En el marco de la medida de reducir el servicio de colectivos en un 25% en Tucumán, habló Eduardo Cobos, Defensor del Pueblo de Tucumán. En este sentido, Cobos contó que desde su sector vienen estudiando esta problemática hace más de 6 años. “Evidentemente el problema no solo pasa por el costo del boleto, sino que la mayoría de las quejas que hoy tenemos es sobre las frecuencias, y dijeron que las van a bajar y, de hecho, ya las han bajado”, afirmó.
Además, sostuvo que existe otra problemática que tiene que ver con la calidad del servicio. “Respecto a la unilateralidad del tema del transporte de haber decidido hacer, violando contratos y demás y si se toma un 20 o un 25% menos del servicio y también teniendo en cuenta que los colectivos tienen una frecuencia de cada 5 minutos (que de hecho estamos monitoreando con un equipo de personas), si es así que transitan cada 5 minutos y hay una reducción del 20% quiere decir que habrá una demora de 6 minutos, entonces no sería un problema”, opinó respecto a esta medida.
En esa línea, enfatizó que el problema más grave que le preocupa a este sector es referido a los empresarios del transporte: “Yo creo que el grave problema, teniendo en cuenta a los empresarios, es el subsidio nacional que es un eterno problema que llega la plata o que no llega, y que desde un inicio ese subsidio nacional se transformaba en un subsidio para garantizar el sueldo de la gente, por otro lado, si no tenemos choferes, ni personal en condiciones, ni recursos humanos tranquilo con esos fondos, bueno el servicio de colectivos tampoco por más que tengan colectivos nuevos no se va a poder transferir eso al usuario”, precisó el Defensor del Pueblo de la provincia.
Este tema es abordado en una primera instancia, ahora bien, en una segunda instancia, Cobos manifestó que “si vienen aportes nacionales, provinciales y aun así cuando ellos sacan una fórmula (que nunca la he visto) pero sí aparecen un listado de gastos que hay ítems que se repiten, vemos que ponen el valor del boleto, y después ponen la amortización del vehículo, ponen lo que tiene que invertir en un vehículo nuevo, que seguramente lo amortizan a 10 años, y ponen lo que ellos han perdido además y si hubieran invertido esos fondos en otro lado, se da como que ponen un doble gasto”, enfatizó.
En esa misma línea, continuó: “Segundo, ponen montos parecidos en vehículos nuevos. No pueden tener semejante cantidad de choferes, semejantes gastos si estos vehículos fueran nuevos. Entonces, también vemos asesores con montos que no ganan gerentes de bancos, ni ninguno, montos tremendamente grandes en asesoría”, detalló.
Y amplió: “Hay alternativas para resolver este problema” pero sostuvo que se puede enojar cualquier sector, pero “nosotros tenemos la obligación de defender a toda costa los derechos de los usuarios y los usuarios no tienen por qué pagar la ineficiencia de los empresarios”. En el transcurso de la entrevista, Cobos subrayó además que “si esto es público, y empezamos a aceptar que ahora van a bajar un 20% en horario pico y mañana un 30%, cuando nos demos cuenta ya van a hacer un traslado de empresa a otra”, se quejó. Y dijo que “si no le está rindiendo, entreguen la concesión”.
En definitiva, lo que plantea el Defensor del Pueblo es que hay que evaluar cuánto se tiene de “valor en recursos humanos, en fierros, etc. y armar una especie de discusión interna y hacer una propuesta que se la pueda tratar legislativamente y a nivel nacional: “Yo creo que ahí se va a balancear hacia el lado del chofer, si va a querer salir a trabajar, es decir si es parte de las ganancias”, añadió.
Por último, sumando a esta problemática, Cobos contó a nuestro medio que reciben muchas denuncias por incumplimiento de frecuencias y no solo es en capital, sino también desde Taco Ralo, y “no nos olvidemos que esa gente gasta $3000 por día, es decir unos $60.000 mensuales”, precisó como una problemática más que suma a las frecuencias del servicio de transporte. No obstante, más allá de todas las críticas mencionadas con anterioridad, la más fuerte que reciben en la Defensoría del Pueblo es la falta de responsabilidad empresarial en cuanto al mantenimiento de la frecuencia pautada y también el estado de los vehículos.
En consecuencia, concluyó: “Estamos trabajando para hacer una presentación oficial directamente a la Justicia y no queremos joder con la justicia”, se sinceró Cobos, pero sostuvo que es una medida que deberán tomar porque los empresarios del transporte no pueden suspender el servicio. “Es como que han encontrado una fuente de financiamiento y una salida rápida y nos cortan el servicio, entonces van tener que caerles multas, esta es una opinión desde mi sector, por supuesto que la Justicia puede tener otra opinión”, cerró.
