Tres funcionarios que se desempeñaron durante la gestión del ex intendente y actual legislador Osvaldo Morelli plantearon la caducidad del proceso judicial que se les inició ayer por presuntos hechos de corrupción.
Ariel Mendelek (ex secretario de Hacienda), Sergio Muro (ex subcontador general) y Duilio Guzmán (ex tesorero) están acusados de supuesto fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de fondos.
Las maniobras en los que estarían involucrados alcanzan un perjuicio al erario por un monto superior a los 800.000 dólares, según estimaron en su momento los querellantes. Ellos son el intendente actual, Roberto Sánchez, y el secretario de Gobierno municipal Julio César Herrera.
Los cargos formulados en contra de Mendelek, de Muro y de Guzmán fueron formalizados ayer por el fiscal Miguel Varela en una audiencia que se realizó en el Centro Judicial de Concepción, la cual estuvo encabezada por el juez Guillermo Acosta. Los delitos de los que fueron acusados se habrían cometido durante los últimos días de la gestión de Morelli, la que concluyó a finales de octubre de 2015.
El ex intendente pidió ser excluido del proceso, amparándose en los privilegios procesales que le otorgan actualmente los fueros parlamentarios.
En la audiencia de formulación de cargo estuvieron presentes los tres imputados y los querellantes. El fiscal Varela explicó que las acusaciones están fundamentadas en el hecho de que los ex funcionarios, antes de las elecciones generales del 23 de agosto de 2015 y cuando se renovaba la totalidad de las autoridades electivas provinciales y municipales, retiraron de manera presuntamente irregular de la casa central del ex Banco del Tucumán la suma de $ 8 millones correspondiente a una cuenta corriente de la Municipalidad de la “Perla del Sur”.
“Este monto fue percibido a través de cuatro cheques por la suma de $ 2 millones cada uno, sin imputarlos al pago de algún concepto”, expuso el representante del Ministerio Público Fiscal.
A esta presunta irregularidad se incorporaría otra cometida durante el mismo mes, cuando fueron librados 2.069 cheques por $ 600 cada uno, los que fueron entregados a particulares. El monto total alcanzó $ 1,2 millón, “sin existir explicación que justifique su pago”, según el fiscal.
“Las maniobras de connotaciones fraudulentas han lesionado los fondos públicos. El dinero extraído de la cuenta corriente pertenecía al Fondo Federal Solidario (Fondo Soja) y tenía por fin financiar obras que iban a contribuir a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, de vivienda o vial del ámbito urbano” planteó.
Caducidad
Los imputados se presentaron con el patrocinio legal del defensor oficial Franco Molina. Él planteó la caducidad de la causa: adujo que ha expirado el plazo legal del proceso de investigación.
El fiscal Varela, en cambio, hizo hincapié en que no existe caducidad porque la formalización de la investigación recién comienza contra los imputados. “Lo que se investigó fueron hechos administrativos abonados durante el proceso”, argumentó.
Los querellantes Sánchez y Herrera opinaron que “los juicios por corrupción en el Estado son imprescriptibles, según lel artículo 36 de la Constitución Nacional”. También citaron la Convención Interamericana contra la Corrupción y otros tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El juez Acosta decidió que la audiencia pase a un cuarto intermedio hasta el miércoles, cuando dará a conocer lo resuelto acerca del planteo de la defensa.
