La Argentina recibió un nuevo revés en la Justicia de los Estados Unidos en el caso que enfrenta por la nacionalización de YPF. La demanda, por un monto que rondaría los US$ 3.000 millones, fue iniciada en 2015 por el bufete de abogados Burford, tras haberle comprado los derechos a la justicia española, en el proceso de la quiebra de la empresa que controlaba la familia Eskenazi.
La demanda tiene dos instancias abiertas. Por un lado, está en la Corte Suprema norteamericana que debe decidir si acepta o no el caso para definir si la demanda debe seguir bajo la jurisdicción de Estados Unidos o si debe radicarse en la Argentina.
Mientras avanzaba en el Alto Tribunal, por otro lado y a pedido de la Argentina y de YPF, la Corte de Apelaciones tenía en suspenso el fallo adverso para el país que había dictado en noviembre pasado y que habilitaba al tribunal de primera instancia a avanzar con el juicio y con una sentencia final.
La parte argentina había pedido que ese fallo adverso no se mantuviera firme hasta que presentaran el pedido de revisión ante la Corte Suprema, lo que los abogados locales hicieron en tiempo y forma.
Pero el jueves, la Corte de Apelaciones decidió que ya era tiempo de levantar la suspensión y que el juicio continuara su camino en primera instancia hacia el fallo final, más allá de lo que luego decida la Corte Suprema. La información fue dada a conocer por Sebastián Maril, director de FinGuru y un experto que sigue paso a paso las demandas contra la Argentina en el exterior.
“Argentina e YPF querían que la Corte de Apelaciones esperara la sentencia de la Corte Suprema, lo que iba a demorar entre uno o dos años más. Pero el jueves la Corte de Apelaciones decidió sacarse el tema de encima y lo dejó firme. Eso habilita a que el caso vuelva al Distrito Sur de la jueza Loretta Preska”, explicó Maril.
Según el especialista, la decisión “acelera en uno o dos años la resolución del caso y abre las puertas para que otra demanda -de Eton Park, que también está pendiente de una resolución de la Corte Suprema- continúe”.
Ante esta situación, el mismo jueves los abogados argentinos presentaron una moción de emergencia a la Corte de Apelaciones para que reconsidere haber dejado en firme la sentencia, contó Maril.
A fines de marzo, el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, viajó a Estados Unidos para presentar el caso ante el Departamento de Estado. Es que en enero la Corte Suprema decidió pedir la opinión de la administración de Donald Trump sobre el caso.
Ahora, los funcionarios norteamericanos deben enviar su opinión al máximo tribunal, lo que podría demorar entre 2 y 5 meses más. “Si la Corte no acepta el caso, lo que se sabría entre junio y septiembre próximos, quiere decir que la demanda seguirá en EE.UU. Si acepta revisar el caso, la decisión final no saldrá hasta junio de 2020”, detalla Maril.
El especialista cree que, antes de avanzar con la causa, seguramente la jueza Preska acepte el pedido de Argentina de esperar hasta que la Corte de Apelaciones evalúe el pedido de urgencia de reconsiderar la sentencia firme. “Dudo que lo reconsidere”, opina.
El juicio
Burford está litigando contra la Argentina porque compró las empresas bajo las cuales los Eskenazi tenían 25% de las acciones de YPF. La demanda se basa en que el Estado argentino no cumplió con el estatuto de la petrolera, que fija que quien compre 51 % de la empresa debe lanzar una oferta por la totalidad de la compañía, cosa que Argentina no hizo. Alegan que por eso se violaron los derechos de los accionistas minoritarios. El país expropió, en 2012, bajo la administración de Cristina Kirchner, el 51% de YPF.
El planteo de Argentina es que no fue una decisión comercial si no que la operación se hizo bajo la ley de inmunidad soberana y que, por eso, debe litigarse en los tribunales argentinos.
