“Es una respuesta en una entrevista”. Con esa frase, desde el gobierno de Alberto Fernández relativizaron la propuesta del ministro de Justicia, Martín Soria, que en el marco de la disputa con la Corte Suprema, afirmó que “la Constitución no impide” una reforma vía DNU del Consejo de la Magistratura, hoy presidido por Horacio Rosatti, blanco del oficialismo a través del pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal de Justicia.
Prudentes, desde el oficialismo evitaron cuestionar las declaraciones y la propuesta de Soria, que suele representar las posturas del sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero también dejaron en claro que no se trata, por el momento, de una prioridad para el Gobierno.
“Lo que dijo el ministro es que por supuestos existen mecanismos constitucionales como el mecanismo del DNU, que efectivamente existe. Lo que entendemos es que el juicio político tiene que ser muy claro y certero en mostrar la responsabilidad de quien hoy preside el Consejo de la Magistratura, lo tiene absolutamente detenido y además puso en vigencia una ley derogada para autoproclamarse presidente”, dijo hoy la portavoz Gabriela Cerruti durante la conferencia de prensa semanal en la Casa Rosada.
¿Se piensa entonces en un decreto? “El Presidente, con los temas judiciales, está pensando en el juicio político que se va a iniciar próximamente”, completó Cerruti en relación a la propuesta del ministro de Justicia.
“Claro que sí hay posibilidades. El artículo 99 de la Constitución Nacional que habla de los DNU en ningún momento impide que se pueda llevar adelante la reforma de esta manera”, dijo ayer Soria en declaraciones radiales. “Tenemos que pensar que el bloqueo al Consejo de la Magistratura es ni más ni menos lo que nos está pasando con el Congreso de la Nación”, dijo Soria en Radio con Vos, siempre con el presidente de la Corte Suprema y la oposición como objetivo de sus críticas.
Sin movimientos
Desde el oficialismo dejan trascender que no hay una presentación en ciernes relacionado con reformar por decreto el Consejo de la Magistratura, una iniciativa que sí o sí debería pasar por el Congreso para su aprobación. Ni en la secretaría de Legal y Técnica, que encabeza Vilma Ibarra, ni en el despacho del vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, las terminales “jurídicas” del Presidente, reconocen movimientos en ese sentido.
En el Gobierno prefieren “concentrarse” en el juicio político a Rosatti y los demás miembros del Alto Tribunal, a pesar de que no cuentan con los votos suficientes como para que esos juicios sean avalados por el parlamento.
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En la conferencia de prensa, Cerruti insistió en que el pedido de juicio político es “una decisión histórica”, y centró las acusaciones en la asunción de Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura y el fallo de la Corte en favor de la ciudad de Buenos Aires relacionado con la coparticipación, ambos como ejes centrales de la acusación.
Afirmó que se seguirá dialogando para lograr más apoyos y minimizó las resistencias de algunos gobernadores peronistas a apoyar el pedido, como el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Sobre el mandatario entrerriano, afirmó que “participó de la reunión con el Presidente, en ningún momento dijo otra cosa. Se arrepintió o cambió de opinión, cada uno es libre de hacer lo que quiere”, dijo la portavoz. Consultados por LA NACION, voceros del mandatario afirmaron que no responderían las acusaciones, y destacaron que “participar (de una reunión) no es avalar” lo que allí se proponga.
En lo que sí fue directa la portavoz fue en culpar a la oposición por la difusión de los presuntos chats vinculados al secretario de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro y el secretario de Rosatti, Silvia Robles. “Esos chats tienen que ver con una interna de seguridad de Cambiemos”, afirmó la portavoz. “Este gobierno no persigue a los opositores, terminó con los sótanos de la democracia. El macrismo inventó este monstruo y lo está usando para jugar su interna. Este gobierno defiende la privacidad de todos los ciudadanos”, concluyó.
