La decisión del Ministerio de Desarrollo Social de suspender a casi 160.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que registraron incompatibilidades o no completaron la validación de identidad abrió una fuerte grieta entre los movimientos sociales. La Unidad Piquetera, que integran agrupaciones de izquierda, acusa a las organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP de verse beneficiadas con los fondos que el Estado nacional se ahorra con la reducción de planes.
El miércoles, la Unidad Piquetera -Polo Obrero y Barrios de Pie, entre otras- marchó a la sede del Ministerio en la Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones denuncian que buena parte de los beneficiarios suspendidos no pudieron acceder a la auditoría, que se realizó de forma virtual. Además, reclaman que todos los afectados por las suspensiones sean citados en sus distritos para poder revertir la situación. También continúan las presiones por la apertura de nuevos cupos para planes sociales y un aumento que cubra la canasta básica.
El lunes las organizaciones piqueteras se reunirán para definir la continuidad del plan de lucha contra el Gobierno nacional. Según anticipó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, analizan la posibilidad de realizar un acampe y una protesta nacional con cortes de ruta, a menos que la ministra Victoria Tolosa Paz se comprometa a recibirlos en los próximos días.
A fines del año pasado, luego de semanas de tensión y protestas cuando el Ejecutivo amenazaba con realizar un recorte de planes, los movimientos sociales que integran el Frente de Todos llegaron a un acuerdo con el Ministerio, negociaron mayor asistencia y frenaron las movilizaciones contra su propio Gobierno. Luego, cuando la cartera social anunció que se había suspendido a 154.441 beneficiarios del Potenciar Trabajo, no hubo grandes críticas desde esas organizaciones.
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En los últimos días volvió a estallar la pelea entre los movimientos sociales: los referentes de la Unidad Piquetera acusan a las organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) salir ganando con el recorte de planes.
La UTEP incluye a organizaciones como el Movimiento Evita que encabeza Emilio Pérsico, Somos Barrios de Pie que lidera Daniel Menéndez, la CCC que conduce Juan Carlos Alderete y el MTE de Juan Grabois. Los cuatro movimientos tienen a sus líderes o a referentes en áreas clave del Ministerio de Desarrollo, que están a cargo del movimientos de fondos del Potenciar Trabajo y para las cooperativas.
En noviembre, a través de un decreto de Alberto Fernández, el Ejecutivo dispuso que ya no pueda ampliarse el número de titulares de programas como el Potenciar Trabajo y estableció que el “ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital”.
“El lunes nos reunimos con Pérsico. Defendió lo que está haciendo el Ministerio y que la plata vaya a las cooperativas. Las organizaciones de la UTEP son las que tienen la mayoría de las cooperativas. Nosotros no cambiamos compañeros por plata”, lanzó Belliboni.
“No estamos en contra de que las cooperativas reciban recursos y herramientas, pero cómo le vas a sacar a los beneficiarios del programa que son los que menos tienen. No creemos que sea una cuestión de corrupción, es una cuestión de redireccionamiento de recursos: ‘En vez de que la plata vaya a gente que no tenemos idea quiénes son, que mejor vaya a nuestra cooperativas’”, agregó el referente del Polo Obrero.
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Por trabajar en Unidades de Gestión -en gran medida cooperativas-, los beneficiarios del Potenciar Trabajo reciben la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que desde febrero será $67.743: es decir, $33.871. En un cálculo esquemático, en la Unidad Piquetera afirman que con la baja de 154.441 planes, el Estado ahorrará unos $5200 millones, que irán destinados a la compra de herramientas o “bienes de capital” para esas unidades de gestión.
Desarrollo social abrió un periodo de reclamos hasta mediados de febrero para aquellas personas que no pudieron completar la auditoría y fueron suspendidas. Podrán hacerlo otra vez de forma virtual con Mi Argentina o en los 56 Centros de Referencia de la cartera en todo el país que, para las organizaciones opositoras, quedan a cientos de kilómetros de distancia para miles de beneficiarios del Potenciar Trabajo.
La respuesta de las organizaciones oficialistas
Tras las acusaciones de Belliboni, desde las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP salieron a contestar. “Es muy sencillo. No hay ningún ajuste en los fondos. El Potenciar Trabajo no es una transferencia de dinero sin contraprestación. Una parte se va a revincular al esquema productivo y lo que no se revincule van a ser parte del fondo de la política social”, dijo Daniel Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie, a TN.
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“Son un sinsentido los cuestionamientos públicos, sobre todo cuando se ha instalado un fuerte desprestigio de la política social. Nosotros estamos de acuerdo con una política social que audite y con la transferencia de recursos que hoy no forman parte del esquema de contraprestación para fortalecer las unidades productivas en las que trabajan 1.200.000 de beneficiarios del Potenciar Trabajo”, agregó.
En el MTE que conduce Juan Grabois también defendieron las medidas. “Los casos que no debieron suspenderse se van a corregir. Nosotros hemos manifestado nuestras diferencias muchas veces, pero la validación de identidad fue bastante masiva. Las críticas de la Unidad Piquetera son un intento de llevarnos a la calle de mala manera”, señalaron.
