El oficialismo prevé citar a Elisa Carrió como testigo en el marco del Juicio Político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. Su nombre quedó incluido en la ampliación de la lista de testigos que el Frente de Todos aprobó este jueves, aunque no fijaron fecha para llamarla a dar testimonio.
“Estamos ordenando los testigos por tramos. Sinceramente de Carrió aún no hablamos. No significa que no va a ser citada, pero hay que ver en qué momento”, aseguró un diputado de peso que integra la comisión.
Cerca de la líder de la Coalición Cívica aseguraron que no fueron informados sobre el por qué de la convocatoria pero escucharon a “Lilita” decir que si la llaman va a ir y va a “hablar de lo lindo”. Consideran que dado que es un “espectáculo” -porque el oficialismo no tiene los dos tercios para aprobar las destituciones en el recinto- están buscando los “mejores números” para subir el rating.
Según pudo comprobar Clarín, el nombre de Carrió figura entre los 18 testigos que el diputado camporista Rodolfo Tailhade solicitó llamar en el marco de la investigación por mal desempeño que abrieron contra Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz por el fallo que en diciembre de 2021 declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner en 2006.
El documento quedó aprobado con la mayoría de 16 votos que el FdT tiene en la comisión de Juicio Político junto a otra decena de pedidos de pruebas y testimoniales.
Si bien Carrió junto a sus diputados de la Coalición Cívica –Juan Manuel López y Paula Olivetto– se diferenciaron de Juntos por el Cambio al sostener el pedido de Juicio Político contra Ricardo Lorenzetti por irregularidades presupuestarias durante su presidencia en el Tribunal, de acuerdo al documento no la llaman por ese expediente sino por el fallo de Magistratura.
Según lo que señalaron a Clarín desde el oficialismo, es citada porque en el juicio político de 2002 contra los jueces de la Corte Suprema Julio Nazareno y Eduardo Moliné O’Connor, la líder de la CC firmó el dictamen que entre los hechos imputados por mal desempeño contra ambos figuraba el haberse autovotado como presidente y vice de la Corte.
Eso, apuntan, es lo mismo que ocurrió en septiembre de 2021, cuando fueron electos Rosatti como presidente y Rosenkrantz como vice. Como tras derogar la ley del consejo de la Magistratura, además, Rosatti quedó como presidente de ese organismo también, el Frente de Todos apunta a que se debería haber excusado.
“Está probado el asalto al Consejo de la Magistratura por parte de Horacio Rosatti, ya que en ningún caso correspondía que él y Rosenkrantz fueran presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Elisa Carrió les había pedido juicio político a Nazareno y Moliné O’Connor por haberse autovotado en 2002”, había declarado a principio de mes Eduardo Valdés a C5N.
Lorenzetti no votó en la elección de Rosatti y firmó en disidencia en el caso del Consejo de la Magistratura.
Desde la Coalición Cívica siembran dudas. “Es sospechoso que la citen por el Consejo de la Magistratura y no por Lorenzetti a quien denuncia en su juicio político. Nos confirman que están acordando algo con Lorenzetti contra los otros jueces”, aseguró a Clarín el diputado de la CC y vice presidente de la comisión de Juicio Político, Juan Manuel López.
Durante el debate en comisión, López ya había disparado días atrás que Lorenzetti les “daba letra” a los diputados oficialistas. “No solamente no nos da letra, sino que, yo al menos no tengo problema, les doy mi teléfono. Fíjense si hay alguien que a 50 kilómetros de Lorenzetti que tenga vinculación conmigo. No sé si todos puedan decir lo mismo con Rosatti”, le había respondido en ese entonces el jefe del bloque del FdT, Germán Martínez.
En el proyecto oficial encabezado por la firma de Eduardo Valdés, se acusa a los tres jueces que votaron por voltear la composición del Consejo dispuesta por el kirchnerismo de “resucitar una ley derogada, cuyo único objeto era que Horacio Rosatti se hiciera presidente del Consejo” y “declarar inconstitucional una ley sancionada quince años antes, de los cuales seis años durmió en la Corte”.
