En una nueva arremetida contra la libertad de expresión, la dictadura de Venezuela ordenó este lunes la detención de Sebastiana Barráez, periodista de Infobae, y de otro grupo de comunicadores y activistas por los derechos humanos.
En declaraciones al país, el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, también mencionó a Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, y a los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina, a quienes acusó de tener vínculos con “acciones terroristas y la operación Brazalete Blanco”.
“Los delitos por los cuales se les está investigando son: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación” señaló el fiscal chavista.
Durante su pronunciamiento de este lunes, Saab dijo que desde el pasado mes de mayo hasta la fecha se registraron múltiples conspiraciones contra el dictador Nicolás Maduro. Según indicó, se llevaron a cabo cinco nuevas conspiraciones.
“Producto de la información recabada se solicitó el 19 de enero al Tribunal 2° de Control contra Terrorismo 14 órdenes de aprehensión en contra de los militares y civiles involucrados con estos planes, las cuales fueron acordadas”, apuntó.
En este sentido, el fiscal de la dictadura venezolana informó que fueron detenidos Anyelo Julio Heredia Gervacio, Guillermo Enrique César Siero, Tomás Martínez Macías y Carlos Jesús Sánchez Vázquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Siero, Tomás Martínez Chico y Diana Desiree Victoria Justo.
Detalló, además, que desde mayo pasado fueron detenidas un total de 31 personas -entre civiles y militares-, y adelantó que en los próximos días habrá nuevas aprehensiones.
Sobre el ex militar Anyelo Heredia, indicó que fue detenido el pasado 16 de enero en una zona rural cerca de la frontera en Táchira: “Este ciudadano tenía dos órdenes de aprehensión, una por la jurisdicción militar y otra por la jurisdicción civil”. El régimen chavista lo acusa de haber participado de un plan para atacar la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano, situado en Táchira. Saab afirmó que la intención de Heredia era tomar el control del armamento de ese cuerpo castrense, y luego atentar contra la vida de Freddy Bernal, gobernador de ese estado venezolano, y “posteriormente iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del Presidente Nicolás Maduro, indicando el vaciado la participación directa de varios militares y civiles”.
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El dictador Nicolás Maduro, junto al fiscal del régimen, Tarek William Saab, y el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez (EFE/Rayner Peña R.)
Suju se pronunció en sus redes sociales sobre esta orden de aprehensión: “Aunque usted no lo crea, Tarek William Saab me acusa de traición a la patria, terrorismo, etc., por supuestamente ‘legitimar mediáticamente acciones’ como colaboradora del show nuevo, por denunciar la Desaparición de Anyelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente admitieron que lo tenían”.
“El Fiscal de la Dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DDHH, porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefenso (…) La familia y funcionarios hartos de ver como siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad son mis mejores fuentes de Información”, agregó.
Y concluyó: “Que patético eres William Saab, el defensor de los crímenes de lesa humanidad que comete la Tiranía”.
Este anuncio llega en momentos en que la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, viene solicitando al régimen de Maduro la liberación de todos los presos políticos y garantías para unas elecciones libres.
El pasado mes de noviembre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que en Venezuela se mantiene “el constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes: “Los periodistas se ven asediados por el régimen, son acosados y amenazados cuando intentan cubrir protestas sociales o denuncian irregularidades y corrupción”.
En su informe, la SIP expuso al menos 22 casos concretos que dan cuenta de la persecución a la prensa, entre los que destacan el cierre de emisoras y espacios informativos dentro de ellas, la intimidación a periodistas y medios de comunicación por parte de funcionarios públicos y el bloqueo a portales digitales.
El dictador Maduro y la cúpula del régimen cuentan con decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de parte de diferentes organismos como la OEA y la ONU. Además, la Corte Penal Internacional (CPI) lleva adelante una investigación por esos delitos.
