Dime con quién andas y te diré quién eres es una famosa frase que tiene un gran asidero en el caso del concejal Marcelo Albaca. Esto se debe al hecho de que el candidato a intendente de Yerba Buena no tuvo mejor idea que apoyarse en personajes nefastos, cuestionados, polémicos y que, más que una trayectoria, lo que llevan consigo es algo más parecido a un prontuario que a una carrera política.
Y es que Albaca pretende arrebatarle la intendencia a Juntos por el Cambio rodeándose de dirigentes rancios como Daniel Deiana, Daniel Toledo, Stella Maris Córdoba y Sisto Terán, quienes serían los que apoyan su candidatura. En el caso del primero, es decir, Daniel Deiana, Juan Manzur lo echó de la Mutualidad provincial luego de que María Cristina Cegada, una ex empleada suya, denunciara ante la Justicia algo muy grave.
Y es que ella denunció que Deiana, a través de su secretaria, Vanesa Raquel Castro, la obligó a entregarle una importante parte de su salario como empleada legislativa. En la presentación, la denunciante aseguró que de su sueldo de $58.000 podía quedarse solamente con $18.000, mientras que los restantes $40.000 debía devolvérselos a Deiana, quien la había contratado como asesora.
Cegada entregó a la Justicia los mensajes de WhatsApp en los que, según afirma, se confirman la presunta extorsión por parte del legislador peronista, quien además era por entonces presidente de la Mutualidad Provincial, donde también había sido su empleador. Antes de realizar la denuncia en los tribunales locales, la mujer hizo públicas sus acusaciones contra Deiana a través de un video, que fue subido a un canal de YouTube.
El cual fue creado por un grupo ex empleados de ese organismo para denunciar casos similares que involucran al legislador. Cegada contó que conoció a Deiana cuando trabajaba en la Mutualidad Provincial y que en 2019 la convocó para trabajar en la campaña con vistas a los comicios provinciales de ese año, con la promesa de darle un contrato en la Legislatura en caso de resultar electo. Recordó que incluso fue candidata suplente en la lista que encabezó Deiana.
La denunciante señaló que recién en marzo 2021 se le informó que comenzaría a cobrar como personal de la Legislatura a partir de abril. “Me llegó el contrato de la Legislatura, cobré el día 12 y el 15 ya me estaban llamando y llegando mensajes de la doctora Castro y del legislador Deiana, que los tengo guardados, para que vaya urgente a la Mutualidad porque tenían que hablar conmigo. Cuando fui a hablar con Vanesa Castro, ella me dijo ‘el tema acá es que vos tenés que dejar $40.000 y los $18.000 son para vos’”, contó Cegada, con lágrimas en los ojos.
La mujer aseguró que, cuando planteó que no correspondía que le retengan parte de su sueldo, la secretaria de Deiana le dijo que tenía que “sentirse agradecida” por percibir esos $18.000. “Me dijo que debía sentirme orgullosa, porque eso es más de lo que cobran todos mis compañeros”, acotó. Cegada sostuvo que, como se opuso formalmente a que le retengan parte de su salario, a los pocos días le llegó una carta documento donde se le informó que dejaba de pertenecer al grupo de colaboradores de Deiana en la Legislatura.
“Nunca me dijeron por qué me hicieron esto. Quiero hablar y visibilizar esto por mis hijos, para que sepan que no tienen una madre cobarde”, expresó la mujer. El planteo de Cegada se suma a otras denuncias contra Deiana que se hicieron públicas a través del canal de YouTube “ex trabajadoras Mutualidad”, en las que se acusa al legislador por retención indebida de haberes, amenazas y maltratos. Las ex trabajadoras de esa institución, Celia Rocha, María Ordóñez y Enriqueta Papa apuntaron contra Daniel Deiana por quedarse con parte de sus sueldos, amenazas y maltratos.
Por su parte, Stella Maris Córdoba, fue interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu), cuando fue echada de su cargo, tras lo que fue el viaje a Estados Unidos en medio de la peor crisis económica y social que atraviesa la Argentina desde la vuelta de la democracia. Para colmo, el fallido sorteo de 600 casas que se iba a realizar en ese momento terminó por decidir a Osvado Jaldo de echarla de su puesto.
Y es que resultó por demás entendible la postura adoptada por el entonces gobernador provincial de sacar de su puesto a quien tomó la pésima y desubicada idea de viajar a Estados Unidos en lo que no es más que un derroche de divisas en un momento en el que las arcas estatales crujen ante la falta de dólares indispensables para el normal desarrollo de una economía sumamente debilitada.
No en vano, por entonces Osvaldo Jaldo aseveró de cara a los medios de comunicación que “hoy es cuando más cerca tenemos que estar de la gente. Los funcionarios tenemos que andar en los territorios y a disposición de los vecinos”. Lo expresó en lo que fue un claro mensaje para reprender la falta de sensibilidad de Stella Maris Córdoba. No conforme con ello, el tranqueño agregó más consideraciones.
“El mundo no la está pasando bien, Argentina no la está pasando bien y Tucumán no está exenta de la problemática. Es cuando más nos tenemos que esforzar, cuando más nos tenemos que dedicar y estar a la par de la gente. Es lo único que pide el Gobernador. En particular, del que menos tiene y más necesita”, en otra clara alusión a la vergonzosa actitud de la ahora ex interventora.
Como si eso fuera poco, desde el PJ recordaron que “al movimiento peronista se lo cuida no como ella manifiesta: al movimiento se lo cuida no traicionándolo nunca. Poco puede hablar de lealtades quien fue kirchnerista de 2003 a 2007, anti-cristinista de 2007 a 2014, macrista entre 2015 y 2017, jaldista de 2017 a 2019, manzurista de 2019 a 2021, y ahora vaya a saber en qué se transformará”, en alusión a Córdoba.
Otro con frondoso prontuario político es Daniel Toledo, una figura rechazada y degastada en la política de Yerba Buena. Contrataciones millonarias, adjudicaciones impugnadas y obras “defectuosas”. Estos son algunos de los elementos que rodean a un grupo de personas que trabajó en diversas obras del municipio durante la gestión del ex intendente Daniel Toledo (2007-2015).
Este grupo formó parte de una serie de constructoras a través de diversos cargos: dueño, apoderado, representante técnico, etc. En septiembre del 2017, el laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT realizó un estudio en base a cerca de 50 muestras en cuadras pavimentadas durante la gestión de Toledo. Según funcionarios de Yerba Buena, los resultados permiten afirmar que en esas obras “faltan cerca de $ 80.000 de materiales”.
El entonces secretario de Obras Públicas de Yerba Buena, José Luis Ferroni, trazó un cálculo que se hizo en base al resultado promedio que se obtuvo en las 50 muestras analizadas por los representantes de la UNT. De acuerdo a ese informe, en la mayoría de los testigos (bloques de hormigón) extraídos, la altura rondaba los 12 centímetros (cuando debería tener 18). “A valores del 2017, (para pavimentar una cuadra) usted gastaría solamente en hormigón $ 250.000. El espesor que tiene (la mayoría de las muestras) es de cerca de $ 180.000”, explicó Ferroni, a propósito de la calle Frías Silva al 600.
Podría apodarse el señor de los pavimentos. Porque en sus casi ocho años de gestión, el intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, ha pavimentado unas 1.700 cuadras, según sus propios cálculos, hechos en marzo del año pasado. Sin embargo, buena parte de las calles parece salida de Vietnam. La pregunta que surge, entonces, es: ¿Quiénes hicieron las obras? ¿Quién controló los millones de pesos invertidos?
¿Por qué las arterias estaban atestadas de pozos, a pocos años de haberse inaugurado? De acuerdo a documentos de la Municipalidad, desde 2009 en adelante Toledo efectuó contrataciones directas con numerosas empresas que se encargaron de hacer conexiones cloacales, asfalto, cordones cunetas, retardadores de velocidad, desagües y redes de gas, entre otras adjudicaciones.
Por último, se encuentra Sisto Terán, de quien, por agosto del 2002, Esteban Jerez, por entonces a cargo de la fiscalía anticorrupción de Tucumán, solicitó que se abra una investigación jurisdiccional contra Sisto Terán, vicegobernador de Julio Miranda, “por haber pagado presuntamente coimas” para que en febrero de ese año se aprobara la reforma de la Constitución provincial.
El funcionario judicial le pidió al juez de instrucción, Víctor Pérez, que le requiera a la Legislatura “un juicio político a fin de lograr la destitución de Terán y así poder seguir adelante con la investigación” sumaria abierta el 12 de junio pasado. Jerez concluyó que “la presunta compra de voluntades (para que el 19 de febrero se declare mediante una ley la necesidad de reformar la Carta Magna local) se produce por la facilidad en el manejo de fondos públicos que tiene el presidente de la Legislatura”.
En base al testimonio del entonces legislador justicialista Osvaldo Cirigliaro, el fiscal sostuvo que Terán “maneja al año en forma exclusiva 5 millones de pesos, que quedan sin explicación”. De las declaraciones juradas del vicegobernador y de su esposa, Sylvana Dellarosa, de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales de los años 1999, 2000 y 2001 surge que en el segundo de esos años “tuvieron un incremento patrimonial no justificado de 70.000 pesos”.
Jerez argumentó que, desde que asumieron las autoridades de ese momento en octubre de 1999, la reforma se convirtió “casi en una obsesión”, en la que “la ley que establece la necesidad de la enmienda sólo constituyó la concreción de una larga aspiración”. También mencionó “la declaración testimonial ratificatoria de la denuncia de Alejandra Ducca (esposa del legislador ex bussita Mariano Poliche, ante la Fiscalía Anticorrupción).
En la que consta que la mujer dijo que se repartieron 2 millones de pesos para que se apruebe la reforma. Ducca, denunció el pago de coimas el 25 de junio, sin embargo, cuando el juez Pérez la citó como testigo el 30 de julio negó haber dicho lo del “reparto de dinero”. Pérez tenía plazo para decidir si archivaba la investigación sumaria abierta contra Terán o si la profundizaba, como le aconsejó Jerez.
En cuyo caso tendría que pedirle a la Legislatura que destituya al vicegobernador para poder citarlo a declarar como imputado. Sin embargo, cabe recordar que con el apoyo del representante de Voluntad Objetiva de Servir (VOS), el justicialismo consiguió los dos tercios de los votos que necesitaba para rechazar la apertura del proceso de juicio político en contra de Sisto Terán.
En definitiva, lo cierto es que Marcelo Albaca contaría con el apoyo de nefastos dirigentes políticos que cual zombis tratan todavía de seguir “mordiendo” a pesar de ser cadáveres políticos como si sus “trayectorias” no contaran para la opinión pública. Sin embargo, Marcelo Albaca pretende llegar a la intendencia de Yerba Buena con el apoyo de lo que muy especialmente en la Ciudad Jardín saben que se trata de la agotada y vieja política.
