“Sobre llovido, mojado”, dice el dicho. Más allá de que hoy suene a mal chiste, debido a la extensa sequía que desde hace tres años vienen golpeando a gran parte del país -y, sobre todo, a la zona núcleo-, la sentencia resulta pertinente, en el sentido de que los daños de la seca no serán los únicos que sufrirán los hombres de campo.
En efecto, a las pérdidas causadas por el fenómeno climático “La Niña”, que afecta lotes y cultivos, los productores -en especial, los sojeros- deberán sumar el hecho de que no podrán contar con la totalidad del dinero que surja de la comercialización de la oleaginosa.
En concepto de impuestos, en general, y de retenciones a la exportación de soja y de sus derivados, en particular, el fisco se quedará con casi el 60% de lo que genere el negocio del cultivo. Y quienes alquilaron campos para sembrar perderían más de un 20%.
Estos datos, y otros, pueden leerse en un informe elaborado por el productor y consultor Néstor Roulet -ex subsecretario de Agregado de Valor durante el Gobierno de Mauricio Macri-, que el periodista Fernando Bertello publicó en La Nación.
Para realizar el informe, Roulet consideró una cosecha de soja de unos 29,8 millones de toneladas -días después, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires publicó que se estima una producción de 25 millones de toneladas-. Con aquel número, el autor del informe calculó un ingreso de U$S 16.390 millones por comercialización de la oleaginosa y de sus derivados. De esta cifra, el Estado retendría, siempre de acuerdo al informe de Roulet, U$S 9.741,57; es decir, el 59,4%.
Este año, para cultivar soja desde la siembra se necesitaron U$S 6.100,35 millones para gastos directos (insumos y servicios), U$S 2.229,05 millones para gastos indirectos (cosecha, fletes y comercialización), y U$S 155,70 millones de gastos en puerto.
Durante las últimas semanas, las entidades que se dedican a estudiar el desarrollo del cultivo estimaron una proyección de rendimiento de 20 quintales por hectárea (qq/ha), o menos. Esto ya da cuenta de una pérdida para el productor de alrededor de un 50% -según las regiones-, respecto del rinde de la campaña anterior.
Roulet tomó esos 20 qq/ha para hacer sus números. Esto golpea con particular saña a los productores que alquilan tierras para producir. Estos costearon la inversión y ahora deberán hacer frente a quebrantos con rindes mínimos. Según el informe, estos productores registrarán un rojo de U$S 3.416,99 millones: un 20,85%.
“Con 20 qq/ha en soja de primera -rinde promedio de la región, que pronto sufriría un nuevo recorte-, los márgenes arrojan una pérdida de U$S 635 por hectárea, en condición de campo alquilado”, habían señalado técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Roulet también hizo un análisis por hectárea, tanto para campo alquilado como para el propio. En el primer caso, sobre U$S 1.100 que genera una hectárea de soja, el Estado se quedará -vía retenciones, Ganancias, Ingresos Brutos, Impuesto al Cheque, y otros- con U$S 713,87; es decir, el 64,9%. El productor que alquiló, en tanto, afrontará un quebranto de U$S 360,10 por hectárea; un 32,70%.
En el caso del productor dueño del campo, el fisco embolsará vía distintos tributos -los mencionados más el Inmobiliario Rural y Bienes Personales, por ejemplo- U$S 563,71; es decir, el 51,24% de los U$S 1.100 generados por la hectárea de soja. “El productor invirtió U$S 558,87 por hectárea, de los cuales recuperará U$S 525,29, con lo que pierde U$S 33,48 por hectárea”, explica Roulet. Todos estos cálculos se hicieron sobre la base de un rinde de 20 qq/ha.
En nuestro país, alrededor del 60% de la producción se realiza sobre campo alquilado; el 40% restante, sobre campo propio. En su informe, Roulet señala que quienes no produjeron, pero alquilaron su tierra percibirán, sobre el total de lo generado por la producción de soja, unos U$S 1.576,30 millones: un 9,62% del total.
