La querella de la AFIP solicitó hoy una pena de ocho años de prisión para el detenido empresario Lázaro Báez en el marco del juicio oral que se le sigue junto a otros 24 imputados en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
“Lázaro Báez, siempre desde las sombras, daba las órdenes” que ponían en movimiento la supuesta estructura que se utilizaba para las investigadas maniobras de lavado, sostuvieron los abogados de la AFIP.
Durante la audiencia de alegatos ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, los abogados de AFIP pidieron penas para todos los acusados, aseguraron que los hijos de Báez fueron coautores de los hechos, que “no fueron engañados” y aseveraron que los aportes del arrepentido Leonardo Fariña “no fueron trascendentales” para el juicio.
Los representantes de la AFIP pidieron penas de siete años y seis meses de prisión para Martín Báez, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín; siete años para Fabián Rossi, cinco años para Fariña y seis para el financista Federico Elaskar.
En relación a los otros hijos de Báez, solicitaron cinco años de prisión efectiva para Leandro y Luciana y cuatro años para Melina. Además, los sindicó a todos como eventuales beneficiarios de las cuentas bancarias radicadas en Suiza.
En el comienzo del alegato, semanas atrás, la querella de la AFIP sostuvo que Báez fue el presunto impulsor de un “enorme derrotero criminal” para “blanquear sumas millonarias de dinero” de “origen delictivo” entre 2010 y 2013.
Báez “era un empleado bancario con categoría monotributista y de golpe se convirtió en el más importante empresario de la construcción. La designación del señor Báez no fue azarosa, no fue fruto del espíritu santo ni fruto del esfuerzo”, había dicho la AFIP.
“Todos sabemos que la designación del señor Báez cumpliendo ese rol tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con quien fuera por entonces el presidente, el señor Néstor Kirchner“, sostuvo en aquella audiencia el abogado de AFIP, Luis González Avalos.
Sobre el vínculo entre Báez y el ex mandatario, sostuvo que “por supuesto no existía en lo formal una relación laboral pero claramente existían intereses económicos”.
Ante los jueces Néstor Costabel, Adriana Pallioti y Gabriela López Iñiguez, el letrado de AFIP sostuvo que en esos años “Báez y su grupo ha sido beneficiado a través de procesos licitatorios espurios y discrecionales con más del 80 por ciento de la obra pública que se adjudicó en la provincia de Santa Cruz, haciendo así confluir los fondos del Tesoro Nacional a través de las empresas del señor Báez”.
El juicio se inició hace un año y entró hoy en la etapa de alegatos finales previa al veredicto. Luego de la AFIP expondrá la también querellante Unidad de Información Financiera, y después la Oficina Anticorrupción, el fiscal Abel Córdoba y posteriormente las defensas de todos los acusados.
En simultaneo con el desarrollo de la audiencia, Báez recibió una mala noticia en un expediente derivado de la misma causa: la Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva del empresario detenido Lázaro Báez en la causa en la que se lo investiga por supuesto lavado de activos a través de la compraventa en Uruguay del campo “El Entrevero” por 14 millones de dólares. (Télam)
