La semana que pasó para no volver nunca más terminó el pasado viernes con la noticia que daba cuenta acerca de que el fallo de la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF dejó al país al borde de tener que pagar unos USD 16.000 millones. De esta manera, y como si el país no estuviera subsumido en una de las peores crisis económicas y sociales de toda su historia, lo cierto es que ahora sobre llovido, mojado.
Y es que, si para muestra basta un botón, en el mismísimo fallo hasta se mencionó en varias oportunidades en forma crítica al ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof. Esto se debe al hecho de que, en el año 2012, durante el tercer gobierno kirchnerista, el Estado tomó el control de la petrolera con el aval de parte de la oposición y el propio Kicillof fue el abanderado de ese proceso.
Al respecto, el fallo es categórico al señalar ya que Preska aseguró que por su posición en ese entonces tomó los dichos de Kicillof como si hablara el Estado y reflejó con dureza cómo el actual gobernador bonaerense aseguró “descaradamente” que era “estúpido” respetar los estatutos de la petrolera. Buena parte del fallo adverso contra el Estado se basa en una mala praxis expropiatoria que se sostiene con fechas y valores de las acciones de la empresa en ese momento.
Para justificarlas, en gran parte se usan declaraciones públicas de Kicillof. Además, la jueza americana trató al Estado argentino de “mal administrador” y aseguró que “sería ofensivo, no favorecedor, a la equidad, permitir que la República viole a sabiendas los estatutos y obligue a los demandantes a ser sus acreedores involuntarios por una cantidad enorme a lo largo de una década y luego pagar una tasa reducida al denunciar la pobreza cuando vence la factura”.
El fallo de 25 páginas asegura que el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo y Viceinterventor Axel Kicillof declaró el 17 de abril que la República había modificado el control que hasta ahora pertenecía al grupo Repsol. Al mencionar los extractos de la “Transcripción del Discurso del Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Axel Kicillof, el 17 de abril de 2012 ante el Senado argentino”.
“Del mismo modo, en su decisión del 17 de febrero de 2014, el organismo federal de tasación de la República (el “TTN”) tasó los bienes que fueron embargados – a saber, “el 51% del capital social de YPF Sociedad Anónima, en poder de Repsol”, indicó. El TTN “tasó esa propiedad a partir de la fecha en que Repsol” fue apartada. “Esta diferencia en la respuesta a cada acontecimiento demuestra que los inversores en el mercado -como todos los demás, incluidos el Sr. Kicillof, el TTN, el Sr. Martin y el Sr. Zinna- entendieron que, como cuestión de sustancia económica, las acciones que importaban ocurrieron el 16 de abril, no el 7 de mayo”.
“El precio de las acciones de YPF reflejaba así la realidad de que la República estaba ejerciendo el control de las acciones de Repsol en todos los sentidos significativos el 16 de abril de 2012″, indicó la magistrada. “Los representantes de Repsol en YPF huyeron del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir con la ley de la propia YPF o respetar sus estatutos”, afirmó.
“El Tribunal imputa las declaraciones del Sr. Kicillof sólo al Poder Ejecutivo de la República, ya que era Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo y Viceinterventor”, aclaró Preska. “Pero toma nota de que, a través de sus declaraciones, el Poder Legislativo argentino era consciente de que ese era el propósito cuando aprobó la Ley de Expropiación de YPF”, indicó la jueza en el fallo del viernes de la semana que se esfumó para nunca retornar.
“El Tribunal reconoce que el sistema de gobierno de la República requiere tanto la acción ejecutiva como la legislativa para promulgar leyes y que las declaraciones del Sr. Kicillof realizadas antes de que la Legislatura argentina aprobara la Ley de Expropiación de YPF no fueron la última palabra y no pueden imputarse directamente a la legislatura”. Sin embargo, “las declaraciones del Sr. Kicillof pueden atribuirse al poder ejecutivo de la República, ya que era Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo y el Vice-Interventor designado por el gobierno”.
Por lo tanto, “el 17 de abril de 2012, el poder ejecutivo argentino expresó claramente su intención de no cumplir con la obligación de oferta pública enviando a su representante a abogar por una legislación que supuestamente evitaría la obligación”. Ahora bien, ¿Cómo fue que semejante desatino tuvo lugar en nuestro país? Todo comenzó el 16 de abril de 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso un Proyecto de Ley.
El mismo, declaraba de interés público a la actividad hidrocarburífera y ordenaba expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol desde la privatización de la petrolera, en 1999. Se argumentó en ese momento que había que recuperar la soberanía energética y frenar la caída de la producción. Días después, el Congreso aprobó la propuesta de Cristina que había salido del Ministerio de Economía.
Más precisamente del despacho de Axel Kicillof, quien era viceministro y se convirtió luego en vocero y una de las caras centrales de la expropiación. “El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental. No será manejada por un grupo empresario nacional ni internacional, sino por el Estado nacional”, dijo en ese momento la Presidenta.
“Lo único que lamento –agregó– es que él [por Néstor Kirchner] no pueda… Creo que desde algún lado lo está viendo, pero me gustaría que me estuviera mirando como hacía siempre, porque él siempre soñó con recuperar YPF para el país”, agregó. “No es una empresa que haya apostado al crecimiento del país y menos al crecimiento que implique poner de pie a la industria nacional”, dijo Kicillof en el Senado.
Fue acompañado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y los secretarios de Obras Públicas, José López y de Energía, Daniel Cameron. “No le vamos a pagar lo que ellos quieran, esos USD 10.000 millones. Los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa”, dijo el actual gobernador bonaerense. “No va a costar nada”, sentenció muy suelto de cuerpo.
“¿Quién fue el tarado y el estúpido al final?”, lo chicaneó Alfonso Prat Gay, quien en 2012 era diputado y se abstuvo en la votación. En 2016, como ministro de Economía de Macri, pidió “perdón” en España por la expropiación. Votaron a favor de la nacionalización muchos radicales, algunos muy críticos hoy del kirchnerismo, como Ricardo Gil Lavedra, Luis Juez y Mario Negri. También Gerardo Milman, Ricardo Alfonsín y Jorge Chemes, ex integrante de la Mesa de Enlace, y Ricardo Buryaile, ex ministro de Macri. María Eugenia Estenssoro, senadora e hija del ex presidente de YPF, José “Pepe” Estenssoro, también se abstuvo.
En definitiva, una vez más quedó demostrado en la semana que se fue para nunca regresar que el fallo desenmascara este modelo acabado y dañino llamado kirchnerismo, el cual está claro que nos salió carísimo a todos los argentinos. Es por ello que, en medio del desierto al cual Cristina Kirchner nos ha llevado, cabe preguntarse entonces: ¿Alguna vez se cumplirá aquello de “que Dios y la Patria se los demande?
