1- El hecho
Un operativo irregular y un homicidio
El 15 de mayo de 2020 efectivos de la comisaría de Monteagudo fueron al paraje El Melcho (Simoca) para dispersar a la gente. Corría el rumor de que por unas carreras cuadreras las personas se habrían estado congregando, algo que estaba restringido durante la pandemia. Los efectivos llegaron al lugar y comenzaron a efectuar disparos contra los civiles, que huyeron del lugar, pero uno de los proyectiles alcanzó a Luis Espinoza por la espalda y le causó la muerte. Además, los acusados detuvieron sin un motivo justificado a Juan Espinoza por algunas horas. Más tarde, cuatro de los policías trasladaron el cuerpo de Luis hasta Catamarca y lo arrojaron en un precipicio.
2- El juicio y las pruebas
Las víctimas no tenían armas
A lo largo del debate se establecieron al menos tres cosas: nadie les dio indicaciones al comisario Rubén Héctor Montenegro ni a sus subordinados para que procedieran irrumpiendo a los tiros. Tampoco para que sean nueve efectivos y un vigía los encargados de realizar una medida disuasiva. Las pericias determinaron que Luis murió en el acto y que fue el policía José Alberto Morales quien realizó el tiro fatal. También se constató que Gerardo Esteban González Rojas, Claudio Zelaya y Mirian Rosalba González también dispararon con armas letales. Se encontraron 8 vainas en el lugar y todas pertenecían a las pistolas reglamentarias de los mencionados. Se descartó que Luis y Juan Espinoza hubieran estado armados y no se encontró prueba de que algún civil haya disparado contra los policías.
Otras pericias revelaron que el cuerpo de Luis Espinoza fue cargado en el baúl del auto del comisario Montenegro, que luego fue apoyado en el mástil de la comisaría (allí lo habrían atado y embalado para arrojarlo luego al precipicio).
3- Se descartó un delito
No se trató de una desaparición forzada
El médico forense Raúl Roberto Afur, cuyos informes ayudaron a resolver varios interrogantes en crímenes como el del padre Oscar Juárez y en el del casero de Burruyacu, José Antonio Gómez, también declaró en este juicio. El profesional explicó que el disparo de Morales impactó en una zona vital y le causó una muerte inmediata a la víctima. De esa manera la Fiscalía Federal dio por descartada la acusación por desaparición forzada. Hasta ese momento se presumía que, por el accionar que habían tenido los acusados, habrían trasladado con vida a Espinoza, con el fin de deshacerse de él. A pesar de eso, el fiscal Pablo Camuña subrayó que sólo con la estructura de ese delito se encontraba una explicación a qué habrían pretendido hacer los acusados al cargar a una persona (o un cuerpo) en el baúl de un auto y escapar a más de 180 kilómetros por hora del lugar (según los dichos de algunos imputados).
4- Las penas solicitadas
La Fiscalía pide perpetua para cuatro acusados
Si bien el caso llegó a juicio con una calificación legal en la que se acusaba de coautores del crimen a nueve policías y a dos civiles, se trata de una imputación provisoria, que al momento del juicio, debe ajustarse estrictamente a las pruebas presentadas en debate. De esa manera, los fiscales Pablo Camuña y Lucía Doz Costas solicitaron la pena de prisión perpetua para Montenegro, Morales, Zelaya y González Rojas por homicidio agravado por el uso de armas y por su condición de policías; también por privación ilegítima de libertad (a Juan Espinoza). Por ese segundo delito (en distintos grados de participación) y por encubrimiento, pidieron además 14 años para Mirian González, 10 para Víctor Manuel Salinas, 7 para Carlos Lisandro Romano y para José María Paz, 6 para René Eduardo Ardiles y 4 para el vigía comunal Fabio Villavicencio. Además dijeron que no pudieron probar que el civil Álvaro Gonzalo González haya encubierto el crimen.
5- Postura de la querella
“Pediremos el máximo de la pena”
Los abogados querellantes, Carlos Garmendia y Stella Maris Chávez, en sus alegatos, solicitaron que se condene a todos como coautores o partícipes primarios para cada delito. Pidieron que Mirian González también sea condenada a perpetua, que a Álvaro Gonzalo González se lo condene a 6 años por encubrimiento -”es imposible que no haya sabido para qué le pedían ayuda”, planteó Garmendia- y para el resto solicitaron 21 años de prisión. También, subsidiariamente, dijeron que si el tribunal consideraba más atinada la postura fiscal, que al menos imponga el máximo de las penas para cada calificación (según el grado de participación). Además reflexionaron que “esto ocurrió por el excesivo empoderamiento que se le dio a la Policía durante la pandemia”, y, si bien destacó que el ministerio de Seguridad actuó institucionalmente de manera correcta tras este hecho, también repudió que: “Montenegro recurrió a la figura del desaparecido. Quiso desaparecer el cuerpo de Luis. Lo cierto es que lamentablemente seguimos teniendo la misma Policía que tuvimos durante la dictadura”.
6- Reparación integral
Los condenados y el Estado deberán responder
Uno de los puntos más destacables de este caso fue expuesto por la fiscal auxiliar Doz Costas, que subrayó la conmoción que causó este crimen y cómo toda la provincia se movilizó de alguna manera hasta que el cuerpo de Espinoza fue encontrado luego de numerosos rastrillajes. “El Estado no solo tiene el deber de esclarecer este hecho, sino también el de restaurar e indemnizar por los daños. Pedimos para la familia Espinoza una reparación integral para víctimas de Derechos Humanos”, indicó la fiscal, que agregó que ya hay equipos de asistencia a la víctima que intervienen auxiliando a los damnificados. Doz Costas pidió que los condenados deban pagar una reparación de $ 20 millones. En segundo lugar, que la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (Dinayf), junto a organismos nacionales competentes en este asunto, le proporcionen a cada familiar (ya sean menores o mayores de edad) de Luis viviendas dignas. Por último, que el Siprosa arbitre los medios para garantizarle el acceso a la salud a los pobladores de Villa Chicligasta y Rodeo Grande, donde viven los Espinoza.
7- Alegan las defensas
Faltan conocerse las demás posturas
Hoy comenzarán a alegar los defensores de los imputados. Al tratarse de 10 representantes, el juicio durará al menos una semana más. En representación del comisario Montenegro, argumentará el abogado Leandro Juárez. Por Morales expondrá Ernesto Baaclini. González Rojas y Álvaro González serán defendidos por Sergio Rubén Faiad. Por Mirian Rosalba González argumentará Mario Mirra. A Zelaya los asistirá José Luis Robles. Por Romano fundamentará Gustavo Morales. A Paz lo representa el defensor oficial Mariano Galleta. Por Villavicencio alegará Hernán Suárez. Por Ardiles hablará Miguel Mercado. A Salinas lo defenderá Jorge Muñoz.
No está determinado en qué orden comenzarán estos alegatos, pero si los jueces mantienen el criterio que venían teniendo, Galleta y Baaclini serán los primeros comenzar a exponer sobre las posturas defensivas.
