Entre cruces y chicanas, el oficialismo de Diputados impuso su mayoría en la comisión de Juicio Político y aprobó –16 votos contra 15– la resolución que admite las denuncias contra los cuatro jueces de la Corte Suprema y da apertura a la investigación, producción de pruebas y la citación de testigos.
Finalmente el Frente de Todos declaró admisibles los 14 proyectos que estaban sobre la mesa en contra de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En total suman más de 60 denuncias.
“El tenor de las denuncias ,de ser probadas, serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicano y democrático”, sostuvo la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard.
Se trata de los siete expedientes presentados por organizaciones y ciudadanos particulares -incluida la senadora Juliana Di Tullio- y los siete escritos por diputados, entre ellos, dos expedientes de la Coalición Cívica, que apuntan únicamente contra Ricardo Lorenzetti.
Los diputados de Elisa Carrió -que acusan a Lorenzetti por “irregularidades administrativas”- sostuvieron su denuncia, pero se negaron a quedar pegados al kirchnerismo. Por eso, ante el sistema de votación unificado de todos los expedientes planteado por el FdT terminaron votando en contra, junto al resto de los legisladores de Juntos por el Cambio y el diputado federal Alejandro “Topo” Rodríguez.
“Decidieron votar en paquete y me parece una mala decisión. Se pierden la oportunidad de hacer al menos un juicio político sobre cuestiones concretas y no que violen la independencia del Poder Judicial”, apuntó el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien ya había adelantado que no iban a “ir contra una Corte entera para presionarla”.
Para López la iniciativa del FdT “es una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda”. “Pretenden juzgar a todos los miembros de la Corte a como dé lugar sobre la base de acusaciones falsas porque lo que les molesta es el contenido de las sentencias”, sentenció.
Dado que la aprobación en el recinto es imposible, porque el oficialismo necesita dos tercios y no los tiene, la oposición insistió a lo largo de la reunión en que es un mero “circo” para “presionar” a los jueces. También apuntan que el oficialismo no puede enjuiciar a los jueces por sus fallos.
“Este proceso es producto de 16 años de conflicto entre el kirchnerismo y el Poder Judicial y ahora se agudiza porque se conoció una sentencia condenatoria de la Vicepresidenta”, planteó el radical Mario Negri.
El oficialista Leopoldo Moreau recogió el guante: “No son sentencias abstractas. Estamos hablando de sentencias que han sido negociadas por el presidente de la Corte, a través de su mano derecha, con funcionarios del Gobierno de la Ciudad”, retrucó en alusión a los chats filtrados ilegalmente entre el ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo Silvio D’Alessandro y el vocero del juez Rosatti.
El uso de la información de esos chats como prueba será motivo de cruces en las próximas reuniones. “Como institución no podemos avalar el ingreso de ese tipo de material como prueba, aunque sea un juicio político y no legal”, advirtió la oposición.
A su vez, Moreau consideró que la Corte “se ha transformado en un cuarteto de fulleros que juegan al truco con la Constitución y encima se mienten entre ellos y cada tanto hacen el juego de la sillita para cambiar mayorías”.
El debate se extendió por más de siete horas y tuvo momentos de acusaciones cruzadas. Entre ellas, el jefe del bloque del FdT Germán Martínez pidió la palabra para denunciar dos “faltas de respeto” contra su bancada porque legisladores opositores habían señalado que son “ventrílocuos” del Presidente y los gobernadores y que Lorenzetti “les da letra”.
“No solamente no nos da letra, sino que, yo al menos no tengo problema, les doy mi teléfono. Fíjense si hay alguien que a 50 kilómetros de Lorenzetti que tenga vinculación conmigo. No sé si todos puedan decir lo mismo con Horacio Rosatti”, disparó Martínez.
El grueso de las denuncias apuntan a los magistrados por tres fallos: el que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, el que obligó a la Nación a incrementar la coparticipación a la Ciudad, el fallo del 2×1 en el caso “Muiña” por lesa humanidad. También por supuestos desmanejos en la Obra Social de los judiciales, aunque la justicia no encontró allí ninguna irregularidad.
La comisión retomará el trabajo el jueves que viene, para organizar el cronograma de la nueva etapa. Una vez abiertos los sumarios contra los jueces el kircherismo planea citar como testigos a gobernadores, funcionarios nacionales, organismos de Derechos Humanos y Juristas K.
Entre ellos, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el ministro de Interior Eduardo “Wado” De Pedro; a Eugenio Zaffaroni, el español Baltazar Garzón; y referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. También a D’Alessandro y Robles.
Un debate caldeado
La tercera reunión de Juicio Político comenzó con un tenso cruce, debido a que el informe del oficialismo fue presentado 48 minutos antes del inicio de la comisión. Otro momento que generó rispidez fue cuando el oficialismo propuso a un diputado riojano para ocupar la vicepresidencia segunda y salieron a cuestionarlo.
“Más allá de las condiciones académicas o políticas del diputado del Frente de Todos, no puedo dejar pasar que el gobernador de La Rioja en diciembre, cuando la Corte Suprema sacó la cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que él no iba a acatar ningún fallo, que había que desconocerlo”, expresó Juan Manuel López.
Germán Martínez salió a responderle y acusó al diputado de la Coalición Cívica ARI de concurrir a “picantear” la reunión. Finalmente, Gaillard pasó a votación la designación del diputado Herrera, que fue aprobada por el oficialismo por mayoría y sin los votos de la oposición.
El legislador de la CC-ARI durante su exposición acusó de “menemista” el procedimiento de juicio político y sostuvo que los dirigentes del Frente de Todos tienen preparado el relato respecto del juicio político de la Corte.
“Este juicio político constituye un alzamiento del Presidente [Alberto Fernández] y de un grupo de gobernadores. Se trata de un acto abiertamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático. Ustedes, al restringir la deliberación de los magistrados, restringen su independencia”, disparó Juan Manuel López.
En ese marco, afirmó que “los pedidos de juicio político socavan la independencia del Poder Judicial” y apuntó contra el oficialismo: “No dimensionan el daño que le están haciendo a la democracia”.
“Por eso piden que los juzgue la historia para no rendir cuentas. Yo creo que esa frase de la líder de su espacio político es clara respecto de lo que piensan, quieren que los juzgue la historia y la historia los va a juzgar”, sentenció.
La referencia es a la frase que pronunció Cristina Kirchner en 2019, durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), cuando manifestó: “Este tribunal seguro es del lawfare y seguro ya escribió la condena. No me importa, sepan, no me importa. A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar la historia”.
En el mismo tono crítico continuó Mario Negri, quien cuestionó el “ensañamiento” de los legisladores contra los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
“Los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, las causales invocadas son artificiales, son dogmáticas y carecen de sustento real”, expresó el legislador radical.
El descargo del oficialismo corrió por cuenta del diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que por sus sentencias y “manejos mafiosos” es “imprescindible” abrir la investigación sobre los miembros del máximo Tribunal.
“Negarse a abrir la investigación es cerrar los ojos frente a uno de los poderes más corruptos que lamentablemente tiene el sistema republicano”, expresó el diputado oficialista.
Asimismo, aseguró que el máximo tribunal de Justicia “asume facultades que no le son propias y ese es el verdadero golpe de Estado”.
Por su parte, el diputado del PRO Pablo Tonelli advirtió que la Comisión de Juicio Político “no puede ni debe ser una instancia de revisión de sentencias, a lo sumo una instancia de control”, pero aclaró que la única excepción para que los jueces puedan ser juzgados por sus sentencias es el prevaricato.
“Estamos hablando de denuncias fundadas en el contenido de las sentencias. Lo que me interesa destacar es por qué no se puede someter a los jueces a enjuiciamiento por el contenido de sus sentencias. La razón es muy clara y poderosa: se acaba la independencia judicial”, aseveró.
En esa línea, el diputado opositor continuó: “Los jueces ya no podrían tener la libertad de decidir las causas según su leal interpretación de la ley y la Constitución sino que estarían pensando o calculando cuál es el criterio del gobernante de turno para adecuarse a ese criterio y se acaba la independencia judicial”.
“¿A quién beneficia la independencia judicial? Beneficia a los más débiles, a los desprotegidos, no a los poderosos que siempre han encontrado a lo largo de la historia de la humanidad el modo de defenderse”, agregó.
A su turno, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, destacó que lo que se está definiendo “no es ni más ni menos que abrir un sumario” y aclaró que no saben cuánto va a durar el proceso.
“Estamos haciendo las cosas bien en esta comisión. No nos estamos adelantando a ninguno de los pasos que hay que dar para poder avanzar. Lo hicimos desde el primer minuto, inclusive cuando muchos dudaban de la aplicabilidad o no de la herramienta de juicio político en estas circunstancias”, enfatizó Martínez.
Y completó: “Hoy acá además de los elementos políticos, que son centrales en la conformación de un juicio político, ha habido un esfuerzo de todos los bloques manifestado en los distintos expedientes que se ingresaron por fundamentar. A alguno le podrán gustar más o menos una fundamentación, pero nadie puede decir que no están fundados y que no están motivados. Si están fundados y están motivados, pueden ser admisibles y no corresponde ningún tipo de rechazo in limine de esos expedientes”.
