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El Gobierno quiere cobrarle un impuesto a los bancos o al juego para cumplir con la Corte y pagarle a la Ciudad

Enviará un proyecto de ley para que sea tratado en sesiones extraordinarias. El Presidente busca no caer en “desacato” pero que sea el Congreso el que defina de dónde salen los $ 110.000 millones que cuesta el fallo en 2023

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El presidente hace la V peronista en medio de Kicillof, beneficiario del recorte de fondos a CABA, y Massa, que vigila el presupuesto nacional
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El Gobierno reaccionará esta semana luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema, que obliga a reponer parcialmente a la ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que se le había quitado en septiembre de 2020. Tras la dura reacción inicial, ahora el Presidente Alberto Fernández prepara un proyecto de ley, junto al ministro de Economía, Sergio Massa. El objetivo es que sea el Congreso el que defina de dónde se obtendrán los recursos para cumplir con la sentencia y pagarle al gobierno porteño.

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El texto será enviado en el transcurso de esta semana para que sea tratado con carácter de urgente. Según pudo averiguar Infobae, la propuesta es que los $110.000 millones adicionales que precisa el Tesoro para cumplir con el fallo a lo largo de 2023 salga de un nuevo impuesto al juego o bien mantener el gravamen sobre las Leliq que venía cobrando la Ciudad.

Renovamos compromiso

Según había anunciado el jefe de Gobierno porteño, al recuperar los recursos de la coparticipación inmediatamente avanzaría con una reducción de impuestos. Por un lado, el 1,2% de sellos que se empezó a cobrar sobre las tarjetas de crédito emitidas en la ciudad de Buenos Aires. Y por otra parte reducir el impuesto a los Ingresos Brutos que se les cobra a los bancos por los intereses de las Leliq, devolviéndolo del 8% (nivel al que habían aumentado en septiembre de 2020) al 2,85 por ciento.

No innovar

En el caso del impuesto al sector financiero, se trataría “simplemente” de mantener esta alícuota del 8% y no rebajarla justo en el año electoral. De esta forma, lo que deja de cobrar la Ciudad pasaría a rentas nacionales. La opción es gravar directamente los ingresos del juego o bien que el esfuerzo sea compartido por ambos sectores. En cualquier caso, la decisión es que sea el Congreso el que se haga responsable de definir de dónde saldrán los recursos.

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El Gobierno ahora dice que quiere cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación, pero no tiene los recursos para enviarle a la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, enviará un proyecto de ley para que el Congreso apruebe nuevos tributos, ya sea a los bancos o al juego

Desde Economía explican que la otra opción sería sacarle recursos a la provincia de Buenos Aires. Pero se trata de una opción que está fuera de discusión, teniendo en cuenta que el 2023 es un año electoral y el conurbano es el principal bastión del kirchnerismo. Además, el gobernador Axel Kicillof se juega todo a su reelección y tiene buenas chances de lograrla, a pesar de la crisis y los elevados niveles de pobreza que sufre la mitad de las familias que viven en la provincia de Buenos Aires.

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El fallo de la Corte, por otro lado, indica explícitamente que los recursos a favor de la Ciudad deben provenir del propio Tesoro, sin afectar al resto de las provincias en la masa coparticipable.

Al mismo tiempo, desde la Casa Rosada avanzarán en forma simultánea con una ofensiva judicial para ganar tiempo y no caer en desacato, mientras el Congreso define el esquema de financiamiento para el gobierno de Rodríguez Larreta.

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El fallo de la Corte implica una erogación de $ 110.000 millones a favor de la ciudad de Buenos Aires, que no está prevista en el Presupuesto. ya quedó descartado que los recursos sean aportados por la provincia de Buenos Aires, mucho menos tratándose del bastión kirchnerista y en medio del proceso electoral

Se presentaría una apelación para poner efecto suspensivo sobre el fallo de la Corte, que es cautelar y no se expidió sobre la cuestión de fondo. Pero al mismo tiempo se abrirá una cuenta comitente en el Banco Nación, a la espera de la sentencia definitiva. Así se dejaría clara la voluntad de pago, evitando el desacato ante un fallo de la Corte Suprema. “No queremos estar en desacato, queremos una ley que nos diga de dónde sacamos la plata para cumplir con el fallo”.

Dólar inquieto

En medio de la polémica con la Corte, el dólar ganó temperatura sobre el cierre de la semana. En alguna medida sorprendió que trepara a 15 pesos en apenas jornadas, pasando de $ 325 a $ 340, justo en un momento de mayor demanda de pesos por parte del público y las empresas.

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Sin embargo, una de las explicaciones para este ajuste estaría relacionado con el intercambio de información de la Argentina con Estados Unidos. Muchos inversores, sobre todo chicos y medianos, optaron por cerrar cuentas negras en el exterior y traerse las divisas al país, a través de operaciones de “cable”. Pero el paso siguiente es salir a comprar billetes y guardarlos en cajas de seguridad, para mantenerlos en negro.

Sorprendió la suba de 15 pesos del dólar libre justo en el momento de mayor demanda de pesos. Pero esta vez hubo muchos inversores que entraron divisas del exterior vía “cable” y luego compraron billetes en cuevas para mantenerse en el mercado informal. Entre BCRA y ANSES evitaron que la suba se traslade al resto de los dólares financieros vía intervención en el mercado de bonos

Esa demanda inusual de dólares impactó en las cuevas, en un momento de poca oferta, lo que impactó automáticamente en los precios. El Central procuró junto con la Anses que esta suba no impactara en los restantes dólares financieros, a través de la intervención en el mercado de bonos. Es posible que esta mayor presión compradora de dólares continúe en las próximas jornadas ante la búsqueda de refugio antes del arranque de 2023, que es cuando arranque el intercambio de información financiera con Estados Unidos.

Esta semana también traerá novedades en esa dirección, ya que el ministerio de Economía avanzará con el proyecto de ley de blanqueo de capitales, tal como había adelantado Sergio Massa. Habrá incentivos para quienes decida exteriorizar activos de manera voluntaria y cuanto antes lo hagan menor será la alícuota.

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