¿Quién fue el ministro que, tras asumir hace poco más de un año, emitió una resolución para congelar el empleo público y evitar así el sobredimensionamiento de la planta permanente de trabajadores estatales? Fue Sergio Massa. ¿Quién es el ministro que decide ahora, y contra sus propias resoluciones previas, incorporar a esa planta permanente a casi 800 agentes estatales que tenían contratos y que, por ende, no se sometieron a ningún tipo de concurso de oposición y antecedentes? Sergio Massa.
“Uno de los compromisos que marcan nuestra hoja de ruta es el orden fiscal de los gastos del Estado”, había tuiteado Massa en agosto de 2022 como modo de justificación del congelamiento que, queda a la vista, fue y sigue siendo abiertamente vulnerado. Las explicaciones de semejante falacia argumental son varias, pero podemos resumirlas en tres: a lo largo de la historia, el peronismo en todas sus variantes ha hecho del empleo público su bandera política.
Y de las cajas estatales, su principal instrumento económico; violar disposiciones judiciales, leyes, resoluciones y declaraciones administrativas nunca fue un problema para ese sector de la política, y menos representan un escollo cuando se acercan elecciones y se teme perder el poder. Es decir: si ya Massa-ministro no respetaba sus propias resoluciones, Massa-candidato las va a honrar todavía menos.
“En el marco del Plan Integral de Regularización del Empleo, iníciese el proceso para la cobertura de 799 cargos vacantes y financiados de la planta permanente del Ministerio de Economía”, dice la resolución publicada en el Boletín Oficial. Esa “regularización” responde, en rigor, a una vieja tratativa de 2008, cuando la presidenta era Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete era el propio Massa.
Está claro que el ministro-candidato no quiere dejar cuentas pendientes con su antigua y actual jefa públicamente silente, pero por lo visto todavía poderosa para el cobro de saldos atrasados. Así, sigue su engorde el “club del empleo público”. En su defensa, funcionarios del área de Economía aseguran que no se está tomando a ningún empleado nuevo, sino pasando a planta permanente a contratados.
Es decir, admiten que empleados cuyo contrato llega a su fin solo cambiarán de ventanilla de cobro, pero que no habrá ahorro económico para el Estado. Y, punto dos, como solo pueden presentarse a concurso los que ya dependían de un sueldo pagado por las arcas públicas, todo queda dentro del mismo coto de caza. Va otro dato para sumar a esta nueva aberración que oficialmente se quiere mostrar como normal y esperable mientras la sociedad en su conjunto es fagocitada por la mala praxis del actual gobierno.
Y es que todo lo que Massa ejecute en los pocos meses que le quedan como ministro tendrá consecuencias no solo presupuestarias, sino también operativas para la próxima gestión presidencial por iniciarse el 10 de diciembre. Si la oposición llegara a ganar, se topará con un Estado regurgitante de empleo público-político-partidario dejado por los perdedores. En cambio, en un eventual triunfo de Massa, sus huestes ya estarán debidamente acomodadas en las poltronas públicas, que financiamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.
Valgan estas cifras oficiales para enmarcar el descalabro que se pretende enmascarar. Cuando Massa asumió, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que elabora el Ministerio de Trabajo, la escalofriante planta de empleados que todos los meses cobra un sueldo del Estado en sus tres niveles sumaba 3.375.757 trabajadores. En mayo pasado fueron 3.429.784.
Desde que el ahora candidato llegó al Palacio de Hacienda ingresaron 54.027 personas a alguna de las administraciones públicas, un promedio de 148 por día. Y aún le quedan tres meses. Desde ya que hubo reparticiones del Estado que se mantuvieron estables en cuanto a incorporación de empleados. Pero hubo otras que se expandieron a su gusto, como el caso de Aerolíneas Argentinas, reducto intocable de La Cámpora.
Y es que de los 997 trabajadores que ingresaron a la administración nacional entre julio de 2022 y junio pasado, 494 corresponden a esa línea aérea. No por trillada debe ser desechada la vieja frase “hecha la ley, hecha la trampa”. Fueron puntillosamente estudiadas las trampas, los decretos y las resoluciones del actual gobierno para hacernos creer que se cerraba el grifo de las arcas estatales. Solo se cerró para atender a los jubilados, la salud, la educación y la seguridad. El club del empleo público siguió, sigue y seguirá de fiesta.
