En la semana que pasó para jamás volver, la sorpresa política por los resultados del pasado domingo dio lugar al descalabro económico, devaluación mediante tras la decisión de Sergio Massa. Sin embargo, lo que sigue brillando por su ausencia es el fin de la impunidad de la corrupción del clan Yapura Astorga en Tucumán, como si la dirigencia política y, sobre todo, la judicial desconociera lo que sucedió hace una semana.
Y es que el resultado de las elecciones tuvo un claro significado en materia de ponerle fin a una serie de situaciones que colmaron la paciencia de la sociedad que descargó su “voto bronca” en las urnas. La sociedad en su totalidad le dijo no a una forma de gobierno, pero también hacia la impunidad, la corrupción, el desgobierno, la economía, etc. No obstante, no parece darse por aludida ni la dirigencia política y mucho menos la Justicia de la provincia de Tucumán.
Se trata dos ámbitos que no tomaron debida nota del hartazgo social que impera en la sociedad y que el escrutinio de los votos puso en evidencia el domingo pasado. En ese marco, el caso por escándalo más evidente de impunidad institucional en Tucumán lo conforma justamente, otro escándalo. Se trata de la suspensión del juicio oral en contra del ex intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga junto con sus familiares/cómplices.
Esta situación insólita y bochornosa, que termina beneficiando nuevamente a la corrupción provincial, es posible debido a la inacción de la Justicia tucumana, ya que, hasta la fecha, el debate oral sigue “suspendido”. Y es que pareciera que para la Justicia provincial los delitos que se le endilgan y por los cuales deberá rendir cuentas ante la sociedad el legislador Jorge Yapura Astorga, no parecieran importarle al Poder Judicial.
Cabe recordar que no se trató de un juicio cualquiera, ya que el clan Yapura Astorga tendrá que responder por los delitos de: Coautor De Los Delitos de Incumplimiento de Los Deberes de Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Malversación de Caudales Públicos (Peculado) y Asociación Ilícita.
Esto se debe al hecho, que una parte de la dirigencia política apoya a este tipo de inescrupulosos en vez de combatirlos. Pero también cabe señalar que no tan sólo es responsable el oficialismo, sino también la (in) Justicia de brindar apoyo subterráneo por medio de la suspensión de juicios y de cajoneos de expedientes inapelables y de los que intentan proteger dotándolos de lisa y llana impunidad.
Es menester señalar que cuando hablamos de clan nos referimos a un total de ocho imputados. Menos de 10 minutos duró la audiencia, que comenzó media hora más tarde de lo previsto. Asistieron los ocho imputados además del ex intendente de Tafí del Valle, ya que también están involucrados su pareja Nerina Julieta Mustafá (propietaria del comercio “Floppy III”, donde, según la denuncia, se realizaban las compras).
Además de su hijo Jorge Eduardo Yapura; Sergio Andrés Astorga, abogado y director jurídico municipal en 2015; Sonia Saavedra, ex secretaria de Gobierno y actual presidenta del Concejo Deliberante; Julio Mercado, ex contador general de la Municipalidad; Olayo Medina, ex tesorero general; y Patricio Silva, entonces jefe de compras. Como puede verse, se trataría de una verdadera asociación ilícita como figura en el expediente.
Pero la Justicia hace dormir el sueño de los justos a esta causa en la que Yapura Astorga hace ocho años viene dilatando un proceso judicial por graves delitos de corrupción. Y después de confirmarse la fecha del inicio del juicio, “curiosamente” un fiscal de cámara decide inhibirse un día antes del arranque del debate oral, algo a todas luces vergonzoso se lo mire por donde se lo mire.
De esta forma, lo cierto es que la realidad indica que el juicio en contra del clan Yapura Astorga continuará cajoneado ante la inacción y la mirada cómplice tanto de funcionarios políticos como de los judiciales dejando una sensación de que la Justicia no funciona, que es para proteger a los poderosos de turno antes de juzgar a alguien que fue intendente de Tafi del Valle y que hoy se desempeña como legislador provincial de manera descarada.
Y es que haberse enriquecido ilegalmente desde que asumió (2011) y haber realizado compras directas de mercaderías en el negocio de su pareja, con fondos públicos determinando según la instrucción que el grupo familiar tuvo un enriquecimiento injustificado de una cifra millonaria que lo convirtió, como narra el título de una pelicula “De mendigo a Millonario”. ¿Más claro? Sólo si se echa nafta al fuego purificador de las malas artes de la política, sobre todo, la corrupción.
En esa línea, la Corte Suprema de Justicia local tuvo un papel lamentable de la mano de su presidente, Daniel Leiva, responsable de la suspensión del juicio oral junto a la vocal Claudia Sbdar, contra Yapura Astorga en el día del comienzo del juicio oral en su contra, con el agravante de que se trató del primero en sentar el precedente de que generó que un funcionario con fueros fuera elevado a juicio oral pero que el titular de la Corte Suprema de Tucumán junto a una vocal, tumbaron sin desparpajo.
Es por ello que restará ver si Daniel Leiva continuará pensando que vale la pena exponerse a perder la poca credibilidad que todavía le queda sólo por el hecho de intentar proteger a un procesado legislador acusado por corrupción, como es el caso de Jorge Yapura Astorga. En ese marco, cabe preguntarse: ¿Acaso no revisten la suficiente gravedad como para que la Justicia haga algo?
Al respecto, todo parecería indicar que la Justicia provincial se encuentra lejos de haber tomado nota del resultado de las elecciones nacional y seguiría protegiendo a este procesado por corrupción por medio de su silencio e inacción. Y es que siempre es lo mismo con este Poder Judicial tucumano, parecería darle impunidad a esta casta de políticos procesados, en este caso, mediante la protección al legislador oficialista y ex intendente de Tafí del Valle.
¿Será Justicia…?
