El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, presentó este miércoles una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py, para que se investigue el robo de su identidad luego del cual se gestionó la habilitación de cuatro líneas telefónicas a su nombre. Ese trámite se realizó en Misiones, donde también se llevó a cabo el hackeo del celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, uno de cuyos autores confesó este lunes que había sido contratado para hacer esa intrusión y otras a políticos y magistrados habitualmente apuntados desde el kirchnerismo.
Según confirmó Clarín con fuentes judiciales, Rosatti se enteró de la maniobra por azar, cuando llegaron a su domicilio particular de la ciudad de Santa Fe comunicaciones de una empresa de telefonía de la que él no es cliente. En esas notificaciones se le exigía el pago de facturas pendientes por la supuesta contratación del servicio de cuatro líneas de celular, que el titular de la Corte no había pedido.
Una primera averiguación en la firma reveló que esas líneas habían sido contratadas en enero y en la provincia de Misiones, supuestamente con el uso de un DNI falsificado que ahora le permitió a Rosatti pedir que la justicia federal investigue. Tampoco hay certeza de que esas sean las únicas líneas irregulares que fueron habilitadas. Ni que el presidente de la Corte sea la única víctima de esta maniobra.
La denuncia fue recibida por el fiscal de turno Gerardo Pollicita, pero luego del sorteo quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Paloma Ochoa, que llevarán adelante la investigación.
Además de ser un escándalo grave en sí mismo, el episodio Rosatti coincide en el tiempo y el espacio con dos noticias de fuerte impacto institucional: el proceso de juicio político que el gobierno impulsa contra todos los ministros de la Corte, iniciado a fines del año pasado, y la investigación por el hackeo ilegal del teléfono de Marcelo D’Alessandro, el ahora ex ministro de Seguridad porteño separado de su cargo por la filtración de supuestos chats robados de su celular.
Esa indagación judicial determinó que efectivamente el teléfono de D’Alessandro fue intrusado a través de una operación llamada SIM-Swap, y que esa acción de espionaje ilegal fue realizada desde la provincia de Misiones.
Este lunes fueron indagados cinco imputados en esa causa, y uno de ellos, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, confesó que fue el autor del hackeo, que lo contrataron por Telegram y que le pagaron con criptos monedas. Esa información explosiva revela no sólo la existencia de una organización delictiva compleja, sino también un grado de sofisticación suficiente para borrar las huellas de su trabajo y que sus autores intelectuales no sean detectados.
La jueza porteña Araceli Martínez y la titular de la fiscalía especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, Daniela Dupuy, indagaron el lunes a Nuñes Pinheiro, a su padre, a Antonio Aquino, Julio Cesar Escobar y Cecilia Mercado.
Todos están acusados por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas y suplantación digital de la identidad, entre otras imputaciones.
Según se estableció en esa causa judicial, la operación ilegal también afectó al diputado de Juntos por el Cambio y precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli; a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (ambos juzgaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad); el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; y los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que deben revisar la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión en ese caso.
Desde al menos dos décadas, Misiones viene repitiéndose como una plaza importante para el espionaje ilegal. Varias causas judiciales revelaron pedidos de intervención de líneas telefónicas firmados por magistrados de esa provincia sin que existieran fundados motivos procesales para hacerlo, o vinculaciones entre los acusados en las causas y los teléfonos que se pedían intervenir.
Misiones también tiene un lugar estratégico por su cercanía geográfica con Paraguay, desde donde han operado -según especialistas en seguridad siguen operando- varias organizaciones y empresas privadas que bajo distintas fachadas legales hacían tareas de espionaje electrónico. Alguna de ellas, incluso, fue vinculada a personal de Inteligencia del Ejército retirado luego de que Cristina Kirchner abandonó el poder en 2015.
