“No sé por qué hago esto, no lo entiendo”. Esas palabras salieron de la boca del acusado de haber atacado a una mujer en Yerba Buena cuando la Policía se presentó en su domicilio para detenerlo. Así las autoridades descubrieron que el sospechoso había cumplido una condena por haber cometido el mismo delito hace más de una década.
El lunes 8, a las 14 aproximadamente, una mujer de 62 años, caminaba a su segundo trabajo como empleada doméstica. En el trayecto, se cruzó con un hombre con el que intercambió un saludo cordial, pese a que no lo conocía. No pasó ni un minuto de ese cordial gesto y el hombre la interceptó en la esquina de la calle Las Garzas y Camino de Sirga. A la fuerza, la obligó a ingresar a unos matorrales.
Como la víctima se resistió, la tomó a golpes de puño y con una piedra de gran tamaño, le pegó en la frente, lo que le hizo perder el conocimiento. Al no poder concretar el abuso, la tomó del cuello e intentó asfixiarla. “Creemos que la dejó porque pensó que la había matado. No hay otra explicación para que haya actuado con tanta saña”, explicó un investigador. Luego, el atacante le robó los dos celulares que tenía la víctima.
La mujer, cinco horas después de haber sido atacada, recuperó el conocimiento. Caminó varias cuadras hasta que la ayudaron. Fue internada y sigue recuperándose de las heridas que sufrió.
La pesquisa
En su lecho de enferma, la víctima declaró y aportó datos clave para la investigación. Entre ellos contó sobre las características físicas para que personal especializado pudiera realizar un retrato hablado. También dio detalles de la cuenta con la que administraba uno de sus celulares.
La fiscala Alejandra Navarro ordenó a los especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para que tratara de encontrar al atacante rastreando el uso de los teléfonos móviles.
A los dos días, el acusado utilizó uno de los celulares. Los especialistas descubrieron que el sujeto había ingresado a páginas de pornografía y chateó a través de diferentes aplicaciones de citas. Si bien hubo actividad, no fue suficiente para determinar dónde residía. Tampoco subió alguna imagen suya como para que los investigadores descubrieran quién era.
Pero el atacante cometió un error que fue clave para que lo encontraran. Compró un chip y lo introdujo en el celular. Con esa acción, las autoridades pudieron determinar dónde residía. Los pesquisas de Delitos contra las Personas, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Miguel Carabajal y Jorge Dib, recorrieron el lugar en busca del señalado como autor del hecho. La ubicación no era exacta, sino que difería por varias cuadras. Luego de hacer tareas de vigilancia y, cuando descubrieron dónde residía, solicitaron una orden de allanamiento.
Los efectivos se presentaron en el domicilio del sospechoso para detenerlo. El acusado, según confirmaron fuentes policiales, no se resistió. “No se por qué lo hago. Estoy enfermo”, fue la frase que se cansó de repetir cuando los uniformados se presentaron. A pesar de que esas palabras fueron como una confesión, no pueden ser utilizadas en su contra por el momento.
El acusado vive junto a su madre, hermanos y sobrinos. “Es una familia normal, integrada por gente trabajadora. El que se llevaron detenido no era bueno, sabíamos que estaba en la cárcel, pero nunca nos enteramos sobre qué delito había cometido”, explicó Laura, que vive a pocas casas del lugar donde se desarrolló el allanamiento.
Fuentes judiciales confirmaron que en la medida, los investigadores secuestraron los dos celulares de la víctima y encontraron la ropa que tenía puesta el día que cometió el hecho. Esas son pruebas importantes, pero aún está pendiente una rueda de reconocimiento y las pericias genéticas.
Al analizar sus antecedentes, la fiscalía confirmó que era reincidente. En marzo de 2021 recuperó la libertad después de haber cumplido una condena de 10 años por haber cometido el mismo delito. En una audiencia, el auxiliar Juan Pablo Godoy, siguiendo las instrucciones de la fiscala Navarro, solicitó que se le dicte la prisión preventiva por seis meses, al acusarlo de tentativa de abuso sexual agravado por criminis causae en grado de tentativa, es decir, que intentó matar a la víctima para asegurarse impunidad. El juez Alejandro Tomas aceptó el pedido.
Interés
Navarro no cerró el caso, sino que decidió profundizar la investigación. Sospecha que el procesado podría haber cometido varios ataques. La investigadora no descarta que se esté ante un abusador serial. Por ese motivo, está analizando los casos que se registraron en los últimos tiempos hayan sido o no denunciados.
La representante del Ministerio Público Fiscal anunció que tomará medidas de protección especiales para las víctimas que decidan denunciar los ataques que sufrieron.
