El juez federal Sergio Torres envió a la justicia electoral la parte de la investigación de los cuadernos de la corrupción que involucra al diputado Máximo Kirchner y a otros referentes de La Cámpora por la supuesta recepción de fondos ilegales para uso político.
La decisión implica que la causa -si la medida no es apelada por la fiscalía- quedará a cargo del juzgado federal con competencia electoral que preside María Servini.
En términos judiciales, el cambio es un alivio para los acusados, pues las sanciones ante eventuales violaciones a la ley electoral son más livianas que las contempladas por la justicia federal en el abanico de delitos contra la administración pública englobados popularmente bajo el término “corrupción”.
Ese “alivio” es similar al que tuvieron los imputados en el caso de los aportantes truchos a la campaña electoral bonaerense de Cambiemos en 2017, que comenzaron siendo investigados por la justicia federal porteña -en el juzgado de Sebastián Casanello- y provincial, pero luego de varios tironeos quedaron bajo la órbita del juzgado federal con competencia electoral de La Plata, cuya titularidad definitiva está en discusión en estos días: este martes el Consejo de la Magistratura elevará al Ejecutivo la terna de candidatos, que al menos según los exámenes encabezaba por orden de mérito el actual juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
En la entrevista personal ante la Magistratura, y ante una pregunta de los consejeros, Ramos Padilla convalidó la opinión de que el caso de los aportantes truchos debía ser investigado por la justicia electoral y no como un caso de posible lavado de dinero.
Ese mismo criterio manifestó este lunes el juez federal Torres, quien recibió esta parte de la investigación por sorteo luego de que su par Claudio Bonadio resolvió que podían tratarse de delitos electorales, algo que debía investigarse de manera independiente al caso central de los cuadernos, en el que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.
Por ello, tras indagar a Máximo Kirchner y a otros imputados en este tramo del caso como Andrés Larroque, Eduardo “Wado” De Pedro y José Ottavis, se desprendió de la causa sin resolver sus situaciones procesales.
En esta parte del caso también fue indagado el empresario de medios Sergio Szpolski.
Según dichos de arrepentidos del caso cuadernos, parte del dinero obtenido del pago de sobornos por parte de empresas vinculadas a la obra pública en el kirchnerismo se destinó a financiar actividades y campañas políticas.
Este tramo de la causa comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno respecto a la supuesta entrega de bolsos con dinero en oficinas de la jefatura de Gabinete, y tras el secuestro de un pendrive con información del supuesto reparto de plata para financiar gastos de la campaña electoral del 2013. Tanto el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina como su secretario, Martín Larraburu, admitieron haber recibido y distribuido dinero en efectivo, aunque negaron conocer su origen ilegal.
La resolución de Torres será una de las últimas desde su escritorio en Comodoro Py: la Legislatura bonaerense ya aprobó la propuesta de María Eugenia Vidal para que se incorpore a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
