Al menos cuatro personas fueron detenidas hoy por las amenazas de bomba enviadas a distintos colegios e instituciones de Tucumán. En algunos casos, los presuntos autores fueron identificados a partir del IP (protocolo de internet) que se utilizó para enviar el mensaje. La pregunta es: ¿hasta dónde ese dato sirve como prueba para acusar a alguien?
“El IP es un número que recibe un dispositivo que se conecta a una red. Pero a su vez hay un IP público, que es el que recibe el módem. Este último es el que se puede identificar”, explica Mario Petre, analista en sistemas y especialista en redes.
“A través de ese IP -se explaya- se puede localizar el lugar físico desde donde se conectó esa persona para enviar la amenaza, pero no necesariamente vas a saber qué dispositivo se utilizó. Lo que se identifica es el módem que tomó la IP pública del servidor de internet”.
El caso del Instituto Puente
Esta tarde quedó detenida la representante legal del Instituto Puente, junto a un hombre. Les dictaron prisión prisión preventiva y se les trabó embargo por $3 millones por intimidación pública.
La auxiliar Julieta Molé, dirigida por la fiscala Mariana Rivadeneira, los acusó de haber enviado un mail a la casilla de correo del colegio San Francisco para informar que allí existía una bomba. Por este acto, el colegio fue evacuado el 1 de agosto pasado. Ambos fueron acusados de este delito porque el mensaje fue enviado desde un IP que está a su nombre.
Sin embargo, al tratarse de una institución a la que asisten muchas personas, cualquiera de ellas pudo haber hecho uso de ese IP, según la explicación de Petre.
“A ese internet lo pueden haber usado todos los alumnos, profesores o no docentes que hayan tenido acceso al wifi. Es muy difícil identificar a quién lo mandó”, plantea.
Si bien reconoce que la situación es más sencilla si la amenaza provino del IP de una vivienda particular, por ejemplo, tampoco basta como prueba en primera instancia porque “no sabés quién de las personas que viven allí lo hizo o incluso si fue un vecino”.
“Usaron su wifi para enviar el mail”
Agustín Ferrari, defensor de la acusada, se opuso tenazmente a la formulación de cargos en su contra. “Usaron su wifi para enviar el mail, lo que no quiere decir que ellos hayan sido los autores. Todos sabemos que siempre se comparten esas redes y nadie puede determinar quién las usa y más si se tiene en cuenta que se trata de un establecimiento educativo”, fundamentó.
Las defensoras oficiales Mariana Merletti y Anabella Mazza Villalba, que representaron al otro acusado, coincidieron con su colega.
