Cristina y “los monopolios”. El expediente judicial que se desinfla con un guiño de Massa

Tal vez para congraciarse con Cristina Kirchner, cuando el ataque a gritos a la Justicia y a la oposición ya había alborotado al Congreso, Alberto Fernández dedicó casi en el cierre de su discurso una referencia a la medida cautelar que suspendió el decreto de necesidad y urgencia 690/20, que buscó sin éxito congelar las tarifas de telefonía e internet y establecer al servicio como público y esencial.

“Conocemos cómo se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo”, disparó el Presidente. El 17 de noviembre pasado, Cristina había dicho lo mismo, pero con otras palabras: “Tu telefonito, la internet de tu casa, aumentaron el doble que la inflación porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público con precios regulados no debía aplicarse”. Ambos reabrieron así una vieja disputa entre el kirchnerismo y los grandes jugadores del mercado de las telecomunicaciones, entre ellos, el Grupo Clarín.

La disputa con Clarín es por ahora solo retórica. Sobre el filo del vencimiento, el Estado [la demanda es contra el Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia] contestó ayer una demanda judicial que argumenta que la fusión de Telecom-Cablevisión, cuyos principales accionistas son los mismos que los del Grupo Clarín, habría sido aprobada con “información falsa e incompleta” en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri. La respuesta de los abogados del Ministerio de Economía desestimó los argumentos y dio luz verde a la alianza comercial, como ya lo había hecho Matías Kulfas, en esta misma gestión.

El expediente sobre la impugnación de la fusión es el 8242/2022y está en trámite en el Juzgado Civil y Comercial N°10, a cargo de Gonzalo Auguste, nombrado en septiembre de 2021 por Alberto Fernández. Empuja esta demanda Jorge Horacio Sombra, detrás de quien actúa la abogada Liliana Zabala, vinculada a un sector minoritario del gremio de los telefónicos y quien en 2008 logró que la Corte declare inconstitucional un decreto de Carlos Menem que eximía a las empresas de abonar la participación en las ganancias al privatizarse el servicio.

Zabala construyó su demanda al considerar que dos de los cinco vocales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) deberían haber sido impugnados por sus nexos con Telecom SA. Se trata de Esteban Greco, que en su momento era el presidente del organismo de control, y de Roberta Marina Bidart. Greco y Bidart trabajaron en la consultora GPR Economía, entre cuyos clientes estaban Telecom SA y Cablevisión. Greco renunció dos años antes de aprobarse la fusión, por lo que debía excusarse en el dictamen ya que, como sostiene la presentación, contradice las normas de ética pública que extiende a 5 años la inhibición para actuar. En cuanto a Bidart, Zabala busca probar que la exvocal de la CNDC trabajó para GPR durante 16 años, desde marzo de 2004 hasta febrero de 2020.

Ambos casos fueron denunciados ante la Oficina Anticorrupción (OA), que lideraba Laura Alonso, pero solo hubo un “llamado de atención” para Greco, que se negó reiteradas veces a dar su versión. El caso también llegó a la OA del gobierno actual, cuando estaba al mando de Félix Crous, que renunció en diciembre último después de haber reducido al mínimo las querellas en causas contra el kirchnerismo.

Puntualmente sobre la fusión, Crous consideró en su resolución que Greco y Bidart debieron haberse abstenido por presuntos conflictos de intereses y envió su resolución a la Justicia penal por “la posible comisión de delitos de acción pública”. Además, advirtió que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo [estaba Matías Kulfas] se le habría negado información clave para avanzar con la investigación sobre la fusión empresaria. Por entonces, cuando surgió este contrapunto, voceros de Kulfas dijeron que el organismo actuó acorde a la ley y descartaron irregularidades, al igual que lo hizo la empresa.

Zabala entendió que la resolución de Crous era una prueba contundente para acceder a la nulidad planteada en el fuero civil y comercial, a partir del presunto conflicto de intereses de los funcionarios macristas. Pero también involucró al ministerio reclamándole transparencia en ese proceso de revisión y auditoría. El abogado Juan Ignacio Rodríguez Jalón intervino en representación del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo, actualmente absorbido en Economía por Sergio Massa. Rodríguez Jalón negó 89 puntos de la demanda y desconoció documentación. Hay un argumento legal: si no hubiera negado, quedaba como si lo hubiera reconocido. Esto fue en septiembre de 2021. Ayer, Rodríguez Jalón volvió a rechazar los argumentos de la demandante y dio así un nuevo espaldarazo desde el Estado para que la fusión continúe sin sobresaltos.

Zabala, sin embargo, cree que todavía le queda una puerta abierta para avanzar con su acusación, reforzada por las dos resolución de la OA, pero también con la respuesta que dio ayer el abogado de Economía. En la página 39 de las 76 que respondió Rodríguez Jalón, se reconoce que “la etapa de instrucción” aún no finalizó. Es decir, el proceso judicial todavía no se definió por completo.

Desde el Ministerio de Economía “no habría razones” para revisar la fusión de lo que se convirtió en una de las empresas más grande del país, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes oficiales. “Fue aprobada por la gestión anterior, y si bien nosotros tenemos una postura más dura en cuanto a la fusión de empresas, no estamos convencidos de que lo de Telecom-Cablevisión pueda frenarse o darse vuelta”, argumentó una fuente inobjetable de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

La misma postura se mantiene en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), también bajo la órbita de Massa a través de Claudio Ambrosini, su exestratega de campaña y comunicación en el Frente Renovador. “Hubo intercambios con la AGN [Auditoría General de la Nación], pero no hay ninguna posibilidad de volver atrás con la fusión. Si hay una sanción por algo irregular será para adelante, pero nada invalidaría la fusión”, aseguraron en el Enacom a pesar de las presentaciones judiciales. Además de la acusación que activaron Sombra y Zabala, la empresa Telefónica también cuestionó la alianza comercial, aunque tampoco obtuvo avances.

“El Estado ya contestó y avaló la fusión. Para nosotros es un asunto terminado”, argumentaron fuentes empresarias vinculadas a Cablevisión-Telecom.

Tu telefonito, la internet de tu casa, aumentaron el doble que la inflación porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público con precios regulados no debía aplicarse. pic.twitter.com/nq2YpJgWJg

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 18, 2022

Licitación del 5G e intereses sindicales

Si bien el planteo contra la fusión Telecom-Cablevisión surge desde un sector gremial que está vinculado a la izquierda trotskista, la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (Foetra), el conglomerado más representativo e influyente, decidió mantenerse al margen de la disputa judicial. “Que actúe la Justicia, a nosotros no nos corresponde”, respondió Osvaldo Iadarola las veces que fue consultado por las presuntas irregularidades. Iadarola falleció el año pasado, pero su sucesor, Claudio Marín, que es un ferviente militante kirchnerista, mantiene hoy la misma postura. Tampoco se subió Carlos Abel Zolezzi, un dirigente telefónico a través del cual los Moyano pretenden poner un pie en las telecomunicaciones.

El mercado de las telecomunicaciones está hoy más pendiente de la apertura de la licitación del servicio de 5G que del expediente por la impugnación de la alianza comercial entre Cablevisión y Telecom. El 5G es una nueva frecuencia que multiplicaría la velocidad de la conectividad. Massa lo ve como un atajo para recaudar miles de millones de dólares en tiempos de escasez de divisas. “Se está estudiando el modelo de negocio en Economía. Todavía no hay nada definido”, dijo Ambrosini, del Enacom. El funcionario massista es proclive a liberar precios, a contramano del control y monitoreo que plantea el DNU 690/20 de Fernández, hoy sin efecto por una medida cautelar.

En un editorial, el periodista Carlos Pagni deslizó hace tres meses que se estiman recaudar US$1200 millones y vinculó el desenlace de lo del 5G a una cuestión geopolítica, ya que empresas chinas y de los Estados Unidos estarían interesadas en desarrollar el servicio. Los sindicalistas no distinguieron todavía esa pulseada entre las dos potencias mundiales, pero si huelen un negocio inmenso, por eso se reflotó la idea de impulsar una ley nacional de telecomunicaciones. Una estrategia similar se comenzó a debatir de manera preliminar entre los gremios involucrados en la cadena de explotación del litio, un tesoro escondido que seduce tanto como el gasoducto y el yacimiento Vaca Muerta.