes que sólo traerá como consecuencia la profundización de la división de los argentinos y el agravio a la paz social”, expresó en aquel momento la conducción de Juntos por el Cambio, encarnada en los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Luis Naidenoff (Formosa), y el macrista Humberto Schiavoni (Pro-Misiones).
“Aquella situación no cambió, por el contrario, se agravó”, precisó un senador de Juntos por el Cambio, refiriéndose al conflicto suscitado con los consejeros designados por la Cámara de Diputados después de que su presidenta, la massista Cecilia Moreau, decidiera suspender el decreto que nominaba a los cuatro representantes del cuerpo. Así, sin los ocho representantes del Congreso, el Consejo quedó integrado por sólo 12 miembros, sin quorum para poder funcionar.
En el oficialismo saben que la decisión de vaciar el recinto, situación que ya se había registrado el 22 de septiembre cuando el kirchnerismo y sus aliados aprobaron en soledad la ampliación de la Corte Suprema, provoca tensiones internas en Juntos por el Cambio, donde algunas pocas voces reniegan de la política de no dar el debate.
A agudizar esas contradicciones apuntan ahora, con una sesión en la que pretenden incluir temas como la ley de alcohol cero en la conducción de rodados, la eliminación de la exigencia de la fe de vida para que los jubilados puedan cobrar sus haberes y un proyecto de alivio fiscal a monotributistas y pequeños contribuyentes a partir de actualizar las categorías de alquileres devengados que se pueden deducir del impuesto a las Ganancias, iniciativa ésta última impulsada por el radical Víctor Zimmerman (Chaco).
