El Gobierno de Alberto Fernández puso en marcha el mecanismo institucional tendiente a revisar las designaciones de camaristas, jueces, fiscales y defensores oficiales de la Nación que estaban pendientes de acuerdo en el Senado. La Casa Rosada publicó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias al Congreso en la edición del 28 de enero del Boletín Oficial para tratar, entre otros temas, el “retiro de los mensajes” mediante los cuales la gestión del ex mandatario Mauricio Macri había solicitado a los senadores la aprobación de las coberturas de vacantes judiciales. La decisión afecta a casi 200 nombramientos, entre ellos seis para la Justicia Federal de Tucumán. Estos pliegos habían quedado paralizados en la Cámara Alta puesto que la bancada justicialista se había negado a darles curso durante la campaña electoral.
Las designaciones dispuestas por Macri suponían en conjunto la mayor renovación en años para la institución judicial con sede en esta provincia. El ex Presidente había elegido a Edgardo López Herrera, a Martín Abdala, a José Manuel Díaz Vélez, a Agustín Chit, a José María Sacheri y a Vanessa Lucero. Los dos primeros estaban destinados a la Cámara Federal de Apelaciones, que en el presente funciona con los magistrados subrogantes Jorge David y Hernán Frías Silva (h) más los integrantes titulares Marina Cossio y Ricardo San Juan.
Díaz Vélez había sido enviado al Juzgado Federal N°3 creado en 2013 y que aún no empezó a funcionar, y Chit, a la Fiscalía Federal correspondiente a ese despacho. Por último, la gestión anterior del Poder Ejecutivo Nacional había remitido los pliegos de Sacheri y de Lucero para oficinas en la defensa pública federal con asiento en esta provincia: el primero iba a ser defensor de la Víctima mientras que la segunda debía ocupar el cargo vacante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
El retiro de los pliegos reabre las chances para los postulantes ternados que habían sido descartados por Macri. Los cargos asignados a López Herrera y a Abdala, cuyas designaciones aguardaban el acuerdo desde septiembre de 2018, podrían ser otorgados al juez federal Nº1, Daniel Bejas, o a la funcionaria judicial Patricia Moltini en el primer caso, y, en el segundo, a la defensora pública coadyuvante Pamela Tenreyro, o a Mario Leal, juez provincial y ex funcionario universitario ligado a La Cámpora (Ángel Roger Luna Roldán está en la lista complementaria).
La situación es conocida para López Herrera puesto que durante la gestión presidencial de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esta lo nombró para la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y, luego, optó por retirar la candidatura y colocar en su lugar al profesional que ocupaba el cargo de manera interina, Julio Leonardo Bavio. Bejas, por su parte, tiene doble chance de ascender puesto que también forma parte de la propuesta para la Cámara Nacional Electoral sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Caso por caso”
La vuelta atrás respecto de la designación de Díaz Vélez reactiva las expectativas del funcionario judicial López Herrera (encabezaba también ese terceto), del abogado René Padilla y de la jueza provincial Carolina Ballesteros (integra la lista complementaria). La revisión de la situación de Chit, por su parte, podría favorecer a Valentina García Salemi, quien en su momento se destacó como dirigente de La Cámpora, y a Virginia Duffy, respectivas funcionarias de la Fiscalía Federal Nº2 a cargo de Pablo Camuña y del despacho de Bejas (Patricio Rovira integra la lista complementaria). La propuesta de Sacheri incluye a Martín Galliano, que la lidera, y a Felipe Otero; mientras que Lucero encabeza su terceto, que completan Natalia Castro y Mariano Galletta.
La intención de barajar otra vez en el caso de ganar los comicios había sido explicitada en junio por el senador justicialista jujeño Guillermo Snopek (h). “Luego de las elecciones, veremos caso por caso”, había manifestado.
El presidente Fernández está en condiciones de enviar los mismos pliegos que había remitido Macri o de reemplazarlos por otros dentro de las ternas puesto que el nombramiento recién adquiere firmeza cuando el Senado le da su acuerdo en el recinto. El orden jurídico no estipula un plazo para ejercer la potestad y obligación constitucional de cubrir los puestos vacantes de la Justicia.
La devolución de las designaciones sería un trámite sencillo debido a que el oficialismo dispone de mayoría en la Cámara Alta. Más engorrosa puede resultar la redefinición de los nombres en una época de extremada sensibilidad para el Poder Judicial y cuando el mismo presidente Fernández anunció su intención de reformarlo, aunque todavía no precisó ideas al respecto. Más allá de la participación de la vicepresidenta Fernández de Kirchner en la tarea de reformular los nombramientos están los intereses de los gobernadores aliados y de los propios senadores.
Los casi 200 cargos reclamados por el Poder Ejecutivo de la Nación en parte proceden de la decisión de la ex Presidenta de postergar las coberturas definitivas, y de la reactivación de los concursos públicos de antecedentes y de oposición organizados por el Consejo de la Magistratura de la Nación a partir del cambio de ciclo político de 2015.
