Con el aval público de Alberto Fernández y el apoyo silencioso de Cristina Kirchner, la bancada oficialista de la Cámara de Diputados resolvió ayer el cronograma de trabajo que ejecutará la Comisión de Juicio Político para aprobar las acusaciones presentadas por el Gobierno contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.
Esa hoja de ruta iniciará hoy con la convocatoria formal a las reuniones de la Comisión de Juicio Político, que empezarán el 26 de enero, continuará el 2 de febrero con la argumentación formal de los 11 casos ya presentados, y tendrá un pico de tensión institucional el próximo 9 de febrero.
Ese día, los 16 miembros peronistas resolverán que la Comisión de Juicio Político trate todas las acusaciones que empuja el Presidente contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
En la Comisión de Juicio Político se han presentado 11 denuncias -ente el oficialismo, la oposición y particulares-, pero los diputados peronistas votarán a favor de los casos que tienen el aval de Balcarce 50 y los 11 gobernadores oficialistas.
Es lo que quiere Alberto Fernández y avala CFK en silencio.
El jefe de bloque de Diputados, Germán Martínez, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, y la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, Claudia Penacca, resolvieron ayer ese cronograma de trabajo que será impuesto a los legisladores de la oposición.
El oficialismo tiene mayoría en la comisión de Juicio Político y fija las reglas de juego.
Alberto Fernández, Germán Martínez y Carolina Gaillard durante un encuentro en Olivos para tratar el juicio político a la Corte Suprema
El proyecto de Resolución solicitando el juicio político que presentó Eduardo Valdés -junto a otros 14 diputados peronistas- tiene 410 fojas de extensión. Ese proyecto divide las acusaciones por cada integrante de la Corte Suprema y hace eje en sentencias del alto tribunal vinculadas a la Coparticipación Federal, el Consejo de la Magistratura, los Derechos Humanos -caso Muiña- y la Obra Social del Poder Judicial.
La presentación parlamentaria de Valdés no sólo ataca las sentencias que Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda dictaron en ejercicio de sus facultades constitucionales, sino que además habilita la posibilidad de utilizar como prueba ciertos chats privados que fueron hackeados de las cuentas de sus titulares.
Esos chats no pueden ser utilizados como evidencia. Se trata de un fruto del árbol envenenado, ya que es una supuesta prueba viciada de ilegalidad. Los miembros oficialistas de la Comisión de Juicio Político podrían releer el caso Silverthorne Lumber Company contra Estados Unidos, que dio origen a la doctrina del Fruto del Árbol Envenenado y su aplicación recurrente en la jurisprudencia nacional e internacional.
En la foja 80 del proyecto oficialista de juicio político se lee lo siguiente.
“IV.- 3. CITACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DENUNCIADOS:
Sin perjuicio de la facultad contemplada en el art. 13 del Reglamento Interno, solicitamos se cita a la Comisión de Juicio Político a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
– HORACIO DANIEL ROSATTI
– CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ
– JUAN CARLOS MAQUEDA
– RICARDO LORENZETTI”.
Este párrafo de la presentación causa un hecho inédito en la historia del derecho parlamentario. El articulo 13 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político establece:
“Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la Comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”.
Es decir: los diputados oficialistas proponen en el juicio político a la Corte que se viole el reglamento de la comisión para citar a Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. Entonces, los legisladores peronistas intentan juzgar a los miembros de la Corte por sus presuntas sentencias ilegales a través de acciones que la propia Comisión de Juicio Político prohíbe taxativamente en el artículo 13 de su reglamento.
Los dieciséis miembros oficialistas de la Comisión -más los quince que firmaron el proyecto de Resolución- no están solos en su interpretación jurídica del artículo 13 del reglamento. Alberto Fernández piensa lo mismo, y fue clave su mirada personal para definir que sean citados los cuatro miembros del alto tribunal.
Eso sucederá antes que concluya marzo. Así figura en el plan de batalla que la Casa Rosada diseñó contra la Corte Suprema.
