La gestión del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (Cambiemos), rechazó el pedido de renovación de la concesión del transporte público a las firmas que explotan la línea 3, por lo que se licitará el recorrido. La medida fue porque la unión transitoria de empresas Cerro Pozo SRL, a cargo del servicio, tiene casi toda su flota de colectivos con una antigüedad mayor a la permitida: 10 años.
El decreto 2.836, rubricado por Alfaro y por el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, define “no hacer lugar al pedido de renovación de la concesión para la explotación de la línea 3 del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros, a cargo de Cerro Pozo SRL UTE, integrada por las firmas Cerro Pozo, Illages, Empresas de Servicios Jacarandá y Transporte Yerba Buena”. El instrumento autoriza a la firma a continuar prestando el servicio con carácter “provisorio y revocable” hasta que se concrete la licitación o hasta el momento que lo disponga el municipio.
La Municipalidad remitirá el pliego para la convocatoria a licitación al Concejo, que debe aprobarlo por ordenanza. En el cuerpo vecinal también están los pliegos para licitar las líneas 8 y 18. Una vez que los concejales aprueben los pliegos, la gestión de Alfaro habrá licitado seis de las 14 líneas urbanas: ya se otorgaron las concesiones a las líneas 10 y 12; está pendiente la resolución de las propuestas para asignar la línea 11; y restarán las líneas 8, 18 y 3.
Pedido por la crisis
En diciembre, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) había pedido al Concejo una excepción para que los colectivos puedan continuar en servicio dos años después de transcurridos los 10 años permitidos. Los transportistas habían argumentado entonces que la devaluación frente al dólar elevó más de un 100% el costo de las unidades nuevas.
A fines del año pasado, un informe al que accedió LA GACETA reveló que las empresas que explotan las 14 líneas urbanas debían renovar antes de que finalizara 2018 alrededor de 40 coches con patente de 2008. La Ley nacional de Tránsito (24.449), establece en su artículo 53 las exigencias comunes para los propietarios de vehículos del transporte de pasajeros. En su inciso b, se establece que las unidades para transportar pasajeros no deben exceder una antigüedad de 10 años.
El recorrido más afectado por la vejez de los coches fue, justamente, la línea 3: 26 de las 29 unidades de su flota, según datos oficiales, son de 2008. Casi la totalidad de sus colectivos debían dejar de circular a partir del 1 de enero. Del resto de la flota, una unidad es de 2010 y las otras dos de 2017, las únicas con aire acondicionado. Esa línea une el norte de la ciudad con los barrios del suroeste: el recorrido se inicia en Juan B. Justo y Francisco de Aguirre, para culminar en Elmina Paz de Gallo e Independencia.
El mapa de empresarios que explotan cada línea podría modificarse. De acuerdo a información del registro de subsidios al transporte público del Ministerio de Transporte de la Nación, que encabeza Guillermo Dietrich, 15 empresarios están al frente de las 18 firmas que explotan las 14 líneas urbanas (algunas firmas integran uniones transitorias de empresas, UTE). De los informes se desprende que Alcides Courtade y César Atím explotan siete líneas, es decir, el 50% del servicio en la capital. Courtade integra las firmas El Cóndor (línea 17); General Belgrano (línea 9), Tucma UTE (línea 6). Atim forma parte de las empresas Transporte y Asociados SRL (línea 5) y El Ceibo SRL (línea 7). A su vez, entre ambos forman parte de las firmas que integran la UTE Servicios Jacarandá – UTE Cerro Pozo (líneas 3 y 12).
Sólo una línea de la capital tiene todas sus unidades casi sin antigüedad; la Línea 12, con 40 colectivos de 2017, todas con aire acondicionado y piso superbajo. Ese recorrido es concesionado por la misma firma: Empresa de Servicios Jacarandá. Sus propietarios son los mismos que explotan la línea con la flota más vieja.
AUTOR
Martín Dzienczarski
