Luego de las audiencias realizadas en los últimos días, donde seis personas fueron imputadas por el delito de intimidación pública y cuatro de ellas fueron privadas de la libertad se empezó a ver las repercusiones en algunas de las instituciones afectadas.
Una particularidad que comparten los imputados es que durante las audiencias, los representantes de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, dirigida por Mariana Rivadeneira, mencionaron entre las evidencias fundamentales que los acusados era titulares de las líneas telefónicas o de las redes de wifi con las cuales fueron realizadas las falsas amenazas. Esto preocupó a las autoridades de algunos establecimientos educativos, al punto de cuestionarse cuáles son los peligros que podría haber a futuro, especialmente por el uso de la red wifi y la difusión de datos privados.
En el caso del Instituto Puente, su representante legal, María Emilia Salomé, fue acusada junto a Ernesto Drube de enviar un mail a la casilla de correo del colegio San Francisco el pasado 1 de agosto para informar que allí existía una bomba, por lo que el colegio fue evacuado. La justificación que dio la auxiliar Julieta Molé para sostener su imputación fue que el mensaje había sido enviado desde un IP que está a nombre de Salomé. Agustín Ferrari, defensor de la mujer, se opuso a la formulación de cargos y dijo: “Usaron su wifi para enviar el mail, lo que no quiere decir que ellos hayan sido los autores. Todos sabemos que siempre se comparten esas redes y nadie puede determinar quién las usa y más si se tiene en cuenta que se trata de un establecimiento educativo”.
Algo similar opinó la directora del nivel secundario del turno mañana de la institución, Natalia Verón; quien explicó que en el establecimiento cuentan con dos redes de wifi, una para el primario y otra para el secundario. “Ambas figuran a nombre de la representante legal. Aparentemente la cuenta que se hackeó para enviar esta amenaza fue la red wifi del nivel primario, nivel secundario está como red oculta; pero ambas redes funcionan en la institución educativa, no en el domicilio de la representante legal. ¿En qué cabeza cabe que ella pueda autoboicotearse, tirando abajo todo el esfuerzo de su vida? Creo que nadie en su sano juicio haría eso”, le dijo la directora a LA GACETA.
Verón dijo que para que alguien pueda hacer uso del wifi del colegio tendría que haber hackeado la red ya que ninguno de los alumnos tiene acceso a la contraseña ni a las computadoras del colegio. “Trabajamos con notebooks que están guardadas en una oficina administrativa y cada vez que ellos las necesitan, el docente a cargo debe pedir permiso para sacarlas de la oficina, ponerlas a cargar y desbloquearlas. Los alumnos no pueden conectarse a la red wifi del colegio con sus celulares a no ser que la hackeen”, indicó.
También hizo hincapié en que debería haber una legislación respecto a la intervención de redes privadas para evitar llegar a problemáticas como la que están atravesando actualmente. “Nosotros podemos tomar cualquier tipo de medidas para proteger una línea wifi, pero mientras siga habiendo gente que trabaje creando aplicaciones para hackear redes wifi, todo lo que nosotros podamos llegar a hacer es en vano, porque los chicos tienen acceso a aplicaciones que hackean la red de wifi y hackean las contraseñas para poder ingresar; entonces creo que esto debería estar legislado y tener una pena”, afirmó.
Respecto a este planteo, el director de la Secretaría de Participación Ciudadana, José Farhat, en diálogo con LA GACETA brindó algunos consejos para evitar que las redes wifi privadas sean vulneradas. ”Es importante saber resguardar las claves de acceso. Lo ideal sería utilizar un protocolo alfanumérico y simbólico con más de 30 caracteres para que sea difícil acceder; ser cuidadosos de a quién le entregamos la clave de acceso; no tener un nombre simpático en la red, debería ser algo que alerte y que confunda”, explicó. En cuanto al uso de wifi dentro de las instituciones educativas, dijo que “es importante que cada red tenga habilitada la posibilidad de “invitado” y que cada usuario tenga una contraseña para poder identificar quién ingresó”.
Por último dijo que podría ser posible rastrear desde qué dispositivo que estuvo conectado a la red wifi se realizó la intimidación. “Si bien existen los VPN, que hacen los encriptados, existen especialistas y hay que saber que Argentina está suscrito a un Convenio Internacional de Ciberdelito de Budapest al cual se puede acudir y pedir auxilio a equipos de otros países”.
Verón contó que la acusación y la resolución del juez sorprendió a toda la comunidad educativa, tanto al cuerpo docente, como al alumnado y a los padres.
A quienes también les llamó la atención el resultado de la audiencia fue a algunos padres del colegio San Francisco. “Fue una gran sorpresa; nosotros nos enteramos por las noticias y no podíamos creer. Yo no creo que haya sido la dueña del colegio, hay algo más atrás”, dijo Mariela, una madre que estaba retirando del colegio a su hijo al mediodía. “Seguro pagó ella los platos rotos, como le pasó a las otras madres que fueron denunciadas por ser las titulares de los números de sus hijos; me imagino si es así la liberarán”, sostuvo Pedro, padre de un alumno. (Producción periodística: Micaela Pinna Otero)
