La incidencia de armas de fuego en delitos violentos es cada vez mayor, sobre todo las que se obtienen desde el mercado negro. A raíz de esa tendencia, el Ministerio Público Fiscal tomó una decisión que puso en alerta a los legítimos usuarios de armas. Desde julio de este año se ordenó que “a fin de hacer efectiva una política criminal restrictiva en favor de la paz social y la disminución de la violencia, se establece, como principio general, que las armas de fuego secuestradas en el marco de procesos penales, no deben ser devueltas”.
“En los casos excepcionales en los que se decida proceder a la devolución del arma, el decreto de devolución deberá estar fundado y, previo a la entrega, se deberá cumplir estrictamente con todos los requisitos legales, reglamentarios y de política criminal relacionados con la materia”, indica la resolución firmada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez.
“Una de las mayores preocupaciones actuales, que es transversal a los diferentes fenómenos criminales, es el incremento de la violencia, agravada por el uso, cada vez más frecuente, de armas de fuego. Por ello la circulación de armas entre la ciudadanía se ha vuelto un factor que incide directamente en la gravedad de los delitos, y, en consecuencia, en la exposición de la ciudadanía a situación de elevada violencia”, dijo.
“En este sentido, y en concordancia con el marco de política criminal antes mencionado, es imprescindible restringir la devolución de armas de fuego que hayan sido secuestradas en el marco de investigaciones penales. Asimismo, corresponde promover, en todos los procesos penales que se cierren mediante soluciones consensuadas (conciliaciones, probation, abreviados, etc.), el abandono voluntario a favor del Estado de las armas de fuego secuestradas, hayan estado o no vinculadas de manera directa al delito”, finalizó.
