“Nadie se baja”: el acuerdo al que llegaron los 16 diputados oficialistas que enjuiciarán a la Corte

Para afuera solo emitieron un comunicado lavado, en el que buscaron garantizar que se respetarán los procedimientos constitucionales y el reglamento parlamentario. Pero para adentro, la orden fue tajante: “Acá el que empieza tiene llegar hasta el final”. Los destinatarios fueron los 16 diputados oficialistas que forman parte de la comisión de Juicio Político y que, desde allí, llevarán adelante la acusación contra los jueces de la Corte Suprema.

La dualidad entre lo público y lo privado en el comportamiento de los diputados del Frente de Todos tiene una explicación política. “Va a haber mucha cautela hasta que se inicie el proceso para evitar recusaciones, amparos y todas esas cosas”, deslizó uno de los legisladores kirchneristas. Y puso como ejemplo el pedido de apartamiento que hizo el diputado radical Rodrigo de Loredo contra la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, acusándola de no respetar “la imparcialidad del debido proceso”.

De ahí que diputados que suelen hablar sin pelos en la lengua, como Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade o José Luis Gioja, se limitaron a acordar el texto de un comunicado en el que afirmaron dócilmente que impulsarán “un debate profundo, con argumentos, alejados de toda chicana e interés mezquino”. La repentina prudencia de quienes habitualmente apelan a la pirotecnia discursiva es un oasis que se esfumará ni bien comience el juicio político.

Mientras tanto, el jefe del bloque oficialista, el rossista santafesino Germán Martínez, y la secretaria parlamentaria, la camporista porteña Paula Penacca, iniciaron una ronda de conversaciones con los 16 diputados que integran Juicio Político para tratar de mantenerlos unidos, a sabiendas de que entre ellos hay tantas diferencias como las hay entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, el trío de conducción del Frente de Todos, que casi nunca actuó en consonancia en los últimos años.

De hecho, la presidenta de la comisión, la entrerriana Gaillard, es considerada como una albertista, pero se espera que la voz cantante de la embestida contra la Corte –especialmente contra Horacio Rosatti– la lleven los diputados del kirchnerismo duro. A su vez, los tres representantes del massismo confirmaron que permanecerán en la comisión, pese a que el ministro de Economía es uno los principales perjudicados por la estrategia de Juntos por el Cambio, que bloqueará una por una las iniciativas que el jefe del Palacio de Hacienda tiene para apuntalar las reservas y mantener el nivel de actividad este año, mientras dure el juicio político.

“El blanqueo, la ley de GNL, la de Agroindustria y el Monotributo tech están diseñados para recaudar en dólares no solo este año, sino también en 2024 y 2025. Eso beneficiará también al próximo gobierno”, se lamentan cerca de la presidenta de la Cámara baja, la massista Cecilia Moreau, quien se mantiene apartada de los preparativos del juicio político a los integrantes de la Corte, pese a que en el Frente Renovador –la fuerza de origen de Massa– consideran que el fallo de los supremos que favoreció a la ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación complicó en extremo a su jefe político, porque “los fondos para acatar la orden de pago, en esos términos, no están”.

Más allá de las diferencias internas, que a esta altura no se esfuerzan en ocultar, en el oficialismo hay una coincidencia política, expresada puertas adentro: “Juntos por el Cambio está haciendo un uso desproporcionado del juicio político; saben que no hay ninguna posibilidad de que salga en el recinto, como sucede con otros 17 ó 18 pedidos que hay, e igualmente paralizan el Congreso; eso es lisa y llanamente una estrategia electoral”, se indignan en el Frente de Todos, como si no hubieran sido Alberto Fernández y los gobernadores del PJ los que le dieron el primer hervor al enjuiciamiento.

El kirchnerismo recela de la avanzada presidencial contra la Corte. No porque no esté de acuerdo, sino porque Fernández se les adelantó en la iniciativa política. Por eso los diputados afines a la vicepresidenta presentarán su propio pedido de juicio, con el argumento técnico de que de esa forma el dictamen acusatorio tendrá vigencia por tres años y no uno solo, como sería si llevara la firma del Presidente y los gobernadores, ajenos al Congreso.

La propia Cristina Kirchner se mantiene en silencio pese a que en los últimos años sus preocupaciones giraron centralmente en torno a las resoluciones de la Corte y de los jueces federales. Y para Massa, el ruido político no es conveniente para la recuperación económica, sobre la que pretende mantener centralidad en el 2023 electoral. Aún así, los 16 diputados que tienen distintas terminales políticas en el Frente de Todos acordaron avanzar. “Nadie dijo que se baja. Ahora estamos todos en el mismo barco”, graficó uno de ellos.