En una nueva muestra de su desprecio por la democracia y las instituciones constitucionales en Sudamérica, el gobierno argentino -junto a sus pares de Bolivia, Colombia y México- ha emitido un comunicado defendiendo el accionar del ex presidente del Perú Pedro Castillo quien hace menos de una semana intentó dar un autogolpe al decretar la clausura del Congreso de su país.
Las autoridades argentinas insistieron en reafirmar que Castillo sigue siendo el legítimo presidente del Perú y llamaron a “priorizar” la voluntad ciudadana expresada en las urnas. En los hechos, buscan restituir al poder a quien se colocó a sí mismo al margen del ordenamiento constitucional del Perú.
Porque lo que tuvo lugar el miércoles 7 de diciembre en el Perú fue un intento de Golpe de Estado por parte de quien hasta entonces era el titular del Poder Ejecutivo. Quien en su pretensión de clausurar el Congreso -un poder independiente- incurrió lisa y llanamente en un golpe de Estado contra la Constitución política del Perú.
Bajo el argumento de exigir se respete la “voluntad popular”, la diplomacia kirchnerista y de sus aliados actúan procurando exactamente lo contrario. Toda vez que, en los sistemas democráticos, la elección de un Jefe de Estado o de Gobierno por medio del sufragio popular no convierte a ese individuo en un emperador dotado de la suma del poder.
Las trasnochadas ensoñaciones de quienes se agrupan en el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla y el Socialismo del Siglo XXI parecen impedir a sus miembros comprender las bases más elementales del sistema democrático y la división del poder. Ganar una elección presidencial no implica el otorgamiento de un cheque en blanco.
Contrariamente a la posición esgrimida por el gobierno Fernández-Kirchner, el hecho de que el Congreso del Perú haya corregido inmediatamente la situación mediante una destitución de quien pretendía erigirse en dictador es una saludable noticia en una región a menudo sometida a ataques a las instituciones.
En el sistema interamericano, una serie de compromisos en defensa de la democracia y los derechos humanos nos hermanan en la búsqueda del mantenimiento de valores consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática (2001). Una vez más, la diplomacia de esta cuarta administración kirchnerista coloca a la Argentina en el triste papel de abogado defensor de quienes se alzan contra las instituciones democráticas en las Américas.
