Los presos por casos que se ventilan en la justicia federal están a cargo de la provincia. Es decir que el estado tucumano se ocupa de solventar la comida y los gastos médicos, a cambio de lo cual debería recibir el reembolso, pero se estima que desde agosto de 2019 la Nación dejó de enviar el dinero correspondiente.
La cifra adeudada es millonaria. En la actualidad, según los cálculos oficiales, un preso le cuesta a la provincia $ 1.100 por día, monto que incluye las cuatro comidas que reciben a diario.
Si se tiene en cuenta esos valores la provincia desembolsa $160.000 por día para atender las necesidades de los detenidos que deberían ser cubiertas por la Nación en una prisión federal.
Cuando Osvaldo Jaldo estaba al frente del Poder Ejecutivo, dispuso que se efectuara una auditoría para calcular el monto total de la deuda. Lo primero que halló el cuerpo de revisores es que el atraso se originó en agosto de 2019. “Este un tema de nunca acabar y que se mantiene desde hace años”, indicó un ex funcionario del área.
Según los datos que se conocen, la Nación le adeuda a la provincia más de $260 millones. “Estamos trabajando para determinar cuál es el monto total. Una vez que tengamos esos números, haremos el debido reclamo”, aseguró el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.
El funcionario agregó que el reembolso no es únicamente en efectivo. “Con esos fondos, por ejemplo, la provincia recibió una importante cantidad de pulseras para utilizar. Estimamos que con esta misma metodología recibiremos más en los próximos meses. Es una salida alternativa que conviene a las dos partes”, detalló.
Ese no es el único problema que provocan los presos federales recluidos en las unidades penitenciarias de la provincia. Tiempo atrás, mediante un hábeas corpus, un juez federal requirió al servicio penitenciario que las raciones para estos detenidos se entreguen en bandejas envueltas con papel film por cuestiones de salubridad.
Según confirmaron todas las partes, al resto de los presos se les entrega la comida en una olla con un cucharón para que se las repartan los internos de cada uno de los pabellones. “Se está haciendo una diferencia importante que genera un profundo malestar entre los internos”, dijo un guardiacárcel.
El titular del Servicio Penitenciario Miguel Gómez no sólo confirmó esa versión, sino que agregó que la situación también genera un gasto extra. “Se trata de una medida judicial y, a pesar de que nos opusimos a ponerla en práctica, la debamos aplicar”, finalizó.
