Los principales empresarios de la Argentina hicieron sonar las alarmas. Ante los cambios dispuestos por la AFIP esta semana para sumar una nueva caja de un billón de pesos a través de lo que calificaron como un “impuesto encubierto”, el círculo rojo alertó sobre el impacto que puede tener esa medida para el abastecimiento, la producción y los precios.
Hace unas horas fue la Unión Industrial Argentina (UIA); esta mañana la Cámara Argentina de Comercio y ahora se sumó la primera plana empresaria: el G6 advirtió sobre el impacto de la determinación de la agencia recaudadora.
“El Grupo de los 6 (G6) se manifestó hoy sobre la necesidad de no afectar el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, a fin de evitar impactos negativos sobre la producción y el empleo”, estimó un comunicado.
“Es necesario que el país esté integrado al comercio internacional, como forma de desplegar sus capacidades productivas y de colocación de productos en los mercados internacionales”, dijeron y completaron: “En ese sentido, las medidas impositivas o de otra índole que dificultan o encarecen el acceso a bienes e insumos necesarios para la producción, deberían ser revisados. Esto incluye la reciente resolución de AFIP que modifica los regímenes de percepción de IIGG e IVA”. El G6 pidió “no seguir aumentando la presión fiscal sobre los sectores formales”.
La decisión oficial
El miércoles, la AFIP en el Boletín Oficial la Resolución General 5339 o “Suspensión momentánea del certificado de exclusión en IVA y Ganancias”. Básicamente, implicó que el régimen de percepción que permitía, a través de un certificado de exclusión, que grandes empresas importadoras quedaran exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias fuera suspendido hasta el 31 de diciembre.
Cuando se importa se deben pagar derechos aduaneros, pero también percepciones impositivas (Ganancias, IVA y, a veces, Ingresos Brutos, impuestos por las provincias). Con determinadas condiciones, las empresas podían pedir un certificado de exclusión de percepciones. Esto sucedía si, por ejemplo, tenían saldos a favor en la AFIP. La actual resolución suspende esos certificados hasta fin de año, por lo que las empresas deberán pagar a pesar de que la agencia les deba plata (ese dinero es financiamiento a tasas negativas para el Tesoro). Tales percepciones que se pagarán ahora son recursos con los que no contará la futura administración. Esta situación no sólo suma recaudación al fisco. A la vez, puede servir para restringir aún más las importaciones. A las empresas les restará financiamiento.
Según la AFIP, la suspensión del régimen para las grandes empresas implicará un aumento aproximado de la recaudación tributaria en términos aduaneros del 20% en IVA y de un 6% en Ganancias. En términos de ingresos, se estima una cifra cercana a los $979.000 millones, precisaron en la oficina que dirige Carlos Castagneto. Un mes promedio de recaudación en la Argentina llega a los 2,1 billones (ese fue, por caso, el dato de marzo pasado).
“La Unión Industrial Argentina (UIA) manifiesta su preocupación por una resolución de la AFIP que aumenta nuevamente la presión tributaria sobre el sector formal”, indicó un comunicado de la entidad fabril, que además de los cuestionamientos a la eliminación de los certificados de exclusión, criticó el diferimiento del cómputo de las percepciones por 9 meses.
“La medida es inconsulta, sorpresiva y de amplia afectación y alcance al sector productivo porque encarece el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, al aumentar el financiamiento exigido para hacer frente al pago de estas operaciones acumulando el pago de las percepciones en detrimento del capital de trabajo, sin dejar que dichos saldo a favor se computen contra otros impuestos durante 2022, en un contexto global y macroeconómico doméstico adverso con restricción de crédito, alto riesgo cambiario y altas tasas de interés”, estimó la UIA.
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“La medida no es sustentable económicamente: implica un préstamo a tasa 0 por 9 meses de parte de las empresas importadoras argentinas al fisco por el equivalente a las percepciones por el 26% del valor de las importaciones de los próximos 9 meses (20% IVA, 6% Ganancias), afectando de ese modo a las empresas que requieren insumos importados para su producción y/o realizan inversiones”, esgrimió la federación que conduce Daniel Funes de Rioja. La UIA agregó además que “la medida tiene un claro objetivo recaudatorio, afectando la competitividad de la producción”.
La entidad señaló además que la medida sí afecta a las pymes porque, en primer lugar, afecta directamente a las empresas medianas (tramos 1 y 2) que se ven alcanzadas por la medida; y en segundo lugar, en general, las micro y pequeñas, aunque no realicen importaciones en forma directa, se abastecen mayoritariamente a través de distribuidores.
“La norma aumenta la presión fiscal sobre el sector formal de la economía, en tanto estas percepciones constituyen una carga pública superior a lo que por alícuotas las empresas deberían pagar, por efecto de un régimen de recaudación que no tiene en cuenta el saldo a favor de la cuenta tributaria de las empresas contribuyentes”, estimaron.
También en la CAC
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también manifestó “su rechazo al incremento de la presión tributaria sobre las importaciones que se deriva de la Resolución General de AFIP N°5339, publicada días atrás”.
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La CAC indicó que la norma abarca a casi la totalidad de los importadores que habían tramitado y obtenido los certificados de exclusión, dado que solo se excluyen a micro o pequeñas empresas, a las operaciones por cuenta y orden del Estado, y a aquellas exentas de impuestos nacionales por la ley de Presupuesto 2023. “El costo en términos de desvalorización de las sumas que sean percibidas por el fisco hasta la oportunidad de su cómputo –tanto considerando los guarismos inflacionarios actuales o las tasas de interés de mercado– implica que buena parte de la actividad importadora de nuestro país sufrirá de facto un incremento sustancial en la ya muy elevada presión fiscal que soporta”, cuestionaron.
La CAC recordó que las compras externas de la Argentina registran “significativas restricciones de diversa índole, que no solo afectan negativamente a las firmas directamente involucradas, sino que también perturban el normal desarrollo de múltiples ramas del quehacer económico nacional”, y agregó que las nuevas medidas “podría vulnerar derechos de rango constitucional como lo son los de propiedad, capacidad contributiva y garantía innominada de razonabilidad”.
