El legislador porteño Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro, ambos dirigentes de Republicanos Unidos, presentaron una denuncia penal contra el Presidente por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que el Gobierno debe entregar a la ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables. También realizaron una denuncia penal la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los diputados nacionales de ese partido.
En la presentación de Republicanos Unidos a la que accedió LA NACION, los dirigentes del partido que preside Ricardo López Murphy cuestionaron la procedencia del recurso que el Gobierno ayer anunció que presentará para lograr la revocación ‘in extremis’ del fallo dictado por el máximo tribunal del país.
“Queda claro que el anunciado recurso que pretende interponer el Poder Ejecutivo Nacional es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente, y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia”, dijeron.
Los dirigentes afirmaron, además, que es improcedente la recusación a todos los jueces de la Corte porque es inoportuna. Y agregaron: “Estamos ante planteos manifiestamente improcedentes con los que se pretende brindar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir la sentencia dictada por nuestro máximo tribunal”. Según la presentación, el Presidente “pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aún en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos”.
Por otro lado, los diputados de la Coalición Cívica y la dirigente Elisa Carrió plantearon en un escrito presentado este mediodía que no es lógico que el Gobierno desconozca y desobedezca el cumplimiento de un fallo adverso a sus pretensiones, dado que aceptaron anteriormente la competencia y la integración de la Corte para intervenir en la controversia entre la Ciudad y la Nación.
No solo denunciaron penalmente al Presidente sino también al ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; al jefe de gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Los denunciaron por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
“En particular, el accionar desplegado por Capitanich implica instigar de manera pública al alzamiento o desobediencia de una resolución (sentencia) dictada por funcionarios públicos nacionales (Corte Suprema de Justicia de la Nación)”, considera la denuncia.
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“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, plantearon los referentes de la CC en el Congreso.
“El Estado Nacional consintió la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir el conflicto y se sometió al trámite de dicho trámite judicial, en el cual ejerció su derecho de defensa, en prueba cabal de observancia del debido proceso. Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”, afirmaron los denunciantes de la CC.
