Intimidación pública fue el delito que le imputaron al policía que, mediante una llamada telefónica, lanzó una falsa amenaza de bomba contra la Secretaría de Trabajo. Se trata de Matteo Santiago Galván, de 19 años, quien ese mismo día se encontraba realizando rondas preventivas en los alrededores de la repartición estatal.
El juez Guido Cattaneo decidió aceptar el pedido fiscal y ordenó que el sospechoso cumpla con 30 días de arresto domiciliario.
La audiencia del lunes contó con dos particularidades: por un lado la condición laboral del acusado, que paradójicamente por su función tenía que estar previniendo el delito y, además, tomaría intervención ante un procedimiento de evacuación que ocurriera en el sector que estaba cubriendo.
Por otro lado, la del lunes fue una de las primeras actuaciones de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad, que quedó en manos del fiscal Carlos Saltor.
La auxiliar fiscal Jessie Luz García fue quien expuso el hecho y relató que el 28 de julio a las 8.30 recibieron la denuncia de un empleado de la secretaría de Trabajo que explicó que a las 8 un hombre llamó advirtiendo que había una bomba dentro de la institución y que desalojaran el inmueble. A raíz de eso comenzó a aplicarse el protocolo de evacuación y se cortó la calle en Crisóstomo Álvarez al 100, lo que generó caos en el tránsito y un despliegue policial y de bomberos innecesario ante una falsa alarma.
“Según el informe que nos presentó una empresa telefónica, la línea desde la que se había hecho la llamada pertenece al acusado. Por esa razón, hace unos días allanamos una casa en Lastenia, donde se encontraba Galván. Allí además secuestramos tres celulares y una tarjeta de memoria externa”, detalló la funcionaria.
“Además durante la investigación conseguimos los videos de una cámara de seguridad de la esquina de Crisóstomo Álvarez y Moreno (a metros de la secretaría), donde el imputado hacía guardia, en las imágenes se lo puede ver haciendo la llamada”, agregó García.
Por todo eso, la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario de Galván por el plazo de 30 días para terminar la investigación. “Creo que hay elementos suficientes para entender que es el responsable el hecho, y es peor el detalle de que se trata de un miembro del personal transitorio policial, cuyo deber es la prevención de delitos. Con esto demostró su desprecio por la seguridad pública”.
“Él cumplía funciones en ese sector de la ciudad y podría conocer a los vecinos, amedrentarlos o influir en ellos para evitar que declaren en su contra”, argumentó García para sostener un riesgo de entorpecimiento. Queda pendiente además peritar los teléfonos que fueron secuestrados en la casa del imputado.
“El día del hecho salí de la base y tomé servicio en esa esquina. A esa hora aproximadamente se me acercó un hombre de pantalón jean oscuro y me dijo que tenía una urgencia, me pidió el celular para hacer una llamada. Le presté el teléfono e hizo una llamada que no duró más que unos segundos”, aseveró Galván. “Al poco tiempo vino otra persona, se presentó como empleado de la secretaría de Trabajo y me avisó que habían recibido una amenaza, luego intervine en las tareas que me solicitaron”, agregó.
El defensor Juan Peñaloza Costilla se opuso a la cautelar y pidió que Galván siga ligado al proceso en libertad. “Entendemos las sospechas pero él no es el responsable, tiene 19 años y el cargo más bajo en la Policía, ni siquiera fue nombrado agente aún. El hombre que él menciona también aparece en los videos”, señaló.
Finalmente el juez decidió validar el pedido de la fiscalía y determinó que se le aplicara arresto domiciliario al imputado por un plazo de 30 días.
