Los argumentos que esgrimen Fernández y un grupo de gobernadores para enjuiciar a la Corte

La integración del Consejo de la Magistratura, el conflicto por los fondos coparticipables entre la ciudad de Buenos Aires y la Nación y el entorno del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Sobre esos tres ejes se sostiene el escrito de 35 páginas que Alberto Fernández y once gobernadores presentarán a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para acusar e intentar destituir a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, y que condensa las críticas emitidas por el kirchnerismo durante el año pasado contra el máximo tribunal por una serie de decisiones que le resultaron adversas.

Además de señalar concretamente a Rosatti, el escrito puntualiza en la supuesta responsabilidad de los otros tres jueces supremos Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz en distintas conductas que considera reprochables para removerlos de sus cargos.

El fallo de la Corte que declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura y que restituyó la integración anterior y los posteriores pronunciamientos del máximo tribunal respecto del órgano que sanciona y nombra a los jueces es uno de los principales motivos de la presentación que hará el Gobierno mañana en el Congreso, además del vínculo entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro y el director general de la vocalía de Rosatti en la Corte, Silvio Robles, basados en la filtración ilegal de una serie de conversaciones entre ambos.

El primer señalamiento del escrito a los jueces del máximo tribunal es que incurrieron en las causales de mal desempeño que establece el artículo 53 de la Constitución Nacional. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo”, indica la presentación.

Entre varios puntos, la presentación cuestiona que Rosatti no se excusara de intervenir sobre la integración del Consejo de la Magistratura. Al denunciar “el asalto al Consejo de la Magistratura”, el texto dice: “El fallo contó con el voto favorable de los doctores Rosenkrantz y Maqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa”.

Además, con una mención al fallo que anuló la partición del bloque del Frente de Todos en el Senado que hizo Cristina Kirchner para tener un representante más en la Magistratura, Fernández y los gobernadores que adhirieron al pedido denunciaron que la Corte “avanzó sobre la autonomía del Senado e impuso de manera arbitraria cómo deben organizarse sus bloques”. Y se refirieron también a las decisiones del máximo tribunal sobre la manera en que debían asumir los diputados que habían sido elegidos para desembarcar en el Consejo.

La presentación acusa puntualmente a Rosatti de haber diseñado una “maniobra arbitraria e ilegal” al asumir la presidencia de la Corte, para luego “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura. “Es claro que Rosatti, en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual, como se desarrollará en el punto siguiente, asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación”, denunciaron los gobernadores y el Presidente.

Contra D´Alessandro y Robles

El vínculo entre D’Alessandro y Robles es otro de los elementos resaltados por el pedido de juicio político contra el actual presidente del máximo tribunal. De allí surge, también, el cuestionamiento sobre la más reciente decisión de la Corte en el marco del conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los recursos coparticipables, que resultó favorable a la administración porteña.

“En el marco de la revelación periodística de conversaciones entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el señor Silvio Robles, ya señalada en esta presentación, aparecen menciones directas a la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la disputa sobre el porcentaje de fondos coparticipables que corresponden a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dice la presentación, anticipada este martes por la Casa Rosada.

También mencionan los gobernadores que Rosatti debió haberse excusado de intervenir en el conflicto por la coparticipación: “El decoro y respeto por la máxima autoridad judicial de nuestro país, el rol institucional que ocupa como Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, no menos importante, la mínima sospecha de parcialidad en la resolución del caso ameritaba que Rossati se excusara de seguir interviniendo en el caso. Recordemos que era D’Alessandro quien asistía a las audiencias en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Horacio Rosatti no se excusó y los restantes miembros del Tribunal, posiblemente ignorando el alcance de la relación entre Robles y D’Alessandro, prefirieron sostenerlo”, agrega el texto que será presentado en el Congreso.