En la denuncia, presentada el 24 de octubre de 2016 por el abogado Santiago Dupuy De Lome, se acusaba a la expresidenta de poner bienes, cuentas bancarias y acciones de sociedades a nombre de sus hijos para evitar responder a embargos en causas penales.
Sin embargo, tras una serie de medidas de prueba, el juez Rodríguez sostuvo que la cesión de derechos hereditarios gananciales que Cristina Kirchner realizó en favor de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner ocurrió antes de que fuera procesada y embargada.
En este sentido, el fallo judicial hizo alusión a una nota periodística que dio origen a la denuncia, pero determinó que el delito no pudo ser probado.
“Sin perjuicio de cuándo fue publicada la ‘noticia’ y de cuáles eran para ese entonces los autos de méritos decretados en los expedientes sustanciados en su contra, conforme se encuentra acreditado en la presente causa –mediante copias de la escritura correspondiente- la cesión de derechos hereditarios gananciales” de la ex presidenta en favor de sus hijos “tuvo lugar el 10 de marzo de 2016”, sostuvo Rodríguez .
Así, el juez federal argumentó que en esa fecha la vicepresidenta “no solo no se encontraba procesada -ni se había decretado embargo alguno sobre sus bienes- sino que ni siquiera había prestado declaración indagatoria. Sí se encontraba convocada a hacerlo (el 26 de febrero anterior había sido convocada para el 134 de abril siguiente) en la causa conocida como ‘dólar futuro’, explicó.
Además, el magistrado agregó que para el momento en el que se realizó la cesión de derechos, la causa “Los Sauces” todavía no había sido iniciada. Al respecto, sostuvo que ésta “se inició recién el 4 de abril de 2016 y Cristina Fernández no fue convocada a prestar declaración indagatoria en estas actuaciones sino hasta el 3 de febrero de 2017, cuando se la citó para el 7 de marzo siguiente”.
Por otra parte, el juez sostuvo que la denuncia, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, tenía también un inconveniente en relación al tipo legal: “Cabe recordar que el delito de insolvencia fraudulenta no se tiene como objeto para punir al insolvente, sino al deudor fraudulento que finge insolvencia o que realiza actos dispositivos de su patrimonio con el único propósito de eludir una obligación civil. Ello no ocurrió”.
En esa línea, Rodríguez expresó que “no solo el patrimonio de Cristina Fernández, sino el de la sociedad conyugal toda se encuentra al alcance del Estado si es que con él se debe responder a cualquier tipo de obligación que un accionar ilícito (que de momento no ha sido comprobado) pudiera, en un futuro, llegar a ameritar”.
